Artículo escrito por Tarek Saliba Rodríguez
A principios del pasado octubre Líbano e Israel alcanzaron un acuerdo para la demarcación de sus fronteras marítimas y la extracción de gas en el Mediterráneo oriental. Dicho acuerdo venía impulsado por sucesivos descubrimientos de recursos gasísticos –los más importantes del mundo en la última década–, en 2010 y 2013, en sus costas compartidas.
En su momento el acuerdo fue valorado por parte de la clase política y la población libanesas con optimismo, ya que suponía una potencial fuente de ingresos con la que hasta entonces no se contaba y gracias a la cual se podría salir de la terrible situación económica en la que el país se ve actualmente inmerso. Sin embargo, cuatro meses después del acuerdo la fragilidad –o catástrofe– política y económica continúa imperando. Ejemplos de ello son la incapacidad del parlamento libanés para elegir un nuevo presidente de la república –diez intentos en 2022– y el hecho de que más de la mitad de la población viva bajo el umbral de la pobreza.
Un proceso de negociación en ausencia de paz
Es conocida la gravedad de la actual situación social y económica en Líbano y también lo es la hostilidad histórica de sus relaciones con Israel. Múltiples sucesos históricos han conducido a la actual situación: el proceso de creación y expansión del Estado israelí –que provocó un éxodo masivo de personas refugiadas palestinas hacia el país árabe– y las múltiples invasiones del Líbano por parte de Israel –en 1982, durante la Guerra Civil Libanesa, y en 2006–, son tan solo algunos ejemplos. Estos antecedentes, sumados al permanente desacuerdo respecto a la delimitación de sus confines marítimos, hacen del pacto algo inédito.
Según el artículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –en inglés, UNCLOS–, Convención de la que Israel no es parte signataria, los Estados tienen derecho a explotar los recursos vivos y no vivos en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas (ZEE). Líbano sostuvo durante años que el área marítima con enormes cantidades de gas denominada “campo Leviatán”, descubierta en 2010, estaba ubicada dentro de su ZEE. Israel defendía lo contrario y logró extraer los recursos de dicha zona mediante un acuerdo unilateral con Chipre, ante el cual el Líbano se mostró impotente.
Desde 2013, el descubrimiento de nuevos yacimientos cercanos a Leviatán –Karish y Qana– provocó nuevos enfrentamientos diplomáticos. Mientras que el gobierno libanés defendía el uso de la línea 29 como referencia para la demarcación de sus fronteras marítimas, basándose nuevamente en el método establecido por UNCLOS, Israel sostenía que la línea 1 era la adecuada para dividir marítimamente los dos países.
Después de años de tensión y desencuentros, el pasado mes de octubre se llegó finalmente a un acuerdo formal. Las negociaciones, que comenzaron en 2020, fueron indirectas, dado que ambos países llevan en estado de guerra desde 1948. Estados Unidos actuó como mediador en el cuartel general de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano –en inglés, UNIFIL– y es importante mencionar que encabezaba la delegación el diplomático Amos Hochstein, que también ostenta la nacionalidad israelí y que sirvió durante años como oficial en el ejército de Israel.
El acuerdo concluyó con el uso de la línea 23 como frontera marítima. De esta manera, el derecho a extraer recursos del yacimiento de Karish permanecerá en manos de Israel, mientras que el Líbano se beneficiaría de la extracción de la gran mayoría de los recursos gasísticos de Qana, pese a que no hay evidencias sobre la cantidad de gas natural que pueda tener este yacimiento.
La debilidad e hibridad política y económica en Líbano
Desde la publicación del libro de Joel S. Migdal “Sociedades fuertes y estados débiles” (1989), los teóricos del Estado han utilizado las siguientes variables para definir un estado como frágil: corrupción e ineficiencia administrativa e institucional –instituciones políticas ilegítimas–, ausencia de monopolio en el uso legítimo de la violencia –inseguridad física–, economías nacionales débiles y bajos niveles de bienestar social –mala gestión económica–, e importantes clivajes identitarios –identidad nacional débil–. Se podría decir que la mayoría de estos elementos, exceptuando la compartida identidad nacional, son indudablemente atribuibles al caso libanés.
En efecto, la inacción institucional, la ausencia de una autoridad ejecutiva plena y la frágil paz social, han caracterizado a la política libanesa durante décadas. Por ello, conceptos como el de “fragilidad”, “soberanía híbrida” o “consociacionalismo en crisis” son comúnmente utilizados en el mundo académico para definir el sistema político libanés, que prácticamente ha permanecido intacto desde el Pacto Nacional del 1943, un acuerdo no escrito que consiguió distribuir los más altos cargos del estado entre los principales grupos confesionales del país.
Asimismo, el Acuerdo de Taif (1989), con el que se puso fin a la Guerra Civil Libanesa (1975-1990), mantuvo el llamado “consociacionalismo confesional” como fórmula de Estado. Proporcionó una redistribución de poder más actualizada para los grupos confesionales a partir de las nuevas realidades demográficas –por ejemplo, con el crecimiento de la población chiita y la disminución de la cristiana maronita–. Siguiendo esta realidad, el autor Waleed Hazbum ha utilizado el concepto de “soberanía híbrida” para definir la actual forma en la que el poder está repartido en Líbano. Según él, la fragilidad del Estado es consecuencia de la capacidad de coacción por parte de múltiples actores no estatales, como Hezbolá. De hecho, el pasado mes de julio, mientras Israel construía su infraestructura de extracción de gas en alta mar y anunciaba que la actividad extractiva comenzaría en breve, el grupo chiita respondió mediante el lanzamiento de tres dones a territorio israelí.
Un pacto frágil y un futuro incierto
Así pues, si finalmente el yacimiento de Qana no contara con cantidades sustanciales de recursos fósiles, nos encontraríamos ante otro gran fracaso de la clase política libanesa, que se sumaría a su interminable bloqueo institucional. Los principales partidos políticos libaneses, como Hezbolá o el Movimiento Patriótico Libre, que ocupaban la presidencia durante las negociaciones indirectas con Israel, continúan en 2023 manteniendo el poder junto con otros movimientos políticos confesionales y prometiendo una reforma política que nunca llega.
Mientras tanto, la realidad en el día a día de la población libanesa sigue siendo insoportable. Según un informe de 2020 del Banco Mundial, la crisis actual de Líbano probablemente se sitúe “entre los diez principales (posiblemente tres) episodios de crisis más graves a nivel mundial desde mediados del siglo XIX”. Cabe destacar que dicho informe se publicó en un momento en el que la lira libanesa aún no se había devaluado un 95%.
Pese a que el acuerdo entre Líbano e Israel sea inédito –ya que involucra a dos países de Oriente Medio que nunca han entablado relaciones diplomáticas–, parece enormemente desfavorable para el primero. Asimismo, cabe deducir que el pacto reconoce implícitamente la legitimidad de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos, ya que se ha negociado sobre unas riquezas que corresponderían al estado palestino, según lo dictaminado por la resolución 181 de las Naciones Unidas.
De todas maneras, el pacto tampoco debería verse como un intento genuino de la clase política libanesa de normalizar las relaciones diplomáticas con Israel, sino más bien como una forma de ganarse el favor de la comunidad internacional tras las recientes sanciones Magnitsky impuestas por Estados Unidos a importantes figuras libanesas. Dichas sanciones permiten a las autoridades estadounidenses sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de haber perpetuado graves violaciones de derechos humanos o actos de corrupción a gran escala. De hecho, según un artículo publicado por Chatham House en 2021, enfrentarse a la corrupción debería convertirse en una cuestión de supervivencia para Líbano si desea sobrevivir como estado: la profunda corrupción y la deliberada mala gestión del sector público desde el final de la guerra civil han conducido a la lamentable situación actual.
Además, la supervivencia del acuerdo dependerá en gran medida de los actores externos. Por ejemplo, un cambio repentino en la política exterior iraní –debido al deterioro de las relaciones de la teocracia islamista con Occidente– puede conducir a su proxy Hezbolá a realizar acciones impredecibles que afectarían aún más a la inestabilidad de Líbano. El pacto podría ser incluso impugnado por cualquiera de los dos signatarios, como recientemente expresó el –otra vez– primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ahora encabezando un nuevo gobierno de extrema derecha. Dicho gobierno no tendrá reparos en adoptar una retórica aún más agresiva y belicista hacia Hezbolá, como ya hizo con anterioridad, para aumentar sus intereses e influencia sobre el país árabe.
En síntesis, parece difícil que este acuerdo vaya a beneficiar al débil estado libanés y a su población. Como se ha visto, sus hipotéticos beneficios materiales están en el aire y es probable una ruptura por cualquiera de las dos partes. Por ello, se podría decir que, en definitiva, es un pacto frágil para un estado débil.
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