Con los diputados de la NUPES –coalición de izquierdas en la Asamblea Nacional– cantando a pleno pulmón la marsellesa y los diputados más a la derecha abucheándola, Élisabeth Borne, la primera ministro francesa, invocaba el artículo 49, párrafo 3 de la constitución de 1958 para evitar materializar lo que en esta última semana se estaba haciendo evidente: Emmanuel Macron se está quedando solo y tanto los poderes públicos cómo la calle se lo están haciendo saber.
Pero para entender como la constitución permite al ejecutivo saltarse le legitimidad de los diputados de la Asamblea Nacional, primero debemos entender el modelo constitucional francés.
El “excesivo” parlamentarismo de la IV República
Durante la tercera y la cuarta República, el régimen político estaba anclado en el parlamento. Este modelo, más aún después de la II Guerra Mundial, provocó una serie de sucesivas crisis de gobierno e inestabilidad política, especialmente en la cuarta República –1946 a 1958–.
Charles De Gaulle y el ministro de Justicia –que después sería primer ministro– Michel Debré, viendo la imposibilidad de actuar ante la crisis de Argelia, redactaron un proyecto de nuevo texto constitucional que quitara poder al legislativo en beneficio del ejecutivo. Así pues, De Gaulle modificaba el tradicional sistema parlamentarista francés para salir como “salvador” de la República ante “la impotencia del régimen de la época para superar un drama en el que nuestra unidad nacional se hundía”.
De este modo, en esta nueva constitución –que perdura hasta hoy con varias reformas– se limitaba el poder del parlamento a materias tasadas con el artículo 34 de dicha Constitución. Así pues, todo aquello que no está reservado al legislativo, solo puede ser regulado por el ejecutivo. Nos encontramos ante un modelo que la doctrina francesa llamará “parlamentarismo racionalizado”, donde los diputados y senadores no pueden legislar más allá de lo que tienen permitido –a diferencia de, por ejemplo, España, donde el legislativo puede regular cualquier materia y está por encima el poder reglamentario del gobierno–.
Este modelo, aún parlamentario en su práctica, implosionó en 1962.
La reforma constitucional de 1962
Solo con cuatro años de existencia, De Gaulle quiso completar su visión de Francia y modificar su propio estatus, el de presidente de la República Francesa y para ello se enfrentó a la Asamblea Nacional. Hasta el momento, el cargo de jefe de Estado tenía un peso más simbólico que efectivo, dejándolo como un árbitro entre los diferentes poderes que se encargaría de velar por un correcto funcionamiento de la república.
Para De Gaulle, no obstante, esto lo denigraba pues relegaba su posición importante y honorífica a una figura sin poder, obligándole a contentarse con la “inauguración de los crisantemos” –una planta que florece en verano– como acción presidencial, usando esta expresión como ironía de lo que había sido el presidente hasta el momento.
Tomó las riendas y propuso una reforma constitucional que modificara el proceso de elección del presidente, que hasta el momento era hecho indirectamente por un colegio de unos 80.000 miembros de diputados, consejeros departamentales y consejeros municipales. Para De Gaulle esto limitaba la legitimidad de su figura y la debilitaba al estar sometida, entre otros, a los diputados de la cámara baja que en general aborrecía.
Esta reforma no fue acogida de buen gusto por los diputados, que se opusieron dado que convertiría a Francia en un estado más presidencialista. Como el jefe de Estado necesitaba la aprobación de unas cámaras que le eran beligerantes, optó por hacer una interpretación pretoriana del artículo 89 de la Constitución –sobre la reforma constitucional– y se acogió al procedimiento del artículo 11 que establecía la capacidad de someter a referéndum aquellas leyes que modificaran el estatus de los poderes públicos.
El problema venía en que si bien la Carta Magna no lo prohibía, tampoco lo señalaba y, debido al estatus de “ley” que tienen las reformas constitucionales –aún siendo leyes especiales llamadas “constitucionales”– siguió adelante. La reforma del artículo 6 para elegir mediante sufragio directo universal al jefe del Estado fue sometida a referéndum el 28 de octubre de 1962, dando la victoria a De Gaulle.
Aún así, el presidente del senado intentó asestar un golpe para evitar el aumento de poder del presidente recurriendo la ley constitucional, aún no aprobada, al Conseil Constitutionnel, órgano encargado de controlar y revisar la constitución.
Si bien con el Conseil d’État en su favor respecto las formas, el recurso del presidente del senado no prosperó, declarándose incompetente el Conseil Constitutionnel para evaluar la constitucionalidad de la ley al haber sido sometida al pueblo. En este contexto, el Conseil no entró sobre el contenido, sino sobre la forma, diciendo que por encima su control está la expresión soberana del pueblo y que, habiendo sido ya sometida a referéndum, no se consideraba competente para revisarlo.
Los diputados de la asamblea, en protesta, presentaron una moción de censura contra el gobierno encabezado por aquel entonces por Georges Pompidou, pero fue en vano, pues el presidente se anticipó disolviendo la cámara baja y convocando unas elecciones que acabó ganando.
Esta reforma profunda convirtió a Francia en lo que es ahora: un régimen semipresidencialista donde la elección a jefe del Estado es la fundamental y la de la Asamblea Nacional –sincronizadas por parte del presidente a mandatos de 5 años, los quinquenatos desde el 2000– se presenta como una mera confirmación de la primera.
Haciendo que se celebrasen con semanas de diferencia, Jacques Chirac casi eliminaba la posibilidad de gobiernos de cohabitación, por lo tanto, convirtiendo a la cámara baja en una especie de cámara de segunda lectura de la voluntad del presidente, acabando de convertir al país en un régimen bastante menos “democrático” de lo que fue.
Asimismo, no fue hasta 2007 que se introdujeron mecanismos para remplazar al jefe del Estado por “faltar manifiestamente sus deberes en su mandato”, que hasta el momento solo podía ser echado por “alta traición” –en referencia a lo sucedido en el período de invasión alemana– circunstancia bastante improbable, dejándolo por lo tanto como una figura prácticamente omnipotente.
El 49.3 de la constitución de 1958
Siguiendo esta filosofía del fortalecimiento del ejecutivo, los padres de la Constitución incluyen el artículo 49 con el objetivo de poder evadir la soberanía del parlamento en caso necesario para aprobar el plan de gobierno.
En su tercer párrafo –de ahí el nombre informal de 49.3– indica que podrá usarse este artículo para aprobarse los presupuestos o una ley presupuestaria de la seguridad social. Huelga decir que, hasta la revisión constitucional de 2008, el texto permitía usar este artículo para cualquier ley, cosa que ha limitado a partir de entonces algunas prerrogativas del gobierno junto con otras modificaciones incluidas dentro la misma reforma.
El mecanismo de dicho artículo consiste en anunciar a la Asamblea Nacional la aplicación del artículo 49.3 –tras la deliberación en el consejo de ministros– para permitir aprobar la ley sin que esta sea votada. A cambio, se somete la confianza de su gabinete a la misma asamblea, la cual podrá presentar una –o varias– mociones de censura. En caso de ser apoyada, obligaría al gobierno a dimitir e impediría la entrada en vigor de la ley en cuestión.
Este comodín ha sido ampliamente usado por el ejecutivo de Macron, siendo esta la undécima ocasión. Pero la reforma de las pensiones ha sido diferente por el texto sometido y el recorrido que ha tenido estos últimos meses y, en especial, la semana del 13 de marzo.
El empequeñecimiento de un gobierno
Sin entrar en las cuestiones más específicas de la reforma del sistema de pensiones, el pacto que garantizaba el pase de esta ley quebró cuando el grupo más afín al gobierno, Les Républicains –partido del expresidente Sarkosy– no podía asegurar los votos necesarios para la aprobación. Con el peligro de quedarse solo, Macron decidió forzar el pasado jueves 16 de marzo el cauce de las cosas y activó, de nuevo, el 49.3.
Si bien Macron ha ganado el pulso contra la asamblea en la moción de censura –por tan solo nueve votos–, esta breve victoria es ínfima en comparación con la crisis que se esperan los próximos días y también en su partido.
Conviene recordar que esta maniobra ha conseguido poner en su contra a ambos lados del espectro político francés, hasta ahora enemigos acérrimos, para plantarse contra Macron, así como a algunos de sus diputados, que se planteaban votar en contra por la presión de sus circunscripciones y pese a la amenaza de ser expulsados del partido. Finalmente el 49.3 ha evitado comprobar si, además de los aliados de Les Républicaines, sus propios compañeros de formación le daban la espalda.
Macron tiene asegurado el cargo hasta 2027, pero ahora mismo está muy debilitado y probablemente deje pasar el tiempo para reponerse ya que la idea de unas elecciones legislativas le juega en su contra.
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