Distopía en el desierto

El antiguo Egipto y la ciudad del futuro les separa una hora en coche. Para las autoridades egipcias, la capitalidad de El Cairo tiene los días contados. A pocos kilómetros de la necrópolis Gizeh –con más de cuarenta y cinco siglos de antigüedad– siguen las obras de la Nueva Capital Administrativa, la primera ciudad 2.0 del país que todavía no dispone de nombre oficial.

La nueva capital pretende convertirse en una ciudad inteligente, segura y que funcione con energía renovable. Está situada a 35 kilómetros al este de la ciudad de El Cairo y pretende albergar a 6,5 millones de personas, según el organismo público de Desarrollo Urbanístico de la Capital Administrativa (ACUD, en sus siglas en inglés). Se calcula que ocupará una superficie de 725 kilómetros cuadrados. Un tamaño superior al de Andorra.

En ella se ubicarán las sedes ministeriales y diplomáticas, un distrito financiero, una gran mezquita, una catedral copta, la torre más alta de África y zonas residenciales de lujo. Aparte del Parlamento y un palacio presidencial.

El actual rais egipcio, el mariscal Abdelfatah Al Sisi, alcanzó el poder en un golpe de estado en 2013. Desde entonces está llevando a cabo una gran inversión en infraestructuras y proyectos urbanísticos –unas 20 nuevas ciudades repartidas por el territorio, puentes, carreteras, demoliciones de barrios antiguos, nuevas viviendas low cost– con el objetivo principal de descongestionar El Cairo. La “ciudad inteligente del mañana”, tal y como la llaman las autoridades a la futura capital, será la primera ciudad supuestamente “smart” y “green” del país. También estará altamente videovigilada, tal y como indican en la web del proyecto.

Todo empezó en julio de 2015 en una conferencia dedicada al desarrollo económico de Egipto que se celebró en un balneario de Sharm el-Sheij, una ciudad al sur de la península del Sinaí. Se invitó a altos representantes políticos y económicos mundiales, y en ella se habló por primera vez en público de los planes de infraestructuras del gobierno egipcio, entre los cuales estaba construir una nueva capital. En aquel momento casi se habían cumplido dos años del golpe de estado que, con ayuda del ejército, relevó del poder a Mohamed Morsi, candidato del partido de los Hermanos Musulmanes y quien fue el primer presidente elegido democráticamente en la historia de Egipto.

Maged Mandour, analista político egipcio, estima que el presupuesto para la Nueva Capital Administrativa asciende a 58.000 millones de dólares. La agencia Reuters indicaba que, según fuentes del gobierno, el presupuesto proviene únicamente de inversores privados, con lo que no costaría nada a los contribuyentes egipcios.

El “boom” demográfico egipcio

Para el gobierno de Egipto la explosión demográfica es un problema prioritario. El país cuenta actualmente con 100 millones de habitantes, concentrados en el 8% del territorio. En el año 2019, la tasa de natalidad fue superior a los 25 nacimientos por cada 1.000 personas (en España hubo casi 8 nacimientos por cada 1.000 personas). Eso se traduce a un crecimiento de 2,5 millones de habitantes al año. Solamente el 5,2% de los ciudadanos egipcios son mayores de 65 años, según datos del Banco Mundial.

El proyecto pretende reducir la sobrepoblación en la ciudad de El Cairo, que actualmente alberga a 20 millones de personas y es una de las más contaminadas del mundo, según un informe publicado en la revista Forbes en 2018. A la ciudad egipcia le siguen Nueva Delhi, Pekín y Moscú.

¿Pero hasta qué punto es coherente el plan del gobierno para hacer frente al crecimiento demográfico? Según Marc Español, corresponsal de El País y el Diari ARA en El Cairo, no lo es demasiado. “Si la idea es la redistribución de la población por el territorio, una nueva capital justo al lado de El Cairo no tiene mucho sentido”. En su opinión, los años que tardará en construirse solamente la primera fase de la Nueva Capital Administrativa ya no son suficientes para absorber el crecimiento de población.

El macroproyecto está programado en tres fases. La primera, prevista para 2024, pretende trasladar a los núcleos de poder, tanto el político como el económico. El traslado de población a los nuevos barrios y viviendas no está previsto prácticamente hasta la tercera fase, asegura Español, quien cree que la construcción de una nueva capital es una fórmula para alejar los centros de poder de El Cairo. De esta forma se evitaría de nuevo un escenario como el que se vivió en 2011 con la revolución y en el que se puso en jaque al Estado.

El interés económico del ejército

Yezid Sayigh, investigador sénior del Carnegie Middle East Center, habla de las implicaciones de las Fuerzas Armadas Egipcias (EAF) en la economía, dando lugar a una nueva versión del capitalismo de estado. “Miles de oficiales militares retirados se benefician de la poderosa influencia política del ejército para ocupar cargos superiores en el aparato civil y empresas del sector público del estado”, afirma en un informe publicado en 2019 y titulado Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt’s Military Economy.

Los militares durante décadas han estado implicados en la construcción de infraestructuras. Sobre todo desde el fin del conflicto con Israel y a lo largo de los años 70, ya que ayudaron a reconstruir las poblaciones cercanas al Canal de Suez que habían sido dañadas durante la Guerra de los Seis Días. Pero, tal y como apunta Sayigh, fue a partir de 2013 con la llegada de Al Sisi que el ejército adquirió un rol de liderazgo en la construcción de infraestructuras públicas.

Todo ello, ha generado preocupación en los inversores privados sobre la viabilidad de los proyectos, sobre todo el de la Nueva Capital Administrativa. Sin ir más lejos, algunas empresas emiratíes abandonaron recientemente el proyecto. También se suspendió un préstamo chino de 3.000 millones de dólares, hecho que ha provocado serios retrasos. Sayigh sospecha que, debido a ello, el ejército y el gobierno presionaron a algunos promotores inmobiliarios privados egipcios para que invirtieran los 58.000 millones de dólares en la nueva capital.

Sayigh también observa que el Estado se preocupa mucho por la inversión en la construcción de carreteras, infraestructuras para los vehículos mayormente privados, dejando de lado la inversión en otros tipos de transporte como la red ferroviaria. Tal y como indican algunas de las últimas noticias, cada año hay accidentes graves debidos al mal estado de la red de trenes egipcia.

La consolidación de Al Sisi como jefe de Estado

Una de las preocupaciones principales del Estado es la lucha antiterrorista. El grupo Wilayat Sinai, la rama local de Estado Islámico tiene una fuerte presencia en la península del Sinaí y en los últimos años ha llevado a cabo numerosos ataques contra las fuerzas armadas e iglesias coptas y mezquitas. El ataque más mortífero provocó más de 300 muertos y tuvo lugar en una mezquita sufí en la localidad de Bir al Abed, tal y como informaba El País en noviembre de 2017.

El think tank americano Council on Foreign Relations asegura que el presidente egipcio ha impulsado nuevas leyes para combatir el extremismo que le permiten augmentar el control sobre Internet y aplicar constantemente el estado de emergencia. Por ese motivo Ricard González, politólogo y periodista especializado en el mundo árabe, afirma que el terrorismo islamista se ha convertido en el principal elemento legitimador del régimen.

El martes 15 de abril de 2019 el Parlamento egipcio aprobó una reforma constitucional que permite a Al Sisi gobernar hasta 2030. Según González, Al Sisi quiere convertirse en un presidente vitalicio y las leyes se han adaptado para facilitar este propósito.

El Parlamento egipcio se configura con 596 diputados, de los cuales solamente 120 se eligen a través de listas de partidos políticos. El resto corresponde a candidatos individuales, hecho que deja la puerta abierta al caciquismo local y que, por ende, representa a intereses privados. Esta es la estrategia de Al Sisi: conseguir una oposición fragmentada, a diferencia del partido único de la era Hosni Mubarak.

Poco se imaginaron los shabab al-zaura (“chicos de la revolución”, en árabe) que los vientos revolucionarios de 2011 desembocarían al cabo de poco tiempo en una nueva tiranía militar. Por ello, la revista Foreign Policy ya en 2012 describió a Egipto como “la república de los oficiales retirados”. Hosni Mubarak, Anwar Al Sadat y Abdel Násser también fueron militares. Según González, el régimen actual es heredero de la Revolución de 1952 que puso fin a la colonización británica. No se puede explicar el Egipto moderno sin el papel que ha desempeñado el ejército.

Las ONG alertan de los abusos de poder de las autoridades egipcias

Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch llevan tiempo alertando que en Egipto no se respetan los derechos humanos y que el gobierno asedia contantemente a cualquier tipo de disidencia. Bajo la retórica antiterrorista se persigue a cualquiera que levante la voz contra el gobierno.

El informe de Amnistía Internacional 2020/2021 asegura que “las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima para dispersar las escasas protestas celebradas y sometieron a reclusión arbitraria a centenares de manifestantes”. Además, afirman que las condiciones de reclusión son “crueles e inhumanas”, hecho que provocó al menos 35 muertes en prisión o al poco tiempo de la excarcelación.

Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos, instó al gobierno egipcio a mantener una actitud proactiva para liberar a todos los activistas, bloggers, periodistas y a sus familiares detenidos. “Debe finalizar el uso de la detención preventiva y el uso indebido de leyes antiterroristas que criminalizan el trabajo de los actores de la sociedad civil”, afirmó Lawlor en el marco de una sesión que tuvo lugar en Génova el pasado mes de enero.

Al Sisi: socio de Washington y mediador regional

“Los derechos humanos no son una prioridad para el régimen de Al Sisi; y tampoco lo son para Biden ni para Europa”, asegura Español, corresponsal en El Cairo. “Pasa por delante la seguridad, la lucha antiterrorista y la cooperación económica”. En la misma línea, González afirma que las relaciones internacionales se basan en el pragmatismo: “los países occidentales quieren mantener buenas relaciones con quien mande en Egipto, sea quien sea”.

A partir de los acuerdos en Camp David en 1978, en los que firmó la paz con Israel, Egipto se convierte en un socio estratégico para Estados Unidos. Además, por su posición, se ha convertido también en un mediador de peso entre palestinos –tanto con Hamás como con la Autoridad Nacional Palestina– e israelíes, y eso le interesa a Washington, tal y como evidenció la agencia EFE en una noticia publicada el 25 de mayo.

La construcción compulsiva y autista de infraestructuras no parece que vaya a detenerse. Según el analista político Maged Mandour, el proyecto de la nueva capital “smart” y videovigilada pretende establecer una especie de fortificación de apoyo civil al régimen donde las élites se aíslen de la mayoría de los egipcios.

“Cuando alguien necesita aplicar una represión tan brutal significa que no dispone de muchos apoyos entre la población”, opina Ricard González. Y, por lo tanto, “el escenario de una revuelta, exitosa o fracasada, no se puede descartar a medio plazo”.