La Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, como “objetivo prioritario”. La designación se produce al calor de las investigaciones de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn sobre el posible financiamiento de la campaña electoral de Petro en 2022.
A apenas dos meses vista de las elecciones presidenciales, la sombra de la colusión con el crimen organizado que lleva años sobrevolando a su familia parece haber alcanzado al mandatario.
Y es que desde 2023, su primogénito, Nicolás Petro, ha sido el foco de las acusaciones. En esas fechas, Day Vásquez, su antigua nuera, declaró que Nicolás aceptó dinero de individuos vinculados al narcotráfico bajo el pretexto de contribuir a su carrera por la presidencia.
Todos los sujetos mencionados por Vásquez son “viejos conocidos” de la justicia. De entre los nombres destacan Alfonso "El Turco" Hilsaca, un empresario acusado de financiar al grupo paramilitar Los Rastrojos, y Samuel Lopesierra “El hombre Marlboro”, un narcotraficante señalado por haber financiado la campaña electoral del expresidente Ernesto Samper en la década de 1990.
El impacto en las elecciones
Pese a que las investigaciones se encuentran aún en sus primeras fases, su impacto en la política nacional es innegable. Iván Cepeda, el líder de la coalición Pacto Histórico, encabeza las encuestas con un 35% de la intención del voto.
Facilitador de las negociaciones de paz entre la Casa de Nariño, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y firme antiuribista, Cepeda se perfila como el heredero político del gran proyecto de la administración Petro: la Paz Total.
Frente a él tiene una derecha dividida. El hundimiento del histórico Partido Conservador ante la omnipresencia de Álvaro Uribe Vélez ha dejado paso a un escenario de acelerada fragmentación. El legado de Uribe se divide en una miríada de partidos que no alcanzan los 20 escaños en el congreso.
De ellos, solo el Centro Democrático está logrando articularse como una alternativa al Pacto Histórico. Pese a ello, su candidata, Paloma Valencia, solo logra un escueto 16% en las encuestas.
La división pasa factura al uribismo y beneficia a los outsiders. Abelardo De la Espriella, del hasta ahora residual Movimiento de Salvación Nacional (MSN), encabeza la oposición con un 21% de la intención de voto. Sumados a la oleada ultraconservadora internacional, el equipo de De la Espriella aspira a servirse del fracaso de la Paz Total para llegar a la Casa de Nariño.
Y en esa campaña, los ecos del Proceso 8000 son indispensables. El Proceso 8000, el escándalo de vinculación con el narcotráfico que dinamitó las posibilidades presidenciales del Partido Liberal, tiene reminiscencias directas con la actual coyuntura del clan Petro. “El hombre Marlboro”, ligado al Cártel del Norte del Valle y al Cártel de la Costa, ha sido relacionado con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el fundador del MSN.
Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos tienen el potencial de azuzar las rencillas políticas en la siempre polarizada Colombia. Sin embargo, esta jugada no parece responder directamente a las prioridades geopolíticas de la Casa Blanca. No hay evidencias de que la investigación haya iniciado por órdenes expresas del Despacho Oval.
El carácter independiente de la investigación y la designación de Gustavo Petro como “objetivo prioritario” parecen responder a otra dinámica. La guerra contra las drogas no es un monopolio. La intensificación de la misma por la segunda administración de Donald Trump supone también el fortalecimiento de la competencia entre los entes estatales involucrados en ella.
La DEA ha perdido protagonismo. En los últimos meses, el Pentágono ha tomado la iniciativa al encabezar la captura de Nicolás Maduro y colaborar en el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.
El FBI, por su parte, aumentó su involucramiento al liderar el operativo que terminó con el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada. En este contexto, declarar a Gustavo Petro como “objetivo prioritario” vuelve a situar a la DEA en el centro de la guerra contra las drogas.
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