El gobierno francés ha decidido recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar su polémica reforma de las pensiones. Tras meses de movilizaciones y huelgas en contra, el ejecutivo se ha mostrado incapaz de conseguir el apoyo parlamentario necesario para continuar con su reforma. El uso del decreto marca un punto clave del segundo mandato de Emmanuel Macron como presidente, que quería dinamizar la democracia francesa, pero ha realizado un recorrido inverso, concentrando más poder y un mayor personalismo en su figura. La continuidad del quinquenio se verá muy perjudicada tras esta decisión y con una sociedad francesa más movilizada en contra.
Para ampliar: Especial presidenciales francesas 2022
La aprobación de la reforma de las pensiones
Tras meses de movilizaciones y huelgas por parte de los sindicatos, el 16 de marzo le llegaba la hora al gobierno francés de someter el texto de su reforma de las pensiones al voto de la Asamblea. Momentos antes de la llegada del gobierno al hemiciclo, se filtraría en la prensa la decisión del ejecutivo de utilizar el artículo 49.3 dada la posibilidad de que la votación no fuese favorable. Ante el anuncio, la Asamblea Nacional se convertiría en un hervidero de tensión que fue en aumento con la llegada de los ministros y el discurso de la primera ministra, Elisabeth Borne. La alocución, apenas audible debido al ruido y al canto de la marsellesa de los diputados insumisos, solo duró quince minutos. Tras el anuncio, todo el gabinete francés se retiraría. La reforma de las pensiones era aprobada por decreto.
Esta maniobra no es anticonstitucional. Sin embargo, hay que aclarar que este artículo es de carácter excepcional y es usado ante un bloqueo de la Asamblea Nacional. En este caso no se ha producido dicho bloqueo parlamentario y la cuestión radicaba en que el gobierno no estaba seguro de que pudiera alcanzar una mayoría cómoda para poder aprobar su reforma. Emmanuel Macron no ha querido arriesgarse a una votación en contra decidiendo utilizar el 49.3. Es, sin duda, democráticamente problemático el hecho de que no se haya votado el texto en la Asamblea, más aún cuando la reforma es rechazada por los sindicatos y una gran parte de la población francesa.
Durante semanas el gobierno francés negó la posibilidad de utilizar el 49.3, lo que ha derivado en un mayor enfado social. Además, el ejecutivo ha mostrado una pésima política de comunicación general en la que continuamente los distintos diputados y ministros se contradecían al hablar sobre la reforma de las pensiones.
Para conseguir aprobar la reforma, la primera ministra Borne quiso ganar tiempo con el objetivo de intentar convencer a los sindicatos más reformistas de la necesidad de cambiar el modelo. En un intento de mostrar cierta flexibilidad, el 10 de enero, Borne anunciaría que la edad legal de jubilación se adelantaría a los 64 años en vez de los 65 años. Posteriormente, buscaría el apoyo de los diputados Republicanos, llegando incluso a sellar un pacto a cambio de concesiones. No obstante, a la hora de la verdad los conservadores no cumplirían su palabra de aportar los votos necesarios.
Ante este escenario de incertidumbre, Macron decidió convocar en el Elíseo a los ministros y dirigentes de su partido en la Asamblea tres veces en un periodo de 16 horas. Tras constatar la falta de apoyos, el presidente, junto con el apoyo de la mayoría de ministros y próximos, optó por aplicar el 49.3. La primera ministra, en este contexto, sale muy debilitada tras el fracaso de no conseguir los votos suficientes. Por otra parte, también es un golpe personal para un Macron que prometía darle un nuevo aire a la V República francesa. Mientras, muchos diputados de la mayoría presidencial se han mostrado contrarios a la decisión del ejecutivo ya que estaban dispuestos a llevar la reforma al voto de la Asamblea. Algunos diputados reclaman, de hecho, un nuevo enfoque del gobierno menos autoritario.
Los sindicatos en pie de guerra
La intersindical, plataforma que congrega a los principales sindicatos de Francia, había prometido escalar las protestas si el gobierno decidía utilizar el 49.3. Dicho y hecho: se han anunciado nuevas movilizaciones. La polémica maniobra de Macron ha despejado todas las dudas sobre posibles fisuras entre lo sindicatos. La ruptura con el gobierno ha sido finalmente consumada. En este escenario, los sindicatos tienen cierto “temor” a que las protestas escalen y desemboquen en fuertes disturbios por todo el país debido al enfado generalizado de la población.
Las ocho jornadas anteriores de huelgas y protestas contra la reforma consiguieron tener una gran movilización, incluso fuera de las grandes ciudades. Algunos días rompieron varios récords, como el 7 de marzo, con 1.28 millones de manifestantes según el Ministerio del Interior y 3.5 millones de acuerdo con los datos de la CGT. Sin duda, se trata de las mayores protestas sociales en Francia desde hace años, además, con la opinión pública ampliamente a favor de las mismas. Según una encuesta de Harris, más del 80% de los franceses rechazan el uso del 49.3 y más del 70% apoyan una moción de censura contra el gobierno.
Tras el polémico anuncio ya se han producido varios días de disturbios en Francia. Desde manifestaciones en ciudades como París, Rennes o Marsella, como bloqueos de autopistas, lanzamientos de basura a prefecturas e incluso destrozos a un edificio municipal en Lyon. La calle francesa es un hervidero y no resultaría extraño que acabe estallando de nuevo. El propio presidente Macron ya sufrió la revuelta de los chalecos amarillos hace años, por lo que no debería subestimar el alcance de estas protestas que son más masivas.
Por otra parte, la oposición también se ha puesto manos a la obra y ya ha depositado dos mociones de censura contra el gobierno que se votarán el lunes. El objetivo es hacer caer el ejecutivo liderado por Borne y la reforma de las pensiones. Reagrupamiento Nacional, partido de Le pen, es una de las formaciones que ha presentado su moción, sin embargo, no será apoyada por ningún grupo en la Asamblea. La que tiene posibilidades es la presentada por Libertés, un pequeño grupo de diputados independientes y de los territorios de ultramar. La izquierda de las NUPES ya ha anunciado que apoyará la moción, mientras que algunos diputados de los Republicanos sostienen que podrían mostrarse a favor. Si la moción prosperase, la presidencia de Macron se sumergiría en una crisis aún más profunda.
Emmanuel Macron, de la “esperanza” al problema
El sistema democrático francés cada vez tiene menos legitimidad a ojos de la sociedad. Francia está sacudida por años de crisis política y social, el sistema no parece responder a las necesidades y anhelos de una población cada vez más desencantada y hastiada por su clase política. En 2017, Macron parecía que iba a reformar el sistema y darle un soplo de aire fresco a la V República. En vez de eso, hemos sido testigos de una forma de ejercer el poder muy personalista, además de poner en marcha una serie de políticas antisociales.
El mandatario galo ha ejercido una presidencia jupiteriana mostrándose incapaz de crear un movimiento político definido. La República en Marcha no es más que una plataforma personalista de Macron. Las decisiones se han tomado en un pequeño círculo de próximos, mientras que los miembros de su partido se han dedicado cinco años a esperar a oír lo que anunciaba el presidente. Es complicado pensar qué puede ocurrir con el movimiento cuando acabe el segundo mandato de Macron.
En ese sentido, el presidente parece que ya ha olvidado su promesa tras ganar las elecciones de “un nuevo método” de gobernar. En la segunda vuelta muchos votaron a Macron para hacer frente a la extrema derecha, no por convicción en su figura. El mandatario francés parece que se mostrará incapaz de reformar las instituciones y renovar la democracia tal y como esperaba. Tampoco parece que conseguirá coser el tejido social que se ha roto tras años de crisis económicas, sociales y sanitarias. Todo esto tendrá como consecuencia un aumento de la desafección ciudadana y la continua perdida de la confianza en el sistema de la V República.
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