Cómo la política en las elecciones de Rio de Janeiro explican la victoria nacional de Bolsonaro

Escrito por Gabriel Deslandes y traducido por Àngel Marrades.

Jair Bolsonaro fue subestimado electoralmente por la mayoría de los analistas, sin embargo ahora se ve nítidamente que el voto que lo llevó a vencer fue un voto antisistema—sistema que, para los electores, estaba compuesto por los tres grandes partidos del país: PT, PSDB y PMDB (partido de Michel Temer). Para comprender esta identificación hacia quienes componían el establishment político brasileño que el votante castigó en 2018, es fundamental analizar las elecciones del estado de Rio de Janeiro.

Si evaluamos el estado el Partido de los Trabajadores sufrió en Rio de Janeiro la más impresionante y grande pérdida de votos de su historia: comparando la segunda vuelta presidencial de 2014 con la de 2018, el partido perdió el 42% de su electorado. En 2014, Dilma Rousseff tuvo el 54,9% de los votos en ese estado y ahora Fernando Haddad tuvo apenas el 32,1%. El desempeño en Rio fue tan malo que se igualo a São Paulo—donde Haddad obtuvo también el 32% en 2018—, región donde el PT no gana una elección presidencial desde Lula en 2002.

¿Por qué entonces, en la segunda vuelta de 2018, Bolsonaro obtuvo el increíble 67,95% de los votos en Rio de Janeiro? ¿Por qué Rio, símbolo de la diversidad sociocultural y del cosmopolitismo de Brasil para el mundo, fue absorbido por una ola ultraconservadora? Al analizar las transformaciones políticas y económicas por las que ha pasado Rio en la última década antes de las elecciones de 2018, encontramos los principales factores del triunfo de Bolsonaro a nivel nacional, dado que el estado se volvió terreno fértil para las ideas del nuevo presidente: la indignación con la situación económica, el discurso anticorrupción, la crisis en la seguridad pública y el conservadurismo religioso.

Durante el segundo mandato de Lula y el primero de Dilma Rousseff, un tema reiterado por la propaganda oficial fue la cooperación entre los poderes gubernamentales en defensa de Rio de Janeiro. El presidente Lula (PT), el gobernador Sérgio Cabral y el alcalde de la capital, Eduardo Paes—ambos del PMDB—firmaron una alianza político-electoral que, en la época, se convirtió en símbolo de la integración de las esferas de la administración pública—Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Ayuntamiento de la capital—que no solo solidificaba la coalición PT-PMDB a nivel federal, sino que también aportó resultados sociales y económicos inéditos para Rio.

De esa forma, en Rio, PT y PMDB tenían sus respectivas imágenes fuertemente unidas y no por casualidad acabó siendo sintetizado en el slogan gubernamental “Sumando fuerzas”. Comunicar este mensaje era importante porque Rio había sufrido en el pasado los enfrentamientos entre gobernadores y Gobierno Federal. En ese contexto, el gobierno de Sérgio Cabral (2007-2014) vivió un momento de boom económico, gracias a la bonanza financiera propiciada por el crecimiento de las exportaciones del petróleo y las inversiones para la Copa del Mundo (2014) y las Olimpiadas (2016). Durante su gobierno, proyectos multimillonarios tomaron forma, como nuevas líneas de metro, el “Arco Rodoviário Metropolitano” o la reforma del estadio de Maracanã.

Crisis política y económica y escándalos de corrupción

Entre tanto, la misma alianza que llevó temporalmente a Rio de Janeiro a los cielos también seria sacudida con una sucesión de crisis políticas y la recesión económica. Al comienzo de 2013, encuestas de opinión ya demostraban la insatisfacción de la población con los gastos interminables de la reforma del Maracanã, que sería el palco de la final de Copa del Mundo y de la apertura de las Olimpiadas. Cuando estallaron las manifestaciones de junio de 2013, con más de 500 mil personas en las calles de la capital, Sérgio Cabral vio su popularidad caer al 12%.

A partir de 2014, Rio, entonces símbolo de pujanza económica, cae estrepitosamente. El gobierno de Luiz Fernando Pezão—ex-vicegobernador de Sérgio Cabral y elegido su sucesor—enfrenta la caída de precios del barril de petróleo en el mercado internacional, y el estado deja de recaudar mil millones de reales brasileños (R$) en regalías (ganancias en exportación del petróleo al bajar el precio). La desindustrialización nacional también hizo que Rio se viera proporcionalmente más afectado que el resto de Brasil, haciendo que el gobierno tuviese una recaudación incompatible con su gasto.

El desequilibrio financiero se vio agravado con la crisis de Petrobras y la paralización de obras importantes, como el Complejo Petroquímico de Rio de Janeiro (Comperj)—parte del desarrollo industrial propiciada gracias a la alianza entre Lula y Sérgio Cabral—, en el municipio de Itaboraí, impactado duramente por el desempleo. La agencia internacional de riesgo Standard & Poor’s rebajó a Rio como el peor estado de Brasil para invertir.

En junio de 2016, en vísperas de las Olimpiadas, el gobierno decretó el estado de calamidad financiera, alegando incapacidad para pagar los salarios y las estancias de los servidores públicos, que se mantendrían atrasadas durante meses. Protestas masivas de funcionarios estatales de educación, salud y justicia tomaron las calles y fueron reprimidos con bombas de gas lacrimógeno, balas de goma y spray pimienta. Para reequilibrar las finanzas, el gobierno de Pezão presentó un paquete de medidas de austeridad radicales, incluido un aumento del 11% al 14% en la contribución a la seguridad social, recortes en programas sociales, congelar los aumentos salariales hasta 2020 y la privatización de la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado (CEDAE), en contra de la tendencia de otras metrópolis mundiales, que estatizaron el servicio de abastecimiento.

En medio del caos, el ya exgobernador Sérgio Cabral, su esposa, empresarios y varios de sus asesores fueron detenidos por la Policía Federal, acusados de desviar 224 millones R$ en contratos de infraestructuras de constructoras con el gobierno estatal. Diputados rasos de los gobiernos de Cabral y Pezão en la Asamblea Legislativa del estado e incluso los auditores del Tribunal de Cuentas, que deberían fiscalizar las finanzas públicas del gobierno, también fueron detenidos acusados de recibir sobornos.

Para el elector, esa fue la prueba definitiva de que la crisis financiera era consecuencia del “saqueo de Cabral”. La situación se agravó además cuando se destaparon las posesiones de Sérgio Cabral: helicópteros, lujosas casas de playa, viajes a París y, si todo eso no bastase, un anillo que regaló a su esposa por valor de 800 mil R$.

El caos permanente de seguridad pública

Paralelamente, Rio sufre desde hace décadas un problema de violencia, que incluye desde asaltos y agresiones en barrios más ricos a territorios enteros tomados por el narcotráfico o por milicias en las periferias más pobres. Durante los años dorados de la alianza Lula-Cabral, las diferentes esferas de gobierno vendieron la iniciativa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) como forma de ocupación de las favelas dominadas por las facciones criminales y el establecimiento de una policía comunitaria, lo que no solo serviría para la entrada de inmobiliarias en esas comunidades pobres (gentrificación), más también representaría un paso fundamental para preparar la seguridad urbana de Rio de cara a los mega eventos turísticos, como la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas Rio+20 (2012), Copa de Confederaciones (2013), Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016).

Desde la primera UPP instalada en el cerro Santa Marta en 2008, el debate sobre la seguridad pública pasó a girar en torno a la instalación de cada vez más unidades. Las UPP’s aparecerán en la retórica del gobierno de Sérgio Cabral, empresarios y grandes medios como la construcción de un Rio de Janeiro “seguro” y con la “integración” de las favelas a la “ciudad-empresa”, que se preparaba para recibir los mega eventos. El Poder público y la cobertura mediática pasaran a categorizar las favelas de Rio de Janeiro como “pacificadas” y “no-pacificadas”, es decir, las comunidades que tenían sus propias UPP y las que aún no, creando un relato de necesidad de estas.

Lula y Dilma como socios también cedieron ante el Ejército como fuerza regular de apoyo para la instalación de nuevas UPP’s, como la ocupación militar de las favelas del Complejo de Alemão y de Vila Cruzeiro, en noviembre de 2010. El plan inicial era que los soldados permaneciesen un máximo de siete meses, sin embargo se mantuvieron durante nada menos que 19 meses. En abril de 2014, las Fuerzas Armadas fueron nuevamente llamadas a ocupar las favelas del Complejo de la Maré, operación que duró 15 meses con un contingente de 23.500 soldados, y un costo de 559,6 millones R$. Una vez más, los resultados fueron limitados, y el tráfico continúo dominando la zona.

Pasados 10 años desde que se inició esta política de seguridad, Rio de Janeiro cuenta hoy con 38 UPP’s, y es posibles afirmar que el proyecto cosechó fracasos en la lucha contra el crimen. Las unidades no abrieron camino para la llegada de los servicios públicos del Estado en las favelas y, aunque lograron reducir la tasa de homicidios en sus primeros años de implementación, hubo un desplazamiento de criminales a otras regiones del estado. Además, policías y miembros de las Fuerzas Armadas protagonizaron numerosos casos de abusos y violaciones a los derechos humanos.

A partir de 2013, el número de asesinatos en Rio ya había vuelto a subir, llegando al nivel de 40 homicidios por 100 mil habitantes en 2017. Es en ese contexto que, durante la semana de carnaval en febrero de 2018, el presidente Michel Temer decreta una intervención federal de las Fuerzas Armadas, en la que el Ejército paso a tener el comando completo de todos los órganos de seguridad pública del estado de Rio.

Esta total federalización del comando de policías de Rio, hecha a prisas por Temer, trajo resultados desastrosos. A pesar de la caída en el número robos, los índices de tiroteos y homicidios no solo no se redujeron, sino que empeoraron—el número de muertos en operaciones policiales es el mayor del estado desde 2008. Entre febrero y septiembre de 2018, hubo 4.039 asesinatos y 5.712 tiroteos en Rio. Por último, la eficacia de la intervención federal sufrió un duro golpe en su imagen pública con el asesinato de la concejala socialista Marielle Franco, crimen que hasta hoy está sin resolver.

Outsiders ultraconservadores en Rio y Brasil

Por último, súmese a toda esta coyuntura caótica un estado con una enorme población pobre que frecuenta iglesias neopentecostales. En los 13 municipios de la Región Metropolitana del estado, hay más de 1,3 millones de evangélicos, según el Censo de 2010. En la capital también cuentan con un alcalde adepto a la Iglesia Universal del Reino de Dios, Marcelo Crivella, electo en 2016. En las elecciones de 2018, el voto religioso peso contra Haddad, sobre todo gracias a una ola de noticias falsas que circuló en los cultos evangélicos o en sus grupos de WhatsApp—por ejemplo, los rumores absurdos de que Haddad distribuía biberones eróticos en forma de pene para niños en las escuelas de São Paulo.  

El resultado final fue que Rio castigó tanto al PMDB, no eligiendo para gobernador al ex-alcalde de la capital, Eduardo Paes—otrora importante aliado de las administraciones Lula y Dilma en la última década—, como al PT, dando lugar a unos resultados irreconocibles, considerando que el partido de Lula había vencido las últimas cinco elecciones presidenciales en el estado.

Presentándose como símbolo de “moralización” contra la corrupción y de la mano dura contra la criminalidad, un gobernador outsider, desconocido por buena parte de la población hasta el día de la primera vuelta, fue elegido por los electores para enterrar la maquina político-partidaria del PMDB: Wilson Witzel, del Partido Social Cristiano, un ex-juez federal de ideas radicalmente conservadoras. Witzel es un completo novato en la política, pertenece a un partido muy pequeño, pero ascendió en las elecciones estatal de Rio asociándose a la figura y a la ideología belicista de Jair Bolsonaro.

El ex-juez parece querer transformar a Rio en un campo de pruebas de seguridad aún más extremas de las que ya fueron probadas. Lo que incluye el uso de francotiradores, en helicópteros, para matar a larga distancia a sospechosos de estar portando armas en las favelas. Especialistas apuntan que el Código Penal brasileño sólo autoriza el tiro por parte de policías en caso de legítima defensa, y el “abatir sospechosos” propuesto por Witzel sería una carta blanca para que la policía matase aún más.

Cuestionado sobre la letalidad de la medida, Witzel fue directo: “¿Lleva un fusil? Tiene que ser abatido. La policía va a hacer lo correcto: va a apuntar a la cabeza y… ¡fuego! No hay que fallar”. El nuevo gobernador de Rio admitió que sabe del riesgo de que los policías sean procesados por tales crímenes y condenados en tribunales del jurado, más él dijo que los defendería personalmente: “El policía será defendido. Si es condenado, recurriremos”. Amnistía Internacional se manifestó contra las declaraciones de Witzel, declarando que la medida “va contra las legislación brasileña e internacional y no respeta las reglas de uso de la fuerza y de las armas de fuego”.

Por lo tanto, queda claro como la turbulenta historia política y económica reciente minó la fuerza electoral tanto del PT como del PMDB ante la población y abrió un vació de poder. Tamaña sucesión de crisis y errores—previsibles o no, por parte de los grupos políticos dominantes en la década pasada—impulsaron un giro completo a la derecha en Rio de Janeiro, con una victoria de Jair Bolsonaro para presidente y Wilson Witzel para gobernador. Factores semejantes se reproducen a escala federal en las elecciones de 2018, teniendo en cuenta las denuncias de corrupción que afectan a todos los partidos políticos y sus fracasos en restaurar el crecimiento económico nacional y el poder adquisitivo de la población brasileña.