Colombia: Tregua sanitaria

El coronavirus opaca la disputa entre el gobierno y el movimiento social

Más temprano que tarde, la pandemia de coronavirus aterrizó en suelo colombiano. Como en el resto del mundo, diseminó pánico y angustia por todos los rincones del país. El 25 de marzo, transcurridos unos cuantos días de exhortaciones, el presidente Iván Duque resolvió decretar el toque de queda. Con altas dosis de tensión, la población acató la medida. La movilización social en contra del gobierno, en actividad desde noviembre de 2019, decidió replegarse hasta nuevo aviso.

La posición del movimiento encabezado por el Comité Nacional de Paro (CNP) -que agrupa a más de 100 organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y políticas- busca establecer como máxima prioridad nacional la atención de la salud de la ciudadanía. A través de comunicado, el CNP le exigió a las autoridades implementar “todas las medidas necesarias y suficientes para proteger a la población”.

Según información divulgada por el Ministerio de Salud y Protección Social, al día 17 de abril, Colombia registra 3.439 casos de coronavirus; con 634 personas recuperadas y 153 muertes. Tanto la respuesta del sistema de salud como la gestión de la situación por parte del gobierno determinarán en qué medida la crisis sanitaria deviene en crisis económica y social.

21N: El trabajo paralizado y el pueblo movilizado

La estrategia de movilizarse en todo el país entorno a un Paro Nacional, promovida inicialmente por las principales centrales obreras, comenzó el 21 de noviembre de 2019. Bajo la consigna “contra el paquetazo de Duque, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial”, el reclamo de aquella primera huelga general incluía varios puntos: aumento del salario mínimo, cumplimiento de acuerdos por parte del Estado con la sociedad civil, rechazo de tentativas de reformas laborales o pensionales, etc.

La reacción del gobierno no esperó siquiera a que el primer manifestante pusiera un pie en la calle. Horas antes de la huelga, Duque emitió un decreto que, con el propósito de garantizar el orden público, ordenaba el cierre de las fronteras terrestres y que, en caso de ser necesario, facultaba a los alcaldes a dictaminar el toque de queda en sus respectivos territorios. Asimismo, en la previa la policía allanó decenas de viviendas de organizaciones sociales y sindicales en busca de artefactos explosivos.

Aun así, el Paro Nacional del 21 de noviembre recorrió ampliamente el territorio colombiano arrastrando a miles y miles de personas a las calles. La jornada cerró con un histórico y extendido cacerolazo nocturno desde las puertas y ventanas de los hogares. Para el CNP participaron en las marchas “más de la mitad de los colombianos en más de 500 municipios”. El gobierno, por su parte, estimó una afluencia de 250 mil personas; al tiempo que informó acerca de 3 muertes, 273 heridos y más de 300 detenidos. El toque de queda se impuso finalmente en Cali y Bogotá. Pero, lejos de retraerse por la represión, la protesta continuó durante los días siguientes.

Las manifestaciones convocadas por la sociedad civil -y un sector del arco político- se insertan en un contexto de incertidumbre para la clase trabajadora. Según números del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, a principios de este año la tasa de desempleo alcanzó el 13 por ciento; además, el 46 por ciento de los ocupados trabaja de manera informal; y solo la mitad realiza aportaciones al sistema de pensiones.

En cuanto a la remuneración, datos oficiales revelan que el 47 por ciento de la población trabajadora gana menos del salario mínimo, esto es, poco más de 200 dólares. Lo cual repercute directamente en el nivel de vida: en 2018, la pobreza se situó en el 27 por ciento y la pobreza extrema en el 7 por ciento. Simultáneamente, se registró un incremento en la desigualdad del ingreso de los hogares.

Una conversación tan amplia como inconducente

Luego de tres días consecutivos de incidentes en la vía pública, el Ejecutivo anunció la conformación de una mesa de Conversación Nacional, donde los ciudadanos podrían elevar sus propuestas y soluciones a los problemas del país. Con respecto a los reclamos específicos del CNP, Duque reconoció en W Radio que “algunas ideas deben ser motivos de discusión”, aunque también señaló la necesidad de involucrar en el diálogo a “toda la sociedad”. Esta invitación a terceros actores, ajenos al emparejamiento primario entre gobierno y CNP, entorpeció desde un comienzo la búsqueda de acuerdos.

El CNP rechazó entablar conversaciones con intermediarios gubernamentales y exigió una línea directa con Duque. Los reclamos del Paro Nacional fueron plasmados en un pliego de 13 puntos que, un par de semanas después, se transformó en una agenda de 104 puntos. A grandes rasgos, a las demandas de noviembre se agregaron como peticiones el cumplimiento de los acuerdos de paz; reanudar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional; detener la privatización de bienes públicos; revisar tratados de libre comercio en beneficio de productores agropecuarios locales; y desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, unidad de la policía responsable de la muerte de un estudiante de 18 años víctima de la represión.

Sin avances entre el CNP y el gobierno, y con incesantes movilizaciones a lo largo y ancho del territorio, Colombia despidió el año atravesada por una agitación inusitada. Según un informe de Naciones Unidas, en tres semanas de protestas la policía efectuó, como mínimo, 1.662 detenciones. La coacción colectiva desplegada a gran escala se complementa con la violencia sistemática que afrontan diariamente muchos líderes sociales y sindicales.

En una reciente publicación, Naciones Unidas ratificó que, desde 2016, “Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina”. El organismo internacional constató 108 homicidios en 2019, lo cual supone un aumento del 50 por ciento en comparación con 2018. Los líderes sociales y sindicales son perseguidos y ejecutados por defender la paz u oponerse al narcotráfico, entre otros motivos.

A diferencia del estallido social chileno, donde el sistema político pactó como salida un plebiscito constitucional sin consultar a las organizaciones sociales, en Colombia, el gobierno sí fomentó una mesa de diálogo. Según Diego Molano, coordinador del espacio, en cuatro meses se recibieron casi 14 mil propuestas y se desarrollaron 45 encuentros regionales. Sin embargo, la Conversación Nacional concluyó sin lograr involucrar a los principales promotores del Paro Nacional.

El coronavirus pateó el tablero

En febrero, en la séptima y última reunión con el CNP, Duque presentó su respuesta al documento de 104 puntos. En síntesis, solo aceptó negociar el 10 por ciento de las demandas. El resto fueron censuradas bajo distintos argumentos; por ejemplo, que ya se estaban aplicando medidas o que se trataba de temas que excedían las competencias del Ejecutivo.

De inmediato, el CNP replicó en un comunicado: “El pliego se lo presentamos al Presidente como jefe de Estado y gobierno, porque tiene las facultades para tomar la iniciativa de crear o reformar leyes y políticas públicas”. El comité organizador aseguró que la conducta del mandatario “dilata la solución al conflicto” e “incrementa el descontento de la ciudadanía”.

Frente al llamado del CNP a retomar las marchas en marzo, Molano advirtió que el gobierno ha definido que “no puede seguir el vandalismo”. En entrevista con El Nuevo Diario, el jerarca afirmó: “Respetamos el derecho a la protesta, pero hay que rechazar a unos pequeños grupos de vándalos que se ha evidenciado que tienen vínculos con grupos armados al margen de la ley”. Pero, al final, la pandemia de coronavirus terminó aplazando cualquier posibilidad de confrontación.

En efecto, la reanudación del movimiento que marcó un hito en la historia reciente de Colombia dependerá de la magnitud de la propagación de la enfermedad COVID-19. En caso de no adoptarse suficientes medidas paliativas, el aislamiento social podría causar estragos en el sector informal de la economía, que integra casi la mitad de la clase trabajadora. Antes de la pandemia, solo dos de cada diez colombianos aprobaba la gestión de Duque, según un sondeo de Gallup. El indicador más bajo para el delfín de Álvaro Uribe desde que asumió el poder en 2018.