El gigante carioca se encuentra sumido en una crisis política anunciada en el momento más importante para el país desde la proclamación de la República en 1892. Luis Ignacio Lula da Silva ha salido vencedor en el segundo turno de las elecciones presidenciales con un 50.9% de los votos frente a Jair Bolsonaro, que consiguió un 49.1%. Además de la la presidencia también se han elegido los gobernadores de 12 estados en que ninguno de los candidatos había logrado superar el 50% en el primer turno. Con el recuento del balotaje, 11 gobernadores de los 27 estados que conforman la federación brasileña apoyan la Coalición Brasil de Esperanza (Lula), otros 14 apoyan a la Coalición por el Bien de Brasil (Bolsonaro) y dos de ellos se mantuvieron en una postura neutral (PSDB). Los resultados de Lula en 2002 le dieron la victoria en los 27 estados. Esto demuestra como el bolsonarismo se ha consolidado como una fuerza política y parlamentaria muy importante en el futuro.
La distribución territorial del voto ha concentrado al apoyo “lulista” principalmente en las regiones del norte y nordeste, ganando también la gobernación en estados como Piauí, Bahía, Maranhao o en el Amazonas, mientras el apoyo bolsonarista se extiende por todo el sur y sureste, en estados como Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, así como en las principales urbes de Sao Paulo y Rio de Janeiro. Tal división vislumbra un corte entre las zonas con una economía primaria con las más industrializadas, así como diferencias de estatus socioeconómico, ya que en el sur se concentran las clases benestantes y en el nordeste los índices de hambruna más altos del país. Dadas las circunstancias sociales, históricas y geopolíticas del momento, este ajustado resultado se interpreta como un plebiscito nacional para elegir el rumbo de Brasil para el próximo lustro. Prueba de ello ha sido la participación más alta en el segundo turno de unas elecciones presidenciales (75,86%) desde el fin de la dictadura de 1985, reflejo de una polarización evidente en unas calles que estos últimos días han estado abarrotadas de banderas, cánticos y himnos a favor de uno y otro signo.
Una campaña de infarto
El conteo electoral se desarrolló a gran velocidad gracias al sistema de urnas electrónicas con el que cuenta Brasil desde hace 25 años, haciendo que dos horas y diez minutos después del cierre de los colegios electorales ya se pudiera dar un resultado definitivo. En los primeros escrutinios la Coalición por el Bien de Brasil sobrepasaba por dos puntos a la Coalición Brasil de Esperanza, pero la distancia se fue recortando con cada nueva camada de información haciendo que a las 18:41h y con un 67.76% de los votos escrutados, Lula se posicionara por delante de Bolsonaro. Fue en ese instante en el que se escucharon entremezclados los gritos de rabia y de alegría de ambos lados en los balcones de Brasilia. Esta tendencia se mantendría hasta el fin del conteo con una diferencia de más de dos millones de papeletas: muchos ciudadanos respiraron aliviados después de tener el corazón en un puño durante toda la jornada, muchos otros vertieron lágrimas de desasosiego y se convocó una oración improvisada en la Esplanada dos Ministerios para encomendar a Dios el avenir del pueblo brasileño.
Y es que en la última semana los reveses de la campaña electoral de Bolsonaro se han precipitado hasta tomar tintes de una película de acción. Sólo siete días antes del 30 de octubre, Roberto Jefferson, un exdiputado en arresto domiciliario por corrupción pasiva y lavado de dinero y que dió su apoyo explícito al candidato Jair Bolsonaro, respondió con 50 disparos de fusil y arrojando tres granadas a los cuatro policías que fueron a detenerle en su domicilio en Rio de Janeiro. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, había ordenado su reclusión en régimen cerrado porque Jefferson habría publicado fake news en redes sociales, hecho que de no cumplirse anulaba la posibilidad de reclusión en su propia casa. El enfrentamiento solo se resolvió cuando el propio presidente de Brasil mandó al ministro de justicia, Anderson Torres, a mediar con el pistolero, que acabaría entregándose a las autoridades para su posterior encarcelamiento.
La mañana del sábado 29 de octubre, la diputada federal en Sao Paulo Carla Zambelli protagonizó otro suceso inusitado cuando se discutió con el periodista Luan Araújo en plena calle y desenfundó una pistola para amenazarle. La legislación electoral en Brasil prohibe el porte de armas a cualquier ciudadano con licencia durante las 24 horas antes de las elecciones, por lo que Prerrogativas, un grupo de abogados próximos a Lula, ya ha pedido la apertura de diligencias contra Zambelli para que se dicte su prisión provisional por crimen electoral. Ambos hechos han desencadenado una oleada de críticas que ha convulsionado al equipo de comunicación de Coalición por el Bien de Brasil, obligando al presidente a desmarcarse públicamente de ambos políticos. A todo esto hay que sumarle las desafortunadas declaraciones de Bolsonaro de hace dos semanas, cuando contó una anécdota en la que paseando en su motocicleta se encontró con un grupo de muchachas venezolanas de 14 años y dijo que “había ambiente de ligue” antes de proponerles entrar en su domicilio.
El equipo de campaña de la Coalición Brasil de Esperanza no desaprovechó ninguno de estos errores del adversario, empuñando las acusaciones de pedofília, pistolero y acusándole de ser demasiado tolerante con el homicidio de agentes de policía, resquebrajando la popularidad de Jair Bolsonaro incluso entre los votantes más moderados. Sin embargo, la tendencia muestra un crecimiento en su apoyo de siete millones de votos en la segunda vuelta, lo que se puede interpretar más como un sentimiento antipetista que como una alineación absoluta a las posturas militaristas.
Por su lado, Luis Ignacio Lula da Silva logró crecer en tres millones de papeletas, convirtiéndose en el candidato a la presidencia más votado de la historia de Brasil. Su discurso ha versado principalmente en recordar los beneficios económicos que dio en su día a los sectores más empobrecidos: la memorable Bolsa Familia, una ayuda directa de 200 reales (40 dólares) a los padres que escolarizasen a sus hijos. Aunque algunos analistas advirtieran que se trataba de un marco demasiado dependiente de la nostalgia, su campaña también supo dirigirse a las franjas más jóvenes hablando con proyección de futuro y abrazando en la coalición a las corrientes feministas, de derechos LGTBIQ+, de nacionalidades indígenas y de defensa del medio ambiente. Cabe resaltar que en la primera vuelta electoral fueron elegidas como diputadas federales por el PSOL (Partido Socialismo e Liberdade, escisión del Partido de los Trabajadores de 2004) la primera transgénero Erika Hilton, y siete representantes de los pueblos originarios, que encabezarán “la bancada de la tierra”. Una de las motivaciones más fuertes para los ciudadanos a los que representa esta bancada ha sido la promesa de crear un ministerio específico de los pueblos originarios, dirigido por un o una indígena, que vendría a engrandecer la actual Fundación Nacional del Indio.
El enfrentamiento latente del conservadurismo brasileño
Hay dos agentes muy implantados en la sociedad brasileña cuyo papel ha sido determinante para decantar el ajustado resultado de este domingo: los pastores evangélicos y el Tribunal Superior Electoral.
Aunque desde algunos sectores de la oposición se haya referido a la Iglesia Evangélica Pentecostal como un problema menor, esta lleva protagonizando una profunda transformación de la sociedad carioca a largo plazo. Si bien Brasil es el país con más católicos del mundo (108 millones), cada año se abren en él 14.000 iglesias protestantes. Se prevé que los 65 millones de evangélicos, que antaño parecían una minoría, en una década superen a los bautizados en la Iglesia de Roma. Se extiende progresivamente por las regiones más empobrecidas del interior del país y en las periferias urbanas, zonas donde el Estado está ausente en infinidad de frentes y en los que la Iglesia Católica ha venido perdiendo fieles por mostrarse demasiado inflexible. Por ejemplo, en un pueblo amazónico donde el pastor católico viaja una vez por semana a oficiar una misa en una capilla que suele estar cerrada, un pastor evangélico casado y residente en el lugar puede oficiar varios días y en el garaje prestado por un vecino con un puñado de sillas de plástico y una biblia.
Los discursos también suelen basarse mucho más en problemas de la cotidianidad de estos estratos sociales, como son el hambre, el embarazo adolescente, los malos tratos, el alcoholismo, la drogadicción o el pandillismo, de los que los pastores saben hablar en sus discursos y a los que los fieles responden con iniciativa. Por hablar “el idioma del pueblo”, además de los grupos de oración se acaban formando grupos de apoyo para dejar las drogas o para buscar empleo, y clases extraescolares para que los niños no se queden en la calle mientras sus padres trabajan. La Iglesia Evangélica también bebe de una raiz liberal, que encaja mejor con el emprendedurismo popular, sustituyendo a la Teología de la Liberación del catolicismo progresista por la Teología de la Prosperidad.
Muchos discursos desde el púlpito de los pastores evangélicos se han referido con frecuencia a Lula como un “diablo que se iba a apoderar del país” o que “iba a cerrar todas las iglesias si ganaba las elecciones”, y han pedido más o menos implícitamente el voto por el actual presidente. Si bien una imbricación tan estrecha de la iglesia evangélica con la política ha levantado ampollas en muchos fieles, las encuestas muestran como ha provocado que siete de cada diez evangélicos acaben votando a Bolsonaro.
La popularidad de Alexadre de Moraes, el presidente del Tribunal Superior Electoral, ha alzado el vuelo en las últimas semanas de la carrera presidencial por erigirse como el adalid que combatría las fake news. Periodistas de renombre como Carol Pires, autora del podcast “retrato narrado” que relata la biografía de Bolsonaro, reconocen como no solo la izquierda, sino toda la institucionalidad democrática, se han quedado atrás en el campo de la comunicación en el terreno de las redes sociales. Algo que Eduardo Bolsonaro, hijo del actual presidente, supo aprovechar de la mano de Steve Bannon, asesor presidencial en la campaña de Donald Trump. Ya en 2018 Bannon colaboró con Eduardo para construir el “Gabinete del Odio”: un núcleo irradiador de noticias falsas, rumores y acusaciones infundadas para crear marcos de debate más favorables a los discursos de ultraderecha. Estas noticias falsas se esparcirían por grupos de Whatsapp, Facebook y Telegram con el fin de movilizar las bases sociales del bolsonarismo tanto para ganar las elecciones del 2018, como para hostigar a cualquier rival que se eventualmente se opusiera a las directrices del presidente. Uno de estos objetivos fue el mismo Alexandre de Moraes, amenazado masivamente de muerte en las redes sociales al ser acusado de dar un trato favorable a la oposición por garantizar a la Coalición Brasil de Esperanza horas de anuncios radiofónicos para equilibrar las adjudicaciones de tiempos de propaganda electoral.
Sin embargo, no sería tanto por la orden de encarcelamiento del exdiputado Roberto Jefferson que de Moraes se convertiría en el blanco predilecto del “Gabinete del Odio”, sino por su papel como árbitro durante este juego electoral. Él mismo impulsó una resolución en el Tribunal Superior Electoral para perseguir la desinformación durante la segunda vuelta, llegando a cerrar 5 canales de Telegram con discursos nacional-socialistas que alcanzaban hasta 580 mil personas o 701 URLs que difundían noticias fraudulentas. Más allá de esto, en su discurso oficial finalizado el escrutinio, de Moraes afirmó que promulgaría una ley para dar el mismo marco regulador a las empresas de tecnología (como Meta o TikTok), que se le da a las empresas de medios de comunicación. En sus propias palabras “después de las elecciones, es el mejor momento para que tengamos un buen diálogo con la sociedad, con las empresas de comunicación, con las plataformas y con el Congreso Nacional para que podamos tener instrumentos más eficaces para evitar la proliferación de fake news, especialmente en las elecciones”.
Propuesto como dirigente del Tribunal Supremo Federal por el expresidente Michel Temer en 2017, Alexandre de Moraes ha sido acusado de tener una actitud partidista desde el primer momento por su histórica viculación con el PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Aunque votase en contra del habeas corpus presentado por la defensa de Lula antes de ser encarcelado por el caso Lava Jato en las elecciones del 2018, también permitió la suspensión del juez Sergio Moro y de los procesos del mismo que habían inhabilitado al lider del Partido de los trabajadores. Su acérrima ecuanimidad le traería consecuencias que casi le destituyen del cargo cuando el propio presidente propuso un impeachment en el Senado para su inhabilitación, que no prosperó por considerarse improcedente por aspectos jurídicos y políticos. En agosto del 2022, Alexandre de Moraes comenzaría a ejercer como presidente del Tribunal Superior Electoral.
Geraldo Alckmin, la fórmula vicepresidencial de la Coalición Brasil de Esperanza, proviene de una tradición católica y liberal brasileña muy enraizada entre el sector financiero y los grandes terratenientes de la agroindústria. Su candidatura anunció una garantía de estabilidad para el crecimiento económico durante el gobierno 2022-2026, no sólo por sus posturas aperturistas hacia el comercio internacional, sinó porque él mismo se presentó a las elecciones presidenciales frente a Lula en 2006. Al formar parte del mismo universo de derecha moderada que Alexandre de Moraes, se puede interpretar cierta inclinación de la institución electoral hacia una alianza entre social-demócratas y conservadores moderados para transitar Brasil hacia una era post-Bolsonaro.
Los escenarios de la fractura
El reconocimiento de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva no se ha hecho esperar por más de noventa presidentes alrededor del globo, desde Biden a Putin, pasando por todos los de Latinoamérica. Solo el propio presidente saliente ha tardado dos días en pronunciarse sobre su derrota electoral, siendo el primer candidato de la historia que perdiera una reelección. A pesar de las expectativas de sus seguidores, en un escueto discurso de dos minutos, Jair Bolsonaro ha criticado superficialmente los bloqueos de carreteras que éstos están convocando por todo el país pidiendo un golpe de estado. Sin el apoyo de la cúpula militar ni internacional, todo apunta a que las posibilidades inmediatas de una impugnación institucional, parecida a la que los seguidores de Donald Trump hicieran con la toma del Capitolio, sean bastante reducidas.
Sin embargo, el resultado de la primera vuelta deja una Cámara de Diputados y Senado con mayorías conservadoras y neoliberales, alimentando al fantasma de un impeachment parecido al que se le hizo a Dilma Rousseff en 2016. Un “golpe institucional” en diferido oscurece las expectativas de una legislatura estable para el Partido de los Trabajadores. El nuevo gobierno deberá hacer grandes pactos de país negociando por fuerza con el centro político si quiere tirar adelante reformas de calado. Además, la izquierda brasileña se enfrenta a su mayor desafío: la renovación de un liderazgo a la altura de Lula, un animal político que con toda seguridad no volverá a postularse otra vez a la presidencia dentro de cuatro años.
Entretanto, los gobernadores de los estados del sur y el este del país están dejando solo al presidente saliente, porque han mandado a la Policía Rodoviaria Federal a terminar con las llamadas a bloquear las principales carreteras hechas por las bases bolsonaristas. Todo bajo la orden de Alexandre de Moraes, el cual acató una prerrogativa judicial de la Confederaçao Nacional dos Transportes pidiendo la convocatoria de las fuerzas disponibles para permitir el tránsito. La coordinación nacional del MTST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y algunas hinchadas del Corinthias, el equipo de fútbol con la afición más numerosa de Sao Paulo, también han hecho llamados a desbloquear las vías. Aunque el MTST finalmente revocó el llamado para no fomentar la confrontación, en la tarde del martes los aficionados del Corinthias echaron a grupos de bolsonaristas que les impedían transitar mientras se dirigían a un partido a Rio de Janeiro.
A la espera de la investidura del nuevo presidente el uno de enero de 2023, en Brasil acaba de empezar la tercera vuelta. Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2024, la estabilidad política no se espera en un país altamente polarizado.
Autor: Bernat – Lautaro Bidegain Ros, periodista cubriendo la actualidad politica brasileña.
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