Venezuela se posiciona como líder en reservas probadas de petróleo, con al menos el 19% del total global, y ocupa el noveno puesto en reservas de gas. Pese a este potencial, apenas produce alrededor del 1% del crudo mundial anual.
Aunque la producción ha aumentado ligeramente desde 2020 –año en el que alcanzó mínimos históricos–, se mantiene muy lejos de los máximos alcanzados a inicios de este siglo, tras una caída de más del 80% desde 2005, con un desplome especialmente abrupto desde 2017.
Venezuela y el problema del petróleo
Esta caída de la producción no se debe a falta de crudo, sino a un conjunto de factores internos y externos. Desde 1976, la industria petrolera venezolana está nacionalizada y gestionada a través de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que operó con relativa normalidad durante sus primeras décadas de actividad.
Decisiones políticas orientadas a reforzar el control del gobierno sobre PDVSA, como las adoptadas por Hugo Chávez en 2002, llevaron al despido de miles de trabajadores, lo que supuso una pérdida de capital humano para la industria petrolera.
Paralelamente, una parte creciente de los ingresos petroleros comenzó a destinarse a financiar el gasto público –una tendencia ya presente con anterioridad– en detrimento de la reinversión en el sector, lo que contribuyó a su deterioro estructural. Con el paso del tiempo y la llegada al poder de Nicolás Maduro, esta dinámica se acentuó.
Factores externos como las sanciones estadounidenses dieron la estocada final. Por una parte, las sanciones financieras de 2017 impidieron al Estado venezolano y a PDVSA emitir deuda en el mercado estadounidense para financiarse, restringiendo la captación de capital para fomentar la reinversión.
En 2019, tras el reconocimiento de Juan Guaidó, se adoptaron sanciones más específicas contra el sector petrolero, bloqueando el acceso financiero y prohibiendo las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos, lo que incrementó la dependencia de intermediarios y obligó a vender el petróleo con importantes descuentos en otros mercados.
Estos factores, aunque no exclusivos, fueron determinantes. A ellos se sumaron elementos estructurales, como la crisis económica interna y la elevada dependencia del petróleo, que de manera sostenida ha representado más del 50% de las exportaciones del país, exponiéndolo a fuertes caídas de ingresos durante episodios de descenso de precios como el de 2014-2016.
Asimismo, el carácter extrapesado de una parte significativa del crudo venezolano implica mayores costes de transporte y refinación, así como una elevada necesidad de inversión.
Pese a cierto alivio de las sanciones durante la administración demócrata Joe Biden, la industria petrolera ha quedado hundida, aunque ha experimentado un ligero repunte desde 2020.
En este contexto, Estados Unidos concedió algunas licencias para que determinas empresas pudieran exportar su crudo al mercado estadounidense; sin embargo, Donal Trump ha revocado varios de estos permisos a inicios de 2025 a empresas como Repsol y Eni.
Recientemente, el petróleo venezolano ha vuelto a quedar en la mira de Washington. Tras la captura de Maduro, producido el 3 de enero de 2026 en una operación relámpago, el presidente Trump ha reiterado múltiples veces que el crudo será controlado y explotado por empresas estadounidenses, lo que augura un entorno cambiante para Venezuela y PDVSA.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
