El expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), ha sido condenado este viernes 1 de agosto a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de “fraude procesal” y “soborno en actuación penal”. El conocido como “juicio del siglo” en Colombia se salda con una sentencia que aún puede ser recurrida al Tribunal Superior de Bogotá por la defensa del exmandatario.
La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado Penal número 44 de Bogotá, halló culpable al expresidente tras un proceso judicial que duró más de 13 años. La investigación se centró en la manipulación y soborno de testigos para que estos se retractaran de declaraciones que vinculaban a Uribe con grupos paramilitares colombianos.
Se trata de la primera condena penal a un presidente en la historia moderna de Colombia. Un hito que profundiza en la polarización que vive el país en la antesala de las elecciones presidenciales de mayo de 2026.
Álvaro Uribe, un legado polariza Colombia
La condena a Uribe es especialmente relevante porque el influyente expresidente sigue jugando un papel activo tanto en la política nacional como internacional. Fue, además, el primer mandatario en gobernar Colombia durante dos periodos consecutivos (2002-2006 y 2006-2010).
Sus ocho años al frente del poder estuvieron marcados en lo económico por un alza en el precio de las commodities –materias primas–, lo que favoreció un importante crecimiento económico del país con un crecimiento promedio del 4,5% del PIB.
En lo social, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez impulsó una profunda militarización de la vida nacional bajo la promesa de derrotar a las guerrillas, especialmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La estrategia de “seguridad democrática” amplió la presencia del ejército en áreas rurales, fortaleció la cooperación con Estados Unidos a través del Plan Colombia y priorizó la ofensiva militar sobre el diálogo político.
Aunque estas medidas lograron reducir de manera sustancial la capacidad operativa de los principales grupos armados y el índice general de violencia, el costo humano fue alto: según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008 al menos 6.402 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate, en los llamados “falsos positivos”. Este patrón sistemático de violaciones de derechos humanos dejó una herida profunda en comunidades rurales y puso en cuestión el alcance y la legitimidad de los logros militares de su administración.
Uribe, de 73 años de edad, es considerado uno de los principales referentes de la derecha y la extrema derecha tanto dentro como fuera Colombia. Su abierta animadversión hacia Hugo Chávez –presidente de Venezuela durante su mandato– le permitió consolidar sólidas alianzas con sectores del Partido Republicano en Estados Unidos.
Estos vínculos han persistido hasta la actualidad, y figuras como Marco Rubio, secretario de Estado de la Casa Blanca, han manifestado en la red social X –antes Twitter– que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”.
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