“Conocedor de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para salvar vidas y reducir el sufrimiento humano, el Gobierno de Etiopía declara una tregua humanitaria indefinida con efecto inmediato”. Con esta declaración, el gobierno etíope anunciaba un alto el fuego en sus operaciones militares con el fin de permitir la entrada de ayuda humanitaria a la región de Tigray, una ayuda que ambos bandos se recriminan estar obstaculizando.
Horas después, el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPFL) se comprometía a implementar el cese inmediato de las hostilidades, aún que condicionado a que la ayuda humanitaria sea facilitada “acorde a las necesidades” y en un “plazo razonable”. “Hacemos un llamamiento a las autoridades etíopes para que vayan más allá de promesas vacías y tomen medidas concretas para facilitar el acceso humanitario sin restricciones a Tigray” declaraba el comunicado del TPFL.
La declaración de alto el fuego llega en un momento dramático para la población de Tigray. A dieciocho meses de guerra se la ha sumado una severa sequía y el riesgo de un desastre inminente que amenaza con la hambruna a millones de personas. Según los informes de diversas organizaciones humanitarias, 5,2 millones de personas necesitan ayuda alimenticia en la región de Tigray. A su vez, unos dos millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto.
Bloqueo de la ayuda humanitaria en Tigray y enfrentamientos en el resto del país
Está por ver si los comunicados de ambos contendientes se traducen en un verdadero cese de los enfrentamientos o si sus divergentes posturas pueden encontrar puntos de encuentro que pongan fin al conflicto, aunque sin duda se trata de un gran paso hacia el esperado fin de una guerra que se remonta a noviembre de 2020. Por esas fechas, el ataque del TPFL a la Comandancia Norte del ejército federal en Tigray, fue respondida con una ofensiva gubernamental que llegaría a tomar la capital tigriña, Mekelle. La contraofensiva tigriña y su unión con diversos grupos armados de todo el país enfrentados al gobierno central, recuperaría la capital regional y avanzaría hacia el sur hasta a amenazar Adís Abeba, tomando diversas ciudades a escasos 200 quilómetros.
Este fue un punto de inflexión para el gobierno etíope, que iniciaría entonces la ofensiva hacia el norte que reduciría el territorio controlado por el TPFL a su bastión regional. El avance del ejército federal fue acompañado del repliegue de las tropas tigriña, y, a finales diciembre, el portavoz del TPFL Getachew Reda anunciaba su retirada del territorio que ocupaba en Afar y Amhara con la intención declarada de “abrir la puerta a la ayuda humanitaria”. Poco después, las autoridades etíopes proclamaban que no avanzarían más allá de la frontera con Tigray.
Desde entonces se han intercalado pequeños pasos hacia la paz con enfrentamientos armados, en una calma relativa que, si bien de menor intensidad que en meses anteriores, se ha traducido en varias decenas de muertes. En enero, un dron etíope bombardeaba un colegio que acogía un gran número de desplazados internos, asesinando a 57 personas, en lo que Human Rights Watch ve claros indicios de ser considerado como crimen de guerra. Según la Alta Comisionada de Naciones Unidas, 304 personas han fallecido en ataques aéreos en Tigray desde diciembre, momento en el que se inicia el actual “statu quo”.
Los ataques aéreos, sumados a las incursiones de tropas tigriñas a poblaciones de la vecina Afar, han creado una situación de bloque humanitario del que ambos bandos responsabilizan al contrario. El director de la Organización Mundial de la Salud, el tigriña Tedros Adhanom, ha acusado al gobierno etíope de “negarle la comida a su propio pueblo desde hace más de un año”, mientras los informes de las Naciones Unidas que denunciaban el papel del gobierno etíope en impedir la entrada de ayuda, fueron respondidos por Adís Abeba con la expulsión de siete miembros de su personal. Por su parte, el gobierno central acusa al TPFL de disparar contra los convoyes humanitarios que cubren la ruta entre Afar y Tigray.
En el resto del país, el conflicto sigue latente en diversas regiones, hecho especialmente visible en las regiones de Oromía y Benishangul-Gumuz. El Frente de Liberación Oromo (OLA), que en agosto anunciaba una alianza con el TPLF para combatir al gobierno etíope, continúa enfrentándose a tropas federales y regionales en Oromía, donde a principios de marzo fallecieron al menos veinte personas. Además este grupo ha sido acusado en diversas ocasiones durante las últimas semanas de realizar ataques contra población no oromoy contra complejos industriales. La organización Genocide Prevention in Ethiopia acusaba en febrero al OLA del asesinato de 160 civiles, todos ellos de etnia amhara. Por su parte, el OLA, niega atacar a la población civil.
En Benishangul-Gumuz, los enfrentamientos entre milicias gumuzy tropas regionales dejaron al menos treinta muertos en marzo, y las tropas regionales de Amhara junto a milicias supremacistas de FANO habrían cometido diversos ataques y secuestros de población civil. Por último, cabe señalar un aumento de las tensiones en la zona fronteriza entre Gambellay Sudan del Sur, donde son frecuentes las incursiones de milicias de la etnia sudanesa murle a territorio etíope, atacando a la población por conflictos relativos a la posesión de pastos y campos de cultivo. Estas incursiones suelen ser respondidas por milicias anuaky nuer de Etiopía, entrando en territorio de Sudan del Sur quemando granjas y viviendas.
Un proceso de diálogo no inclusivo
Pero, aunque graves enfrentamientos se siguen repitiendo en todo el país, no es menos cierto que en los últimos meses se han producido diversos pasos para conseguir una paz duradera. El pasado 29 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobaba la creación de una Comisión Nacional de Diálogo. En febrero el Parlamento daba a conocer a los once miembros encargados del procedimiento.
Sin embargo, son pocos los que ven la creación de esta comisión como un paso válido hacia la paz. En primer lugar, por la negativa del gobierno de Abiy Ahmed a dialogar con su principal enemigo, el TPLF. El mismo presidente ha afirmado “este proceso de diálogo no debe ser confundido en ningún caso con un primer paso de cara a una posible negociación con el TPLF”, sino que el proceso debe servir “para abortar sus malignas conspiraciones”.
Por otra parte, la oposición política ha tachado la creación de la comisión de poco inclusiva y no transparente. Cabe recordar que un 90% de los diputados del Parlamento pertenecen al partido gubernamental liderado por Ahmed, el Partido de la Prosperidad. Una amplia mayoría conseguida en las elecciones del verano pasado, y en las que gran parte del país no pudo votar debido al conflicto o a los llamados a boicotear-las. La gran mayoría de partidos opositores ha criticado no haber sido invitados al diálogo. El Frente de Liberación de Ogaden ha tachado el proceso como un “asunto de partido único”, y el Frente de Liberación Oromo ha afirmado “no saber de qué se trata el proceso de diálogo”.
En paralelo a la creación de la Comisión de Diálogo, el gobierno anunció en enero un indulto de diversos presos políticos, entre ellos diversos antiguos altos cargos del TPLF como Sebhat Nega, uno de los fundadores del grupo. También fueron liberados históricos opositores como Eskinder Nega o el líder del Congreso Federalista Oromo Jawar Mohammed, detenido en julio de 2020 por los disturbios que siguieron al asesinato del cantante y activista . Poco después, el expresidente del Frente de Liberación Oromo, DawudIbsa, abandonaría el arresto domiciliario. A pesar de ello, miles de opositores políticos, periodistas y activistas siguen entre rejas en diversas cárceles de Etiopía.
Fortalecimiento de la estrategia diplomática con la comunidad internacional
Para muchos, estos pasos del gobierno hacia la paz, no son más que una fachada de cara a consolidar su poder y cambiar su imagen de cara a la comunidad internacional. El gobierno no está dispuesto a negociar los problemas estructurales del país, que para Ahmed pasan por un mayor centralismo, mientras la mayoría de fuerzas abogan por fortalecer el sistema de federalismo étnico que rige el país desde la derrota del régimen militar del Dergy la Constitución de 1994. A su vez, un diálogo nacional inclusivo, debería permitir la rendición de cuentas de los actos cometidos durante la guerra, lo que sin duda llevaría al gobierno al banquillo de los acusados por las matanzas y los diversos crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el último año y medio.
Legítimo o no, el proceso de diálogo ha fortalecido la figura de Abiy Ahmed durante los últimos meses. Este mismo marzo, Ahmed conseguía ser reelegido como líder del Partido de la Prosperidad, formación fundada por él mismo. En el primer congreso del partido asistirían miembros de diversos partidos extranjeros, destacando personalidades del gobierno ugandés o del Congreso Nacional Africano sudafricano. Representantes diplomáticos de otros países como China y Rusia también han visitado recientemente el país llegando a diversos acuerdos comerciales, y el presidente de Djibuti, Ismael Omar Guelleh, ha estado estos días en Adís Abeba con el fin de fortalecer los lazos regionales.
Por otra parte, la anunciada tregua humanitaria ha despertado los elogios de la Unión Europea y los Estados Unidos, muy críticos con el gobierno de Etiopia y dispuestos a implementar sanciones. Sea como sea, se trata de grandes pasos en la estrategia diplomática de Abiy Ahmed, quién necesita de apoyos o al menos de posiciones no-beligerantes de cara a enfrentar el conflicto latente con Egipto y Sudan, quienes se han mostrado muy críticos con el inicio de la generación de energía en la Gran Presa del Renacimiento que de un modo u otro afectará el flujo de agua del Nilo.
Es difícil presagiar que espera a Etiopia durante los siguientes meses, pero al menos la citada tregua es un respiro para una población civil muy afectada por el conflicto. El actual estado responde a un agotamiento de los contendientes y a una igualación en la correlación de fuerzas, pero cuesta de creer que el gobierno etíope acabe por aceptar una autonomía de Tigray que “de facto” ya se produce. Por otro lado, el conflicto sigue en el resto del país, y los enfrentamientos entre el OLF y el ejército federal están lejos de disiparse. En todo Etiopía se cuentan por decenas las milicias armadas que responden muchas veces a intereses de las élites étnicas, así como existen fuertes rencillas históricas derivadas de décadas de conflictos. El único camino hacia la paz solo puede derivar de un diálogo inclusivo que incluya a la totalidad de fuerzas del país y a representantes de la sociedad civil, y donde puedan discutirse los conflictos del país de un modo global y estructural.
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