Proyecto de enmiendas a la constitución bielorrusa: nuevo estatus para la Asamblea Popular y limitación del poder presidencial

El pasado 27 de diciembre se publicó el borrador de la nueva constitución bielorrusa para someterlo a debate nacional

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inició el proceso de reformas en la Ley Fundamental del país y llegó a asegurar que él no ejercería la presidencia con la nueva constitución. Las protestas de 2020 tras las elecciones presidenciales fueron un síntoma del gran descontento social y de la urgencia de cambios. Aunque la idea de enmendar la constitución partió del propio Lukashenko, Moscú ha insistido también en la necesidad de las transformaciones. En el mes de marzo de 2021 el mandatario bielorruso firmó el decreto para la creación de la “Comisión Constitucional”, un grupo de trabajo que tendría la misión de redactar las enmiendas.

Tras la publicación del proyecto, el pasado 27 de diciembre, las autoridades del país han pedido a la ciudadanía que envíe sus propuestas o comentarios sobre los cambios a los organismos estatales. El referéndum está programado para la segunda quincena del mes de febrero de 2022 y se considerará válido si vota a favor más del 50% del electorado y hay una participación superior al 50%. Lukashenko precisó días atrás que este borrador no es el texto definitivo y se tendrá en cuenta la opinión de la sociedad.

En septiembre, el gobernante bielorruso dio algunas pistas sobre las enmiendas: “Los cambios apuntan a armonizar y equilibrar la Constitución mediante la redistribución de los poderes del presidente, el parlamento y el gobierno y establecer un estatus constitucional para la Asamblea Popular de Bielorrusia”. Precisamente una de las cuestiones de mayor importancia en el proyecto de la nueva Ley Fundamental ha sido el papel que tendrá la Asamblea Popular de Bielorrusia, establecida por el propio Lukashenko en 1996, pero que según el texto publicado se convertiría en el “máximo órgano representativo de la democracia”. Se trata de una institución supraparlamentaria, cuya estructura legal se diseñará en el plazo de un año tras la ratificación de las enmiendas. 

La Asamblea Popular de Bielorrusia estará compuesta por 1.200 delegados que se reunirán por lo menos una vez al año y su mandato durará un lustro. El presidente en funciones, en este caso Lukashenko, se convierte automáticamente en delegado de esta institución, además de los representantes “de las autoridades legislativa, ejecutiva y judicial, sociedad civil, así como diputados locales”. Estos delegados se elegirán mediante votaciones, aunque por el momento no hay información sobre como llevarán a cabo. Será la Comisión Electoral Central –cuyo presidente y demás miembros serán designados por la Asamblea Popular– la que organice los comicios para elegir a los delegados. Además, no hay ningún tipo de restricción temporal para los representantes públicos que formen parte de esta Cámara. La Asamblea Popular de Bielorrusia contará con un Presidium que se escogerá mediante votación interna.

Entre los amplios poderes del nuevo organismo destacan:

  • Destituir al presidente si éste viola la Constitución o comete un delito de alta traición.
  • Determinar la dirección de las principales políticas del Estado (exterior e interior) y aprobar programas socioeconómicos.
  • Asumir las competencias del presidente y del Consejo de la República para nombrar y destituir a los jueces de la Corte Constitucional y Suprema.
  • Proponer enmiendas constitucionales y celebración de referéndums.
  • Considerar la validez de las elecciones.
  • Designación de los jueces del Tribunal Supremo y Constitucional.
  • Establecer decisiones vinculantes a agencias gubernamentales y capacidad de invalidar las decisiones de las mismas, siempre que no se trate de actos jurídicos. Aunque estos también podrán ser invalidados si la Asamblea dictamina que van contra la seguridad nacional.
  • Declarar el estado de emergencia, ley marcial y el despliegue de tropas en países extranjeros a petición del presidente

Otra de las principales innovaciones será la pérdida del poder del presidente. El próximo sustituto de Lukashenko solo podrá optar a dos mandatos de cinco años. Pero esta decisión entrará en vigor cuando un presidente sea recién elegido. Por lo tanto, esta limitación no afecta al actual dirigente bielorruso, con 27 años en el cargo, que podría seguir optando a dos mandatos más.


Para poder concurrir a la presidencia hay que tener al menos 40 años y vivir de forma permanente en Bielorrusia los 20 años anteriores a la celebración de los comicios –antes eran 10 años–. Todas aquellas personas que hayan sido condenadas “a privación de libertad” o sean designados incompetentes por un juzgado tampoco podrán presentarse. Los actuales líderes opositores no podrían ser candidatos a la presidencia con estas disposiciones.

Otra de las restricciones al poder presidencial será no tener facultad de emitir decretos con fuerza de ley. El borrador de la constitución también garantiza la inmunidad judicial de los expresidentes, en este caso Lukashenko, que no podrá ser juzgado por las decisiones tomadas durante su ejercicio del poder. El presidente no podrá ocupar otros cargos –en cambio los delegados de la Asamblea Popular sí– pero designará al primer ministro y dirigirá el Consejo de Seguridad. Asimismo, convocará las elecciones de la Cámara de Representantes, el Consejo de la República y los órganos representativos locales. Quedará prohibido recibir financiación del exterior para los procesos electorales.

Se cambia también el artículo donde se fijaba que la “República de Bielorrusia tiene como objetivo hacer de su territorio una zona libre de armas nucleares”; esta disposición es remplazada y en la nueva constitución se garantizaría la renuncia de Minsk a llevar a cabo cualquier agresión militar desde su territorio. También se eliminan las cláusulas sobre la «neutralidad» y el «estado no nuclear». De esta manera se podrían desplegar armas nucleares en territorio bielorruso. Lukashenko mencionó esta posibilidad, en referencia a las armas nucleares rusas, si la OTAN, tal y como declaró el secretario general de la Alianza, trasladase su armamento nuclear “al este de Alemania”.

Los ciudadanos estarán obligados a hacer “una contribución viable al desarrollo de la sociedad y del estado”, y el matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer.

La oposición bielorrusa ha rechazado estos cambios. La ex candidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya manifestó en cuenta de Twitter: “El proyecto de Constitución del régimen no les da a los bielorrusos una opción real. Permitirá que el dictador asegure el poder, controle la situación a través de la Asamblea Popular de Bielorrusia artificial y evitará el enjuiciamiento”.

Una de las cuestiones más comentadas sobre el borrador fue que establece la posibilidad de que Lukashenko pueda optar al cargo de presidente dos mandatos más. Sin embargo, no parece que esta opción sea demasiado realista teniendo en cuenta que la Asamblea Popular de Bielorrusia se constituirá como el organismo con mayores poderes de la República. Desde que el actual mandatario comentó cuáles serían las principales enmiendas, ha resonado con fuerza que el próximo destino de Alexander Lukashenko podría ser presidir la Asamblea Popular de Bielorrusia. Una medida que no contentaría a sus detractores internos, pero con la que Lukashenko conseguiría mantenerse en una posición privilegiada para seguir sosteniendo el control del país. Lo que sí es cierto es que con estas reformas se abre una brecha en los poderes de Bielorrusia, que desde las enmiendas de 1996, se concentraban en la persona de Lukashenko.

El presidente estará controlado por la Asamblea, pero con la diferencia de que éste sí será directamente elegido por la sociedad, mientras que el Presidium del nuevo organismo se designará mediante la votación de los delegados. La posibilidad de destituir a un presidente incómodo está en manos de la Asamblea, pero una decisión así no estaría exenta de polémica en un país en el que se mantiene el descontento social hacia las autoridades. El propio Lukashenko afirmó que había pensado en convocar elecciones anticipadas, una opción que él mismo descartaría ante el riesgo de nuevas protestas y desestabilización, manifestó. Hay que tener en cuenta también que una de las características de las presidenciales de 2020 fue que dos candidatos eran miembros del establishment político. En Bielorrusia, como en cualquier otro país, hay personalidades con ambición de alcanzar más poder y si Lukashenko termina su actual mandato, tendría 71 años.

En definitiva, los poderes del presidente de la Asamblea Popular de Bielorrusia serán de gran importancia si el texto se mantiene. Lukashenko tiene la posibilidad de seguir controlando en gran medida la política del país, y con la garantía de inmunidad vitalicia. Pero la elección directa del presidente por parte de la sociedad, aunque llegase a ser una figura designada por el actual mandatario, será un cierto contrapeso que hasta ahora Lukashenko no ha tenido.


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