La posibilidad de que la Unión Europea abandone su dependencia del gas ruso parece cada vez menos un objetivo propio y más un castigo impuesto. La reducción de las importaciones de gas ruso que Europa ha experimentado durante las últimas semanas, sumado a la pausa “temporal” del gasoducto Nord Stream 1 pone a prueba, una vez más, la integridad del mercado único y la propia Unión Europea.
La Unión, y la unidad, en riesgo
La seguridad energética de la propia Unión Europea se encuentra gravemente comprometida. Un total de 12 Estados miembros ya han sufrido disrupciones o cortes totales del suministro de gas procedente de Rusia y, de media, el volumen de gas ruso entregado a Europa durante los primeros 6 meses del año es aproximadamente la mitad que en 2021. Con el objetivo de tratar de evitar el desabastecimiento durante el próximo invierno, la UE adoptó a finales de junio un nuevo Reglamento que obliga a los Estados miembros a llenar sus reservas de gas hasta el 80% de su capacidad de almacenamiento para el 1 de noviembre, y hasta el 90% para noviembre de 2023. Ese objetivo debería permitir que la UE supere el invierno en caso de un corte total de suministro de gas ruso en los próximos meses, pero para alcanzarlo también es necesario contar con el mismo gas ruso que tanto se teme ahora perder.
El déficit de gas natural durante estos últimos meses de más de 30 mil millones de metros cúbicos (bcm) se ha compensado con 24 bcm en importaciones de gas natural licuado de diferentes proveedores. Pese a esto, la actual sustitución del gas ruso parece estar alcanzando su límite, forzando a la UE a plantear medidas que reduzcan la demanda de manera generalizada. Según estimaciones de Bruegel, la demanda deberá reducirse hasta el próximo verano en un 15% de media en la UE en comparación con la demanda media de 2019-2021. Ahora bien, el mercado europeo del gas presenta serias carencias en interconexiones, lo que supone que Estados con gran dependencia de las importaciones de gas ruso pueden verse obligados a imponer reducciones de la demanda de más del 50%, mientras que otros Estados podrán evitarlas por completo. Asimismo, las características climáticas del próximo invierno definirán la severidad del déficit de gas y de las medidas que, consecuentemente, se emprendan: un invierno especialmente largo y duro pondrá en jaque las reservas de gas europeas.
Algunos países, como Hungría y Alemania, ya han comenzado a movilizarse decisivamente para tratar de hacer frente al déficit de gas natural, pero la acción coordinada vuelve a presentarse como la estrategia a seguir para paliar las consecuencias más severas.
Save gas for a safe winter
Las perspectivas son sombrías para muchos Estados y muestran la diversidad en la gravedad de las circunstancias ante un corte total del suministro. Las simulaciones de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas (ENTSOG) estiman que un corte total este mes impediría a muchos Estados miembros alcanzar el objetivo del 80% para noviembre, dejando las reservas subterráneas a 10-20 puntos por debajo del objetivo. También se estima que anticipar una reducción generalizada de la demanda podría permitir mayor flexibilidad para mover más gas de oeste a este, reduciendo el riesgo de escasez más de un 50%.
La Comisión Europea presentará el miércoles 20 de julio su plan de emergencia “Save gas for a safe winter” para reducir la demanda doméstica de gas e imponer restricciones sobre el consumo allí donde sea necesario para garantizar el suministro energético de los hogares y sectores estratégicos. Actualmente, la UE se encuentra en fase de “alerta temprana”, pero se espera que avance a la fase de “alerta” a partir del mismo miércoles. Esto obligará a implantar reducciones de demanda de manera generalizada y optar por combustibles alternativos para determinados procesos industriales y la generación eléctrica.
Estas medidas pueden ser insuficientes para suplir el déficit de gas en Europa y será en ese momento cuando los Estados en situación de emergencia deban imponer restricciones en el suministro de determinados clientes. El borrador filtrado del plan de la Comisión recomienda incluir el impacto sobre la salud, la seguridad y el medioambiente, la protección y la defensa en la priorización de los sectores a la hora de considerar alterar su suministro. En cualquier caso, los hogares europeos, que representan más de un tercio del consumo total de gas en la UE, deberían librarse del impacto de las disrupciones del suministro de gas ruso.
El documento que se presentó el miércoles recoge también la necesidad de que los clientes protegidos acometan importantes reducciones de la demanda con el fin de evitar imponer restricciones en el suministro de clientes industriales, lo cual podría provocar “cuellos de botella, presiones inflacionarias y reducir la cobertura ante riesgos imprevistos.”
Un sacrificio común pese a las grandes diferencias
La prensa europea ha recogido estas últimas semanas multitud de titulares advirtiendo de la posibilidad de que países como España se vean obligados a implantar medidas de reducción del consumo pese a su limitada dependencia de las importaciones de gas ruso. Esto se debe, principalmente, a las obligaciones de solidaridad que establece el Reglamento sobre seguridad del suministro de gas de 2017. Este introduce, por vez primera, un mecanismo de solidaridad en materia de suministro de gas que permitiría que Estados miembros en situación de emergencia puedan recurrir a la ayuda de otros Estados con el fin de garantizar el suministro de los considerados “clientes protegidos”.
La definición de “clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad” es limitada por el Reglamento a los hogares, si bien permite incluir algunos servicios básicos como la sanidad, los servicios sociales esenciales, o los servicios de emergencia y seguridad en condiciones específicas. Es vital entender que los Estados miembros que puedan ser requeridos a proporcionar su solidaridad, tan solo podrán serlo una vez el Estado que sufre la situación de emergencia haya implantado todas las medidas de su plan nacional de emergencia, incluyendo la reducción o interrupción del suministro de aquellos clientes no protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad. En ese supuesto, España podría verse obligada a implantar reducciones de la demanda de gas con el fin de garantizar el suministro de clientes protegidos en otros Estados miembros. No obstante, las insuficientes interconexiones que cuenta España con otros Estados miembros —España solo tiene capacidad para enviar 7 bcm al año a través de su interconexión con Francia— dificultan enormemente que el país ibérico sea la opción más ventajosa para ofrecer solidaridad a Estados en situación de emergencia, en especial los de Europa central y oriental.
Durante los últimos meses y tras repetidas solicitudes por parte de la Comisión Europea, varios Estados miembros han decidido poner en papel su compromiso de ofrecer solidaridad mutua en situaciones de emergencia que pongan en peligro el suministro de gas de los clientes protegidos. El pasado 11 de julio, Alemania y la República Checa firmaron un acuerdo de tales características, que se suma a los otros 2 acuerdos similares que el país germano concluyó con Dinamarca y Austria. Asimismo, Lituania y Letonia; Estonia y Letonia; Finlandia y Estonia; e Italia y Eslovenia también han concluido dichos acuerdos de asistencia mutua.
La solidaridad cuestionada
Las posibles interrupciones en el suministro de gas de sectores no considerados como prioritarios por el Reglamento de 2017 han comenzado a generar debate en el sector industrial, el cual representa un 20% de la demanda total de gas en la UE. El vice canciller alemán, Robert Habeck, alertó el pasado 12 de junio en Viena de la necesidad de que los clientes protegidos por la normativa europea hagan también sacrificios antes las “masivas consecuencias” que tendría interrumpir durante un largo periodo la producción industrial.
Lo cierto es que la normativa europea no considera prioritario la protección del suministro de gas de sectores claves para la economía de múltiples países miembros, pero tampoco se adoptó con la perspectiva de hacer frente a interrupciones completas o de larga duración del suministro de gas. La situación ha llevado a algunos políticos europeos a cuestionar el principio de solidaridad, exigiendo que los Estados no sean obligados a enviar parte de su suministro de gas a otros Estados para proteger a clientes protegidos que no han hecho un buen uso de sus recursos energéticos durante estos meses de gran escasez. La posibilidad de que Rusia cierre permanentemente o durante un largo periodo el suministro de gas a Europa, o a algunos de sus mayores consumidores, ha llevado a cuestionar la eficacia del Reglamento de 2017. La solidaridad europea y la necesidad de reforma de la normativa europea vigente se debatirá en una reunión extraordinaria de los ministros europeos de energía que tendrá lugar en Bruselas el próximo 27 de julio.
Prepararse para el golpe final
El flujo de gas ruso a Europa disminuye cada vez más. Todos los gasoductos que conectan Rusia con la UE presentan flujos reducidos, a excepción de Turkstream, y no hay razón para creer que esto cambiará. Una de las principales vías de interconexión, el gasoducto Nord Stream 1, se encuentra paralizado debido a tareas de mantenimiento que deberían concluirse en torno al 22 de julio, pero cada vez parece más probable que Gazprom, el monopolio gasístico ruso, no reactive el flujo de gas tras esta pausa programada.
La respuesta europea ante la situación actual ya está en marcha, pero independientemente de lo efectiva que sea, las directrices que la Comisión presentó el miércoles son tan solo pautas para los Estados. El desafío será, por tanto, lograr la coordinación de los gobiernos europeos para su implementación y así garantizar la protección de los sectores más vulnerables y la integridad del propio mercado único.
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