¿La luz al final del túnel? El proceso de paz en Sudán del Sur

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Con apenas nueve años de independencia, Sudán del Sur es el Estado más joven del mundo. Alcanzó su independencia en el mes de julio de 2011, tras un breve período de transición bajo un régimen autonómico, al que se habían llegado tras más de 20 años de guerra de independencia. El acuerdo que abrió el camino a la autodeterminación autorizó la celebración de un referéndum de independencia, celebrado entre el 9 y el 15 de enero de 2011. Los sursudaneses dieron el “sí” a la secesión, opción que resultó vencedora, con el 98% de los sufragios emitidos. Por su parte, la región fronteriza de Abyei, se mantendría a la espera de celebrar otro referendo, en el cual sus habitantes decidirían en qué nación decidirían integrarse.

Con la independencia se decidió que el sur, rico en petróleo (extraía el 85% del total del petróleo de Sudán), mantendría el control y la extracción en los pozos petrolíferos, así como el transporte a través de los oleoductos y su exportación, a través de Port Sudan, en el mar Rojo; por su parte, el norte recibiría el 50% de los beneficios. El nuevo país asumía la independencia bajo la dirección del frente que había liderado la lucha por la autodeterminación, el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA, por sus siglas en inglés). Los dos principales líderes del SPLA, Salva Kiir y Riek Machar, asumieron los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente. La independencia trajo esperanzas a la región, desgarrada después de décadas de conflictos constantes entre el norte y el sur. Sin embargo, la rivalidad entre los dos hombres fuertes del nuevo país no tardaron en aflorar, estallando en diciembre de 2013. El presidente Kiir decidió entonces destituir a todo su gabinete, acusando al vicepresidente Machar de planificar un golpe de Estado. La violencia entre partidarios de Kiir y partidarios de Machar no tardó en tomar las calles, y se registraron violentos choques en la capital del país, Juba. El enfrentamiento entre ambos líderes reactivó el conflicto étnico, especialmente entre los dinka y los nuer. En torno a 60 grupos étnicos viven en Sudán del Sur, siendo los dinka (grupo al que pertenece el presidente Kiir), el más numeroso, representando alrededor del 36% de la población; por su parte, los nuer (grupo al que pertenece Machar) es el segundo más significativo, al suponer casi el 16% de la población de Sudán del Sur.

El vicepresidente, Riek Machar
El presidente Salva Kiir

Ambos contendientes se culparon mutuamente de la violencia, a medida que continuaba la lucha por el control de las regiones con mayores yacimientos petrolíferos. La sociedad internacional se mostró inoperante para poner freno al conflicto. Los intentos colectivos para mediar en el conflicto de la IGAD (Autoridad Gubernamental para el Desarrollo) en África del Este, fueron completamente infructuosos, mientras que sus miembros alentaban a las partes de manera individual: así, se acusó a Sudán de dar apoyo a las fuerzas de Machar, al tiempo que se desplegaban tropas ugandesas en el país para apoyar a Kiir.

Con el fin de detener el conflicto se hizo necesaria la intervención de Naciones Unidas, junto con la llamada “Troika” (Estados Unidos, Reino Unido y Noruega), China, la Unión Europea y la Unión Africana. La presión internacional para poner fin a la guerra se incrementó en medio de una emergencia humanitaria con más de un millón de refugiados que escaparon a los países vecinos, como República Democrática del Congo. Sin embargo, no es de extrañar que el proceso de paz se dilatase debido a la carrera por el control de las regiones petrolíferas, en un país cuya economía depende exclusivamente de la extracción de crudo (el 98% del presupuesto anual del gobierno de Sudán del Sur proviene del petróleo).

El primer acuerdo fallido

En 2015 se alcanzó finalmente a un compromiso en la capital de Etiopía, Addis Abeba, si bien con grandes reticencias por ambos contendientes. El acuerdo de paz estipulaba que los dos ejércitos (el SPLA de Kiir, que actuaba como Ejército nacional, y el SPLA-IO, el Ejército por la Liberación de Sudán-En la Oposición de Machar) se unificarían bajo único, así como la formación de un gobierno de unidad nacional.

El nuevo acuerdo era frágil e inestable desde el comienzo, y ya antes de ponerse en práctica se demostraba que el entendimiento entre ambos líderes sería complicado: avivando el conflicto étnico y buscando aumentar el control de los dinka sobre las regiones ricas en petróleo, el presidente Kiir emitió un decreto el día de Nochebuena de 2015 mediante el cual se reconfiguraba la división territorial del país, pasándose de los 10 estados acordados en Addis Abeba a 28.

La decisión presidencial provocó un enorme malestar no solo en los nuer. Otras etnias se opusieron también al acuerdo, como los shilluk, tribu del norte del país y aliados del presidente, que tras publicarse el decreto se alzaron en armas contra el gobierno. La formación del gobierno de unidad nacional también estuvo salpicada por la polémica: según lo acordado en Etiopía, el gobierno estaría formado por Kiir, que continuaría al frente del Ejecutivo, y un candidato del SPLA-IO como vicepresidente. Incomprensiblemente, Kiir devolvió la vicepresidencia en abril de 2016 a Machar, reeditándose el gobierno bajo el cual habían comenzado las hostilidades. Por si fuera poco, pese al alto al fuego, las tensiones inter étnicas continuaron: se denunció la expropiación masiva de ganado a los nuer por los dinka (en el Sudán del Sur rural, el ganado es utilizado como moneda de cambio, es clave para el sustento y es todo un símbolo de estatus).

Pese a que Juba se convertiría en zona desmilitarizada según el acuerdo, las milicias de Kiir acamparon en los aledaños de la ciudad, a la espera del desarrollo de la implantación del acuerdo. Como se temía, en el verano de ese año se reanudaron los combates, con violentos choques en la capital, después de que Machar acusara a Kiir de intentar asesinarlo. La reanudación de los combates forzó a Machar a escapar al exilio.

Los constantes choques entre líderes fueron el blanco del informe que emitió la ONU en diciembre de ese año. El durísimo informe acusaba a ambos de cometer graves violaciones de los derechos humanos, que incluían el reclutamiento de niños soldado (unos 16.000 hasta entonces, según UNICEF), la quema intencionada de cultivos, los secuestros, las ejecuciones sin proceso judicial y las violaciones. Según han denunciado algunos analistas, la violencia contra los civiles no han sido daños colaterales fruto de la guerra, sino parte de la estrategia militar de los contendientes. Al mismo tiempo, acusaba a ambas partes de atacar refugios y áreas seguras para civiles, como hospitales y bases de las Naciones Unidas. Con todo, Kiir agravó el conflicto, al ampliar la división territorial en enero de 2017, pasando el país de 28 estados a 32.

La situación se hizo todavía más insostenible a principios de 2017. Un año antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido en un informe el serio riesgo que corría el país de caer en una hambruna. Las previsiones se cumplieron, declarándose la hambruna en febrero, como consecuencia de la sequía, el conflicto armado y el colapso económico nacional. La comunidad internacional incrementó su ayuda humanitaria a partir de marzo con el objetivo de paliar sus efectos, pero para mayo, un informe del IPC (Integrated food security Phase Classification) estimaba que, al menos, el 45,5% de la población (unos 5,5 millones de personas) sufrían de inseguridad alimentaria.

Campo de refugiados en Wau (Bar El Gazal Occidental), al noroeste del país.

Pese a la hambruna, el conflicto continuó. Las tropas de Kiir llevaron la iniciativa y lograron grandes éxitos militares a lo largo de ese año, capturando la capital de los shilluk, Kodok, en abril, mientras que en agosto sus tropas entraban en Pagak, sede del cuartel general de las fuerzas de Machar. Además, el año antes había logrado la adhesión del segundo al mando en el SPLA-IO y cuñado de Machar, Taban Deng Gai, al que nombró vicepresidente, bajo acusaciones de alta traición por parte de sus antiguos camaradas. Sin embargo, el propio Kiir sufrió también numerosas dimisiones y deserciones, como la del teniente general Thomas Cirillo, que renunció y fundó el Frente Nacional de Salvación o NAS, que se enfrentó a los dos bandos a la vez.

El nuevo acuerdo

Pese a la proliferación de nuevas facciones, las presiones externas permitieron que esta aparición acabase momentáneamente, cuando nueve facciones rebeldes crearon la South Sudan Opposition Alliance (SSOA) en marzo de 2018, que no tardaría en abrir negociaciones con el gobierno. En junio comenzaron en Addis Abeba nuevas conversaciones de paz entre Machar (que había permanecido en arresto domiciliario en Sudáfrica) y Kiir. Con el fin de asegurarse el éxito de las negociaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en julio la resolución 2428 (2018), decretando el embargo de armas sobre el país.

Con una economía destrozada y con graves protestas internas, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, se convirtió de la noche a la mañana en un gran patrocinador de la paz. Después de haber estado alentando al conflicto con apoyo a los rebeldes, la paralización de la extracción y exportación del petróleo sursudanés había supuesto un grave perjuicio para la economía del vecino del norte. Debido a ello, a nadie le extrañó que al-Bashir, sumido en una grave crisis interna con subida de precios y deseoso de poder optar a préstamos internacionales (que solo podía obtener si lograba salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo del gobierno de los Estados Unidos), se presentase como un líder conciliador y como potencia clave en la región. Con ello, al-Bashir logró, junto con el presidente Yoweri Museveni de Uganda, que ambos líderes firmasen un alto el fuego en la capital de Sudán, Jartum, a finales de junio.

El nuevo acuerdo estipulaba la creación de corredores humanitarios para paliar los efectos de la hambruna, la liberación de prisioneros y la creación de un gobierno de unidad nacional transitorio, que debía crearse en el plazo de 4 meses y con un mandato para gobernar el país durante los siguientes 36. Con el fin de supervisar el acuerdo, se acordó el despliegue de fuerzas de la Unión Africana y de la IGAD (algo que suscitó la oposición de Machar) y se crearía una comisión internacional que fiscalizaría la actividad del gobierno. Adicionalmente, se descartó la idea de establecer tres capitales en el país que paliasen el conflicto étnico.

Al igual que el anterior, este acuerdo comenzó frágil, ya que a las pocas horas de firmarse, se reanudaban los combates con una ofensiva gubernamental en la ciudad occidental de Wau. Además, inexplicablemente, se reconstituía el mismo gobierno que había fallado en 2013 y 2016, con Kiir en la presidencia y Machar en la vicepresidencia, por lo que era de esperar que algunas facciones rebeldes, disconformes con el reparto de poder, se opusieran al acuerdo, como el NAS de Cirillo. Por si fuera poco, Machar declaró que no firmaría nada hasta que no recibiese garantías en algunos puntos candentes, como la división territorial y su seguridad.

No obstante, el proceso continuó, y el 13 de septiembre ambas partes firmaban en Addis Abeba un acuerdo de 122 páginas mediante el cual finalizaban formalmente cinco años de conflicto, conflicto que había dejado 400.000 muertos, más de un millón de desplazados, cinco millones en riesgo de hambruna y la economía nacional en ruinas. El retorno de Machar a Juba estaba previsto para mayo de 2019; sin embargo, Machar no lo hizo y solicitó una prórroga de seis meses para regresar, ya que temía por su propia seguridad. Dicha prórroga le fue concedida. Por su parte, las facciones que no se habían acogido al acuerdo o a la amnistía gubernamental continuaron con su ofensiva, con combates en el estado meridional de Yei en febrero, provocando una nueva oleada de refugiados a la vecina República Democrática del Congo.

La fecha límite para el nuevo gobierno estaba marcada para el 12 de noviembre de 2019, plazo que se veía difícil de cumplir. Para esa fecha, la seguridad, especialmente en Juba, seguía sin garantizarse, con los soldados del SPLA-IO abandonando sus acuartelamientos debido a la falta de medicinas y alimentos. Por su parte, Kiir se negaba a renunciar a la división territorial del país en 32 estados, por lo que Machar se negaba a regresar y formar parte del gobierno. Las tensiones entre ambos líderes se incrementaron, con Kiir amenazando a Machar de excluirlo del gabinete y reanudar los combates. La mediación del presidente ugandés evitó que este nuevo acuerdo se rompiese, otorgándose una segunda prórroga de 100 días. Finalmente, el acuerdo se cumplió in extremis, cuando a principios de febrero de 2020 Kiir aprobaba el retorno a la estructura territorial de antes de la guerra. Así, el 22 de febrero ambos líderes culminaban la formación del nuevo gobierno, retornándose al mismo gabinete bajo el cual había comenzado la guerra seis años antes.

Conclusiones del acuerdo

El temor a la extensión del conflicto al resto de la zona y el estallido de una guerra regional fueron de las principales razones para el redoblamiento de la presión internacional para que ambas partes decidiesen negociar. Después de varios años de combates y un acuerdo similar fallido, no es de extrañar que el retorno, por segunda vez, al mismo gobierno bajo el cual comenzó el conflicto, suscite desconfianza. Salva Kiir continuará al frente del ejecutivo, con Riek Machar en la primera vicepresidencia, y, pese a los mensajes de reconciliación y reconstrucción lanzados por ambos, los sursudaneses temen un nuevo estallido de la violencia, cuyo riesgo es elevado.

Seis de los nueve años de independencia de Sudán del Sur han estado ocupados por la guerra civil, en los cuales las atrocidades y la falta de respeto a los derechos humanos han sido constantes. El germen de este conflicto es la ambición de ambos líderes por alcanzar mayores cotas de poder, y por ende, mayor control sobre los recursos petrolíferos del país, principal fuente de ingresos de la nación. La lucha por las regiones ricas en petróleo, que ambos líderes buscaban controlar, sumado a la rivalidad inter étnica, han dificultado a lo largo de estos años la consecución de un entendimiento. La división provincial en 28, y posteriormente, en 32 estados, cuyo fin era aumentar el poder de la etnia mayoritaria del país, los dinka, formó parte de la estrategia del presidente Kiir para asegurar su control sobre el país, y en especial sobre las principales regiones productoras de hidrocarburos.

El desigual reparto del poder y los recursos en un país con una diversidad como la de Sudán del Sur ha ayudado también a la extensión del conflicto, razones por las que la comunidad internacional temiese una extensión del conflicto al resto de la región. Es por ello que uno de los puntos más importantes del acuerdo sea la creación de una comisión internacional de control al gobierno y el despliegue de fuerzas internacionales que actúen de contrapeso a la constante rivalidad entre Kiir y Machar y, en extensión, al enfrentamiento inter étnico. No obstante, los mecanismos de mediación y de interposición entre ambos bandos deberán ser más decididos para evitar la reanudación de los combates, para evitar caer en los mismos errores y fracasos de los años 2015 y 2016. Sin embargo, una de las posibles soluciones sobre la mesa para la rivalidad, y que se viene demandando desde hace años, es el relevo generacional. El propio Taban Deng Gai, ex alto cargo del SPLA-IO y actual tercer vicepresidente del país, admitió en una entrevista concedida al Sudan Tribune en 2016 que era preciso “dejar el poder a las personas más jóvenes”, solución que ya ambos líderes rechazaron. Sin embargo, un nuevo liderazgo, libre de las antiguas rivalidades entre los principales líderes, podría ser el camino para la consecución de la paz y el fin de las hostilidades.

Los nuevos problemas a los que se enfrenta el país (la lucha contra la pandemia del coronavirus y la grave plaga de langostas que ha arrasado los cultivos del África oriental, por lo que se teme que la fuerte hambruna que sufre el país se recrudezca) han puesto tregua entre ambos líderes, pero el riesgo de la reedición del conflicto sigue latente. Por ello, habrá que ver si la división territorial en 10 estados se mantiene (evitando una mayor concentración de poder en los dinka, y por extensión, en Kiir) y si ambos líderes mantienen sus rivalidades aparcadas y abren paso a las nuevas generaciones para la reconstrucción y reconciliación en el país.

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