En el Reino de los Señores de la Guerra

“¡Perded toda esperanza los que entráis!”. (De Infierno Canto III, sentencia 7-9, La Divina Comedia, Dante Alighieri).

En el corazón del continente, África tiene una herida por la que se desangra desde hace más de 5 años y esa herida se llama República Centroafricana. La precaria situación de seguridad de la incipiente nación favorece la inestabilidad permanente, lo que supone un obstáculo enorme de cara a cualquier iniciativa que busque consolidar estructuras estatales más allá de su capital Bangui, así como para su propio desarrollo económico. Pero el conflicto centroafricano constituye además un mal endémico regional: la posición geográfica central de la República que comparte fronteras con países que afrontan graves problemas de seguridad: Chad, Sudán, Sudán del sur, República Democrática del Congo y Camerún; la convierten en un territorio estratégico para la región, corredor clave para combatientes y mercenarios.

La República Centroafricana ostenta el dudoso honor de iniciar el descenso más rápido a los “infiernos” para convertirse en el país más pobre del mundo, desde luego es uno de los más inestables, a merced de innumerables señores de la guerra que han hecho del conflicto permanente y la actuación criminal su lucrativo modo de vida. Los grupos criminales campan a sus anchas, bandas que se han gestado al calor de la depredación de las sucesivas élites políticas y a una ausencia casi total del aparato del estado en la mayor parte del país. Los líderes de los grupos armados, con el fin de legitimar su actuación, han alimentado un artificioso conflicto religioso entre cristianos y musulmanes, y disputas entre comunidades que incluso llegaron a la limpieza étnica. Mientras tanto, estos grupos sacan partido de negocios criminales tales como el contrabando de diamantes o la explotación ilegal de otros recursos naturales, llegando a convertir la violencia en un negocio rentable.

Desde el punto de vista humanitario, esta situación genera una catástrofe sin precedentes que a finales de 2017 ya había provocado la huída de 1,1 millones de personas; una cuarta parte de la población total. Dicha crisis amenaza con extenderse por toda la región y cronificarse en el tiempo. Con el presente artículo trato de desentrañar las claves de un conflicto tan complejo como dinámico e imprevisible.

Antecedentes Históricos

El territorio que ocupa la actual República Centroafricana históricamente albergaba el sultanato esclavista de Dar al-Kuti que ya en el siglo XIX fue sustituído por la dominación francesa. Los nuevos administradores coloniales favorecieron algunos grupos étnicos sobre otros: como sucedió con las poblaciones ribereñas del sur como los Ngbaka (Mbaka), los Yakoma y los Ubangi, a partir de los cuales formaron las élites dominantes en el país, en detrimento de otras comunidades del norte que se han sentido desde entonces discriminadas.

La República Centroafricana, denominada Ubangi-Shari durante la colonización, consiguió su independencia de la metrópolis francesa en 1960. No obstante, nunca ha dejado de permanecer en la órbita de ese difuso espacio del continente africano de especial interés geoestratégico para el país galo llamado Françafrique. El país se encuentra en una posición clave en el continente ya que se extiende a lo largo de dos líneas de fractura del continente: una que separa el mundo árabe con el africano y otra que delimita las zonas de expansión del cristianismo y otras religiones animistas del islam. Si trazamos una línea imaginaria entre territorios de población mayoritaria de una de éstas religiones mencionadas, seguiría una ruta que va desde África occidental, atravesando Nigeria, pasando por el extremo norte de República Centroafricana, Sudán del Sur, bordeando Etiopía por su extremos sur para terminar en Somalia. Por ello, no sorprende que a lo largo de esta línea desplieguen su actividad muchos grupos armados como Boko Haram o Al Shabah y algunos otros más que utilizan el elemento religioso como factor identitario y motivador de su lucha armada.

El primer presidente de la joven nación fue David Dacko, quien llegó al poder a través de un golpe de estado respaldado por Francia. Posteriormente, en el año 1965 Dacko fue derrocado por su primo; el coronel Jean-Bedel Bokassa que gobernó de manera dictatorial, proclamándose incluso emperador y convirtiéndose al islam para obtener el favor del líder libio Muammar el Gadafi. El mandato del infame dictador Bokassa se caracterizó por los graves abusos y violaciones de derechos humanos y en el año 1979, Francia ya había rebajado bastante su apoyo al dictador, lo que se materializó en un golpe de estado en su contra, reponiendo en el poder a Dacko nuevamente. En 1981, el general André Kolingba se alza al poder mediante un nuevo golpe. Nuevamente, Francia tuteló el proceso transicional desde el presidente Kolingba a Ange-Félix Patassé.

En mayo de 2001, Patassé sofocó un intento de golpe de estado con el apoyo de combatientes del líder rebelde de República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba y milicianos libios. La represión posterior fue de tal magnitud como para ser calificada de crimen de guerra. El posterior gobierno del militar François Bozizé fue apoyado por la antigua colonia francesa y coincidió con un período de inestabilidad, favorecido por la complicada situación regional en los países vecinos de Chad, Sudán y República del Congo, hasta la firma del acuerdo de paz en Birao el 13 de abril de 2007. Bozizé resulta elegido nuevamente en unas elecciones que son calificadas de pantomima por la oposición.

En el año 2013, se produce el enésimo golpe de estado. Un grupo de rebeldes se había unido desde el año 2012 en una coalición denominada Séléka ( “alianza” en el idioma local Sangho) con la religión musulmana y la etiqueta de minoría oprimida por la mayoría cristiana como factor identitario. Séléka estaba formada por combatientes musulmanes con fuertes vínculos transfronterizos con Chad y Sudán (mercenarios chadianos y sudaneses, éstos últimos dirigidos por el general Moussa Asimeh, acusado de genocidio por crímenes en Darfur) de la región fronteriza del noreste de República Centroafricana. Desde su origen no obstante, se reveló que poco más que el ansia de poder y riqueza y un fuerte deseo de venganza motivaba la unidad de los líderes de este grupo. De hecho, posteriormente este grupo va a experimentar numerosas divisiones en los años 2013-14. Bozizé cae en marzo de 2013 y parte hacia el exilio, momento a partir del cual la República Centroafricana se ve inmersa en una espiral de caos y anarquía que llega hasta nuestros días.

La actuación de la coalición séléka recibió una amplia condena por parte de la comunidad internacional. Además, la nueva administración se planteó revisar los contratos de explotación minera firmados por el anterior mandatario con compañías chinas y sudafricanas. Como respuesta a la insurgencia de los Séléka, se forman las milicias antibalaka (“anti machete” o antibalas de AK 4” – “anti-balles-AK” en lenguas locales). Tienen la creencia generalizada de que los amuletos y objetos que portan les protegen de las balas para combatir a los primeros y a las comunidades musulmanas en general. En sus inicios, estas milicias se organizan en la capital Bangui, en el año 2013 en torno a grupos de milicianos cristianos y animistas motivados por la agitación del imaginario histórico popular de respuesta frente a las expediciones esclavistas de los musulmanes del noreste así como a la frustración por su prevalencia en los sectores del comercio y la minería. La agitación del factor identitario religioso alcanza su punto álgido bajo el mandato del derrocado presidente Bozizé, que lideraba una iglesia evangélica durante su mandato y posteriormente fue uno de los principales patrocinadores del movimiento anti-balaka desde el exilio. Aunque el elemento religioso no parece estar en la raíz del conflicto centroafricano, una consecuencia directa de dichas tensiones ha sido los elevados niveles de violencia sectaria que se han producido durante la guerra.

El conflicto deriva en la anarquía

El actual conflicto que asola la República Centroafricana tiene unos contornos que refleja la competición por acceder a los recursos naturales, el control del comercio y las redes financieras y la identidad nacional y étnica. Antes del conflicto, la población centroafricana se distribuía aproximadamente entre el 85% de población cristiana y animista y el 15% de población musulmana.

Como indiqué anteriormente, François Bozizé es derrocado en el año 2013 por la alianza séléka, que controla el país llegando a las puertas de Bangui. Bozizé se ve obligado a firmar un acuerdo de paz cuya duración es exigua ya que el 24 de marzo de 2013, séléka aúpa al militar Michel Djotodia al poder. El gobierno de Bangui era incapaz de mantener el orden más allá de la capital y se sucedían los ataques a la población cristiana y a las iglesias, lo que llevó al presidente Djotodia a ordenar la disolución del grupo armado séléka, aunque muchos comandantes de esta milicia ignoraron la medida demostrando la falta de autoridad del líder de la coalición sobre éstos dado que operaban con bastante autonomía debido a su origen sudanés o chadiano. Por otro lado, tanto Djotodia como la coalición séléka que lideraba, desde su llegada al poder, demostraron carecer de agenda más allá de derrocar al presidente Bozizé y depredar los recursos naturales del país.

Como ya es sabido, esta situación provoca la reacción de los antibalaka, originariamente nacidos en la década de los 90 para proteger a la población de bandidos y delincuentes, y el estallido de la violencia entre ambos grupos, que ven en esta situación una oportunidad única para instrumentalizar las diferencias religiosas en su provecho. La violencia sectaria causa miles de muertos y provoca el desplazamiento de más de un millón de personas a lo largo del país. Como telón de fondo de este conflicto fratricida está la explotación de áreas ricas en recursos minerales, qué es la verdadera razón de ser del conflicto que se revela más intenso en estas regiones.

Los séléka son obligados a abandonar Bangui ante el empuje de las milicias antibalaka en enero de 2014. En su lugar, ocupan sus reductos en el norte y noreste del país donde obtienen recursos de la explotación de las minas de oro y diamantes. Por su parte, los antibalaka se asientan en la región suroeste donde hay importantes minas de diamantes. Ambos grupos utilizan la limpieza étnica contra los miembros de la comunidad rival, produciéndose masacres de cristianos o musulmanes en función del territorio y qué grupo lo controla.

La presión internacional obliga a Djotodia a dimitir en enero de 2014 y es sustituído por la dirigente Catherine Samba-Panza que ocupa el cargo de presidente de manera transitoria. El panorama no obstante es desolador: unas Fuerzas Armadas inoperantes cuyos miembros además en no pocos casos tienen nexos con los grupos armados irregulares. En medio de la anarquía, la seguridad de la población queda en manos de diferentes misiones internacionales que menciono más adelante.

El 23 de julio de 2014, los grupos armados antibalaka y antiguos séléka (más adelante hablaré de la evolución de éstos grupos) firman un acuerdo de cesación de hostilidades aunque siguen actuando con gran intensidad en buena parte del país y son los responsables de un buen número de atroces violaciones de derechos humanos cometidas contra la población civil y episodios de limpieza étnica, lo que ha profundizado la brecha y la animadversión entre las diferentes comunidades que pueblan el país. El conflicto que estalló en 2013, en muchas ocasiones lo que ha venido es a reactivar viejas tensiones subyacentes, relacionadas con la competición por el uso de los recursos, como por ejemplo la existente entre las comunidades de granjeros y los ganaderos trashumantes del grupo Mbororo (subgrupo de los peul o fulani); que ha resultado en violencia y desplazamiento para los miembros de este último grupo a manos de los antibalaka; lo que a su vez ha causado que algunos hayan terminado uniéndose a las filas de los grupos ex-Séléka.

El papel de las misiones internacionales y los actores regionales

Con la llegada al poder de Djotodia se marca el punto de partida de las misiones internacionales, debido a la falta de control de éste sobre el territorio y las enormes dimensiones que estaba alcanzando la crisis humanitaria. El 5 de diciembre de 2013, las Naciones Unidas aprueban la Resolución 2127/2013, autorizando el despliegue de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana (MISCA), apoyada por una fuerza militar francesa. Esta misión de apoyo recibió el nombre de Operación Sangaris.

A su lado, la misión EUFOR RCA se constituye de manera temporal el 10 de febrero de 2014 para prestar apoyo temporal a las misiones ya citadas, estabilizar algunos de los sectores más peligrosos de la capital y dar el relevo al despliegue de Naciones Unidas (MINUSCA). En esta misión, unidades del ejército y la Guardia Civil de España tuvieron un papel destacado.

Unos 9.000 soldados aproximadamente se revelaban claramente insuficientes para mantener el orden en un país del tamaño de Francia y de población muy dispersa. Rápidamente se tomó conciencia por parte de todos lo actores implicados; República Centroafricana, Unión Africana y Naciones Unidas, de la necesidad de un enfoque integral en el mantenimiento de la paz en el que la protección de los civiles fuese la principal prioridad. La Resolución 2149/2014 del Consejo de Seguridad habilita el lanzamiento de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana MINUSCA, autorizando el despliegue de un máximo de 12.000 efectivos. Para expertos en la región como el teniente coronel Jesús Díez alcalde la misión nació en 2014 marcada desde un primer momento como insuficiente para frenar el caos y la violencia que se había ya extendido a lo largo de todo el país; con la grave amenaza de cronificar la situación de la división del país por razones sectarias y el imperio de los grupos armados y los señores de la guerra.

Casi cuatro años después, la situación no es muy halagüeña y la tarea de la MINUSCA puede calificarse haciendo un símil cinematográfico de “Misión Imposible”. La Misión ha sido renovada por la Resolución 2387 (2017) del Consejo de Seguridad, ampliando el mandato de la misma hasta el 15 de noviembre de 2018. Pese a que a lo largo de 2017 se han producido tímidos avances en el despliegue de la autoridad del estado a lo largo del país, la violencia persiste de manera generalizada. La culpa de ello es achacable en gran medida al empleo de una retórica incendiaria, la estigmatización étnica y la manipulación religiosa por parte de políticos y medios de comunicación, creando un caldo de cultivo propicio para la reactivación del conflicto. Si bien ha disminuido la violencia entre comunidades, los enfrentamiento entre grupos armados y milicias de autodefensa han aumentado en los últimos tiempos, especialmente en las áreas donde se producen movimientos migratorios estacionales. Queda claro que la carrera por dominar territorio y acceso a los recursos naturales es el principal factor causante de la violencia entre los diferentes grupos armados.

Al oeste del país, coincidiendo con la reapertura de los corredores de trashumancia, la fuerzas antibalaka se han enfrentado a grupos de pastores de etnia fulani en la prefectura de Mambéré-Kadéi después de que miembros de este grupo saquearan poblaciones cerca de Gamboula asesinando a civiles. La MINUSCA ha tenido éxito en terminar con la presencia de grupos armados como 3R en Bocaranga y el Movimiento Patriótico por Centroáfrica MPC en Bang (luego me referiré más en detalle a estos grupos), logrando que los primeros firmaran un acuerdo con las milicias antibalaka locales en Bouar, para terminar con la espiral de violencia en la región.

En el lado negativo, surgen nuevos grupos como escisiones de los ya existentes como el Movimiento Nacional para la Liberación de Centroáfrica (MNLC), surgido del MPC, en pugna con otros grupos para hacerse con el control del territorio y las rutas de comercio en la esquina oeste del país. En otras prefecturas como la de Ouham más al este, los combates entre las milicias antibalaka y los grupos ex-séléka provocaron la destrucción de poblaciones e importantes movimientos de desplazados. No son pocos los grupos que aún hoy en día sabotean los tímidos intentos de restablecer la autoridad del estado. Además, en la esquina este operan otros grupos armados desde la vecina Uganda como la milicia del Lord´s Resistance Army (LRA), que constituyen una serie amenaza para la población civil.

Paradógicamente, la situación en la capital Bangui es de relativa estabilidad pese a los rumores de que podría estar gestándose una insurrección armada. El año 2017 ha sido además el año más funesto para los miembros de las misiones de mantenimiento de la paz con 13 personas muertas en diferentes circunstancias.

Paralelamente, se desarrolla una operación de entrenamiento militar europea denominada EUTM RCA para apoyar a las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana. España ha participado desplegando 30 militares pertenecientes al ejército europeo.

Al mismo tiempo, las fuerzas especiales estadounidenses desembarcaron en el país en diciembre de 2011, estableciendo una base en el extremo sureste como parte de una misión para neutralizar al rebelde de origen ugandés Joseph Kony, líder del “Ejército de Resistencia del Señor”. La República Centroafricana se encuentra incluída en un grupo de 10 países de la región África Central cuyo ámbito se engloba en la actuación del Comando Africano (AFRICOM) con sede en Stuttgart (Alemania). Las tropas se establecieron en la ciudad de Obo con apoyo de militares locales y fuerzas armadas de Uganda. Aunque la misión fue declarada finalizada sin éxito, se desconoce a día de hoy si continúa presente algún contingente de tropas norteamericanas en la región.

Frente al despliegue de Europa y Estados Unidos, Rusia y China pugnan por hacerse hueco en una región tan complicada como codiciada por sus abundantes recursos minerales. En 2017 la ONU autorizó una excepción a Rusia para proporcionar armas y personal militar al gobierno de Bangui, fundamentalmente para colaborar en el sostenimiento del asediado gobierno central y sus débiles fuerzas armadas. Esta posición privilegiada ha permitido a Putin firmar acuerdos bilaterales con el gobierno encargándose actualmente un contingente de tropas rusas de la seguridad del actual presidente Touadera. Rusia exhibe músculo en lo que constituye la primera misión africana con botas sobre el terreno de la región, accediendo así a puestos influyentes en la administración del país centroafricano. China, por su parte, no se queda atrás y ha hecho acto de presencia en la región con su “diplomacia de talonario”, llegando en los últimos meses a importantes acuerdos económicos en materia militar, de condonación de deuda bilateral y capacitación de funcionarios. La disposición de Rusia y China para “ayudar” a la endeble administración centroafricana no ha hecho más que levantar suspicacias para Francia y otros países europeos sobre las verdaderas intenciones de este apoyo, con la sospecha de que pueda ser como contrapartida a la obtención de concesiones mineras o relaciones comerciales privilegiadas. La propia MINUSCA no ha estado exenta de polémica ya que se han sucedido las denuncias sobre abusos sexuales y otro tipo de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la misión.

El declive de la influencias francesas, europea y norteamericana unido al auge de la de otros países como Rusia o China podría dar paso a una nueva etapa de “Guerra Fría Africana” en la región.

Por último, no hay que perder de vista el papel desempeñado por actores regionales y en este sentido no podemos dejar de mencionar a Chad, el gigante del norte que tuvo un papel determinante en la caída de Bozizé. Comparte unos 1.200 km de frontera con la República Centroafricana, a través de la que se produce un importante volumen de intercambios comerciales. Factores como que los principales grupos de oposición al presidente chadiano Idriss Deby vinieran del norte de República Centroafricana o el avance de la desertificación, que provoca que los ganaderos trashumantes que atraviesan la frontera (segunda fuente de ingresos en importancia para Chad), cada vez tengan que viajar más al sur, condicionan las relaciones entre ambos países y son generadoras de conflictos. Adicionalmente, se ha denunciado en ocasiones ciertas “simpatías” desde el lado chadiano hacia los grupos séléka y ex-séléka, lo que dificulta el papel de mediador que puede desempeñar en la región. De lo que no hay duda es que República Centroafricana supone una preocupación de primer orden para Chad, ya que el país depende casi en exclusiva de los ingresos petroleros generados en los pozos que se localizan a lo largo de la frontera entre ambos países, teniendo en cuenta que los yacimientos se extienden dentro del territorio del país centroafricano.

Una mirada a los grupos armados y señores de la guerra

Anteriormente ya indiqué que la dinámica militar del conflicto en República Centroafricana es mucho más compleja de la ya superada rivalidad entre los grupos séléka y anti-balaka. Desde hace algunos años, el país ha asistido a la proliferación de grupos armados así como su división en grupos más pequeños para actuar en un plano más local, y así tener un control efectivo sobre los recursos de la zona. Esta fragmentación y dispersión de grupos armados dificulta aún más una posible solución del conflicto ya que incluso grupos tradicionalmente antagónicos, han establecido alianzas estratégicas superando la antigua línea divisoria trazada entre los séléka y anti-balaka.

Según el periodista freelance Philip Kleinfeld, los principales grupos son los siguientes:

Frente Popular para el Renacimiento en la República Centroafricana (FPRC), grupo ex-séléka procedente de la línea “dura”, liderado por Nourredine Adam y el anterior líder de la coalición Michel Djotodia. Han establecido alianzas con algunos elementos de las milicias antibalaka.

Unión para la Paz en la República Centroafricana (UPC), grupo ex-séléka liderado por Ali Darassa cuyo antiguo cuartel general se ubicaba en Bambari. Reivindican representar los intereses de la comunidad fulani/peuhl en el país. A lo largo del año 2017, combatieron contra el FPRC.

Reunión Patriótica para la Renovación de África Central (RPRC), grupo ex-séléka que se forma en la región diamantífera de Bria en 2014. Liderado por el antiguo comandante séléka Zacharia Damane y el ex parlamentario Gotran Djono Ahaba. En el grupo tiene una importante presencia e influencia el grupo étnico Gula.

Movimiento Patriótico de África Central (MPC), otra facción ex-séléka formada en 2015 como una disidencia del FPRC. El grupo se fracciona a su vez a mediados de 2017, naciendo un nuevo grupo denominado MPC Siriri.

Revolution and Justice (RJ), formado a finales de 2015 en el noroeste bajo el liderazgo de Armel Ningatoloum Sayo. El grupo ha sostenido recientemente combates con el Movimiento Nacional para la Liberación de la República Centroafricana (MNLC) en torno a la población de Paoua, lo que ha provocado importantes desplazamientos de refugiados hacia Chad. El MNLC está liderado por el autoproclamado general Ahamat Bahar; ex-Seleka, ex-FPRC y ex-MPC. Se sospecha que el MNLC recibe un importante apoyo de las comunidades nómadas fulani provenientes de Chad.

Return, Reclamation, Rehabilitation (3R), liderado por el general Sidiki Abas, con base en la región noroeste del país, cerca de la frontera con Camerún. Este grupo está prácticamente dominado por combatientes del grupo fulani/peuhl.

Anti-balaka, grupo de milicias cristianas y animistas con estructuras locales diseminadas a lo largo del país. Las principales facciones se encuentran lideradas por Patrice-Edouard Ngaissona y Maxime Mokom, cuyo grupo recibe el apoyo del anterior presidente Francois Bozizé y se alió con el ex-séléka FPRC desde el año 2015.

Grupos de autodefensa, una nueva generación de milicias surgió a lo largo del año 2017 bajo esta denominación en la región sudeste. Lejanamente conectados con los grupos anti-balaka, han lanzado ataques tanto a las comunidades musulmanas como a los miembros de las misiones de Naciones Unidas.

La violencia se renueva en 2017

En fechas más recientes, a principios de 2016 en la República Centroafricana se celebraron elecciones y se verificó la transición desde un gobierno interino que había gobernado el país desde 2014. Faustin Archange Touaderá fue elegido presidente del país, en un marco de una fuerte dependencia de los fondos internacionales y una autoridad estatal que se difumina cuanto más nos alejamos de la capital Bangui. Esa estructura estatal aún es muy frágil y pocos pasos se han dado en la dirección de alcanzar la ansiada estabilidad. Como vimos anteriormente, el movimiento séléka se ha escindido en facciones que incluso combaten entre ellas, atacando a civiles pertenecientes a comunidades étnicas de grupos rivales. Todas las partes, incluídas las Fuerzas Armadas, tienen nexos con el crimen organizado y utilizan la extorsión en sus áreas de control.

Este cóctel de administración débil, violencia sectaria y competición por los recursos naturales entre los diferentes señores de la guerra, ya había causado más de 600.000 desplazados internos y más de 500.000 refugiados en los países vecinos según ACNUR a finales de 2017. Además, más de la mitad de la población total se encuentra en estado de necesidad de ayuda humanitaria. Estas cifras son escandalosas si las ponemos en perspectiva con la de la población total de República Centroafricana: aproximadamente 4.600.000 personas, lo que nos ofrece una ligera idea del sufrimiento al que se encuentra sometida la población civil.

El foco del nuevo estallido de violencia iba a ser la localidad de Bangassou, una ciudad ribereña del sureste, de unos 30.000 habitantes a orillas de río Bomu. No sería por falta de alertas, ya que a principios de 2017 comenzaron a producirse reclutamientos de jóvenes y presencia de militantes del UPC (milicia ex-séléka liderada por Ali Darassa), aprovechando el repliegue de las tropas norteamericanas y ugandesas de la región este. Paralelamente, una nueva generación de grupos cristianos y animistas denominados de “autodefensa” comenzaron a proliferar en la ciudad, ante los insistentes rumores de la presencia del grupo UPC en la región. Tampoco ayudaba demasiado la animosidad de estos grupos de autodefensa hacia las tropas de la MINUSCA desplegadas en la zona, marroquíes de religión musulmana, existiendo la creencia de que estaban confabulados por las milicias ex-séléka y particularmente con la UPC. El conflicto estaba servido.

En el trasfondo de la llegada de la guerra a Bangassou, región antes relativamente tranquila, se esconden complejas dinámicas. Por un lado, la escisión en dos facciones de uno de los grupos séléka más grandes: FPRC (liderado por Nourredin Adam y Michel Djotodia) y UPC; formados por combatientes de la comunidad nómada fulani. Ambos grupos se disputaban el control de los recursos mineros del país; en un intento de arrebatar las zonas mineras controladas por la UPC, el FPRC se alió con algunas facciones antibalaka, provocando la erupción de un fuerte sentimiento anti-fulani en las poblaciones locales. La ONU decide desalojar al líder de la UPC, Ali Darassa, de su bastión de Bambari en febrero de 2017 para evitar un baño de sangre, ya que las tropas del FPRC avanzaban. Está decisión, lo único que provocó es trasladar el problema más hacia el sur, donde las poblaciones locales estaban ya muy sensibilizadas contra la presencia de los combatientes de la UPC en la región. La violencia se desató entre los milicianos de la UPC y los grupos de autodefensa, teniendo lugar una “cacería” de musulmanes en el área.

En medio de todo este horror, se producen episodios que invitan a la esperanza. El obispo de Bangassou, el español Juan José Aguirre, se ofreció como escudo humano a miles de musulmanes que se habían refugiado en una mezquita, protegiéndose de la violencia antibalaka. A dicha mezquita se habían desplazado vecinos del barrio de Tokoyo, de mayoría musulmana, aconsejados por el contingente de la ONU. Previamente, unos 1500 milicianos antibalaka habían orquestado un plan para asesinar a todo aquel sospechoso de ser musulmán. El ataque y posterior cerco a la mezquita se saldó con cientos de muertos, hasta que todos los refugiados del interior pudieron ser evacuados. Pese a lo heróico del gesto, no pudo impedir que muchos musulmanes hayan tenido que emprender la huída hacia regiones del norte del país.

Cuando la guerra resulta un negocio rentable

La República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo. Todo ello a pesar de sus abundantes reservas mineras y forestales. El desplazamiento forzoso consecuencia del conflicto ha afectado gravemente a la producción agrícola y ganadera del país, desembocando en una crisis alimentaria sin precedentes. Se estima que unos tres millones de personas viven en extrema pobreza. El éxodo sur-norte de las castigadas comunidades musulmanas, que anteriormente controlaban las redes comerciales a lo largo del territorio, ha contribuido al colapso económico del país.

En este contexto, ha florecido todo un sector de redes de economías ilícitas que bien puede denominarse “economía de los señores de la guerra”. Los grupos armados obtienen cuantiosos beneficios de las extorsiones y los impuesto al comercio ilegal de oro y diamantes. El pillaje y el robo tampoco es infrecuente por parte de las milicias. Algunos grupos como el LRA, se han lucrado de la caza ilegal de elefantes para traficar con marfil en el mercado asiático.

Pese a ser un importante productor mundial de diamantes, en 2013 le fue prohibida su venta bajo el Proceso de Kimberley; certificación internacional que buscar regular el comercio de este mineral precioso para evitar que los llamados “diamantes de conflicto” terminen en el mercado internacional. Dicha prohibición fue levantada parcialmente en el año 2016. Pese a las buenas intenciones de esta iniciativa, no hay otro ámbito donde sea más visible que la violación grave y sistemática de los derechos humanos pueda proceder de grandes multinacionales antes que del propio estado. En este sentido, el reciente artículo de la profesora Tania García Sedano para el Instituto de Estudios Estratégicos es muy ilustrativo.

Las regiones diamantíferas son muy codiciadas por los grupos armados, determinando en muchas ocasiones el curso de sus movimientos estratégicos y acciones militares. Esto se puede comprobar fácilmente si superponemos los mapas de ámbito de actuación de los grupos armados y el de distribución de los recursos naturales en el país, arrojando sorprendentes coincidencias.

La República Centroafricana no parece disponer de reservas de petróleo aunque el anterior presidente Bozizé concedió algunas licencias de exploración en el norte, en la frontera con Chad, a compañías chinas. La revuelta séléka propició la revisión de dichos contratos.

Otra importante fuente de riqueza minera del país la constituye las reservas de uranio. Recientemente, en Francia se investiga un caso de corrupción promovido por el gigante francés del uranio, Areva, a través de una filial canadiense, Uramin, para que mediara con el ex-presidente Bozizé en un conflicto referente a una licencia de explotación minera en Bakouma. El uranio de las minas centroafricanas es codiciado igualmente por otros países como Reino Unido o Sudáfrica.

En tiempos más recientes, China ha demostrado tener gran interés en la explotación de los recursos naturales de la región, lo que podría generar una competición entre grandes potencias que sirva de retroalimentación del propio conflicto.

Conclusiones

En el conflicto de República Centroafricana, pese a haber entrado en una fase de menor intensidad, no parece que se atisbe su finalización a medio plazo. En el centro del conflicto confluyen varias dinámicas muy poderosas que propician su continuidad.

Para la analista Nathalia Dukhan, el país aparte de ser uno de los más pobres del mundo es uno de los más inestables. A esta situación se ha llegado en parte debido a la depredación de las élites políticas sucesivas que han gobernado el país y al síndrome del “estado fantasma” que ha facilitado la proliferación de grandes grupos criminales que han convertido la violencia en un negocio ciertamente rentable.

Como cobertura de su actividad criminal, estos grupos han agitado el fantasma de las diferencias religiosas y étnicas, alimentando las tensiones entre comunidades, hasta el punto de llegar a la limpieza étnica. Ya indicaba la periodista Trinidad Deiros allá por 2014 en un artículo publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos, que lo que estaba sucediendo en aquel país era un conflicto religioso “inventado”. El verdadero origen del conflicto puede encontrarse en la pugna de los diferentes grupos por hacerse con el control de los recursos, aprovechándose de las tensiones preexistentes, pugna que se vuelve más feroz si cabe ante circunstancias naturales como el avance de la desertificación, provocando conflictos entre grupos sedentarios y ganaderos trashumantes como ya vimos.

La reciente irrupción en escena de las potencias internacionales, con intereses y agendas encontradas, tampoco parece ser un factor que ayude a la estabilización del país ya que podría ser aprovechado por los diferentes bandos en conflicto para buscar su propia supervivencia y alcanzar mayores cuotas de poder. La actual situación de caos y violencia llevará años para revertirla y habrá que dar muchos pasos en la dirección correcta. Parece que en el actual contexto, éste no es el caso.