El 21 de junio de 2021 la República Democrática Federal de Etiopía celebra elecciones para elegir a los 547 escaños de la Cámara de Representantes Populares. Se prevé que el gobierno de Abiy Ahmed salga fortalecido, pero la inestabilidad interna y la imposibilidad de votar para muchos etíopes no hacen más que restarle credibilidad.
Estos comicios estaban programados para 2020 pero fueron pospuestos a causa de la pandemia de Covid-19. Por este motivo, precisamente, la región de Tigray dejó de reconocer al actual gobierno etíope, iniciándose como consecuencia una cruenta guerra en el norte del país que impedirá que los tigray pasen por las urnas. Por su parte, en la región Somalí y en Harar la Junta Electoral ha anunciado la imposibilidad de celebrar las elecciones por “irregularidades y problemas en la impresión de papeletas” y ha optado por trasladarlas al 6 de septiembre.
La votación de este año será la primera desde que Abiy Ahmed fue elegido como primer ministro en 2018 con un programa reformista y centralizador. Lejos de conseguir los frutos esperados, Etiopía se encuentra política, social y económicamente debilitado y enfrentado a parte de sus países vecinos. A su vez serán las sextas desde el derrocamiento del régimen comunista del Derg y la implantación de un sistema etno-federal que divide al país en regiones según la etnia mayoritaria.
La guerra en Tigray, uno de los mayores retos de Abiy Ahmed
El problema más grave que enfrenta actualmente Etiopía es la inconclusa guerra en la región norteña de Tigray. Tras una ofensiva del Ejército Federal en noviembre que duró aproximadamente tres semanas, el conflicto sigue latente con partidas guerrilleras luchando en las montañas mientras el gobierno ejerce un cierre informativo casi total y la población sufre una de las peores catástrofes humanitarias de su historia.
El origen de este conflicto cabe situarlo en la caída del Derg y la llegada al poder del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE). En esta coalición de diversas etnias, los tigray, a pesar de contar únicamente con aproximadamente el 6% de la población, se hicieron con el control de las instituciones y Meles Zenawi fue elegido como primer ministro. Tras su muerte fue un miembro de la etnia wolaita, Hailemariam Desalegne, quien cogió las riendas del país, ahondando en el sentimiento de marginación de las etnias mayoritarias: amharas y oromos.
Las fuertes protestas oromo por la intención gubernamental de ampliar el territorio capitalino provocaron la dimisión de Desalegne en 2018 y la elección por primera vez de un oromo como primer ministro, Abiy Ahmed. Su llegada fue vista con esperanza por la población tras la retirada de varios partidos de la lista de organizaciones terroristas, el retorno de decenas de exiliados o el tratado de paz con Eritrea. Sin embargo, gran parte de la sociedad, especialmente el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (FLPT), no ha aprobado sus planes centralizadores.
Tras el mencionado retraso electoral del año pasado, el FLPT, progresivamente apartado de las instituciones desde la llegada de Ahmed, anunció que dejaba de reconocer al gobierno central y convocaba elecciones en la región. El supuesto ataque a un cuartel militar del ejército federal fue el casus belli para la ocupación del territorio tigray y el establecimiento de un nuevo gobierno regional elegido por el gobierno central. Asimismo, varios de los principales líderes del FLPT siguen a día de hoy en paradero desconocido.
Esta guerra contó desde un principio con la participación de tropas eritreas, que están acusadas de diversas atrocidades. El fuerte apoyo recibido por un país autoritario como Eritrea no ha hecho más que reducir la credibilidad del gobierno etíope ante la comunidad internacional. Organismos como las Naciones Unidas o la Unión Europea han expresado su rechazo por las acciones del gobierno etíope y han exigido permitir la entrada urgente de ayuda humanitaria. Cabe destacar que, más allá del conflicto político, es la sociedad civil la que está sufriendo una de las peores hambrunas que se recuerdan, con 1.6 millones los desplazados por la guerra, según cálculos de UNICEF.
Enfrentamientos armados y boicot electoral en Oromía
Pero no es la región de Tigray la única zona en conflicto del país. Amhara, Benishangul-Gumuz u Oromía han visto en los últimos meses un recrudecimiento de la violencia con enfrentamientos en los que se han visto involucrados tanto guerrillas de carácter étnico como el ejército federal y grupos paramilitares. En esta última región el Ejército de Liberación Oromo (OLA), antigua facción del Frente de Liberación Oromo (OLF) con el que rompería relaciones tras sus acuerdos con el gobierno, ha incrementado los ataques contra las fuerzas de seguridad del estado y algunas de sus milicias son las culpables de diversos ataques contra civiles amhara en todo el sector occidental del país.
En verano del año pasado el asesinato del cantante oromo Hachalu Hundessa provocó multitudinarias manifestaciones que fueron duramente reprimidas por la Policía causando la muerte de decenas de personas y poniendo en serios aprietos al gobierno central. Desde entonces diversos cargos de los partidos nacionalistas han sido encarcelados, entre ellos el líder del Congreso Federalista Oromo (OFC) Jawar Mohammed acusado de terrorismo
Por todo ello, los dos principales partidos oromo, el OLF y el OFC, han decidido boicotear las elecciones aumentando el desinterés por ellas en toda la región. Ambas formaciones acusan al gobierno central de intimidar a sus candidatos y de cerrar sus oficinas mientras este intenta por todos los medios relacionar a estos partidos con los ataques armados. Además, el OLF ha acusado recientemente a Abiy Ahmed de servirse de soldados eritreos para luchar junto al ejército tanto en Oromia como en Benishangul-Gumuz.
En la región de Amhara los enfrentamientos son especialmente virulentos precisamente en la Zona Oromo y en sus alrededores. En abril la ciudad de Ataye fue incendiada supuestamente por milicias oromo y decenas de personas fueron asesinadas, iniciándose una espiral de violencia intercomunitaria a la que no se vislumbra un final cercano.
Las autoridades de Amhara han sido acusadas de participar en la ofensiva en Tigray junto al ejército con la intención de ocupar territorios que consideran propios y se han enfrentado verbalmente a las autoridades de Oromía a las que acusan de inacción ante la violencia. La sociedad civil se encuentra, otra vez, en medio del conflicto y miles personas han salido a la calle en los últimos días para denunciar la ineficacia del gobierno.
El Partido de la Prosperidad se estrena sin una verdadera oposición
Estas elecciones serán también las primeras en las que concurra el nuevo Partido de la Prosperidad creado por Abiy Ahmed. La intención fue cohesionar a las diversas fuerzas políticas del país en un proyecto de unidad nacional que superara la tradicional coalición de partidos nacionalistas del FDRPE. El Partido Democrático Oromo, el Movimiento Democrático Nacional Amhara y el Movimiento Demócrata Popular de los Pueblos del Sur decidieron formar parte en esta confluencia, mientras el TPFL descartó unirse por lo que consideraba como un intento de restarle influencia.
Pero no se trata de un todo homogéneo, sino que dentro del partido existen divergencias sobre cuál debe ser el modelo estatal y el encaje en él de las diversas etnias. Para muchos de sus miembros es necesario construir una visión pan-etíope en la que la pertenencia a un solo país supere el sentimiento étnico. Otros defienden que la única forma de consolidar un estado etíope fuerte es a través de un modelo federal. Se trata además de un debate extrapolable al conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas.
El boicot de los principales partidos oromo y la ilegalización y huida de los líderes del TPFL dejan al partido Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social (EZEMA) de Berhanu Nega como única oposición de perfil nacional con unas mínimas posibilidades de disputar la victoria al Partido de la Prosperidad. Nega fue elegido alcalde de Addis Abeba en 2005, pero el gobierno del FDRPE decidió anular su victoria y encarcelarlo durante casi dos años hasta su liberación por una fuerte presión internacional. Entre las principales propuestas de este partido se encuentra el retorno a un sistema presidencialista o la reestructuración de los estados regionales para hacerlos étnicamente menos homogéneos y por tanto más manejables. Su proyecto busca ir más allá de las etnias para poder hablar de una verdadera sociedad etíope.
Cabe señalar que la inmensa mayoría de los 45 partidos registrados para concurrir a las elecciones cuentan con bases de apoyo que se limitan a la capital y, por tanto, con una influencia escasa en el conjunto del estado. Esto deja patente que las políticas centralizadoras siguen sin dar sus frutos y la sociedad etíope se encuentra aún lejos de un sentimiento nacional homogéneo Las regiones periféricas ven con indiferencia lo que ocurre en la capital, como lo demuestra el hecho de que poco más de un cuarto de la población se haya registrado para votar.
Poca credibilidad de las elecciones
La campaña electoral ha estado monopolizada por el Partido de la Prosperidad en los medios de comunicación y con insulsos debates en los que ni siquiera se ha hecho mención a temas tan cruciales como la guerra en Tigray. Además, el pasado miércoles la red social Facebook anunciaba el cierre de hasta 65 cuentas de usuarios falsos vinculadas al servicio de espionaje etíope desde las que se criticaba a la oposición y se compartían mensajes “calificados como falsos por observadores independientes”.
Y si dentro del país la creencia en las elecciones se encuentra bajo mínimos no es menos en la comunidad internacional. Estados Unidos mostró recientemente una “grave preocupación por el ambiente en el que se celebraran las elecciones y criticaba duramente la detención de opositores y el acoso a medios independientes. La Unión Europea por su parte decidió cancelar la misión de observación electoral prevista argumentando que las autoridades etíopes no estaban de acuerdo en unos parámetros mínimos para llevar a cabo su trabajo.
El gobierno etíope dijo sentirse defraudado por la cancelación de la misión, pero considera que “esta no es esencial ni necesaria para certificar la credibilidad de las elecciones” y que los comicios “vienen determinados únicamente por las leyes, las instituciones y el pueblo etíope”. Por su parte, la Unión Africana sí ha confirmado que enviará observadores para supervisar y analizar el desarrollo electoral.
Los enfrentamientos armados en todo el país, la guerra en Tigray o las crecientes tensiones con Egipto o Sudan por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope son solo algunos de los temas que el país debe enfrentar en los próximos meses. Sin embargo, no parece que las siguientes elecciones modifiquen ni un ápice la tensa situación en el país. La más que esperada victoria del Partido de la Prosperidad puede ser un espaldarazo al centralismo de Abiy Ahmed y convertirse en la excusa perfecta para una deriva cada vez más autoritaria de su gobierno. Mientras tanto la llamada al boicot de parte de la oposición y la escasa credibilidad que la comunidad internacional otorga a las elecciones hacen pensar que la inestabilidad del país del Cuerno de África está muy lejos de ser solucionada en unos comicios.
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