Darfur, radiografía de una catástrofe anunciada

La región de Darfur, situada en el extremo occidental de Sudán, es el hogar de decenas de grupos étnicos que durante décadas han vivido bajo una administración discriminatoria e impuesta desde Jartum. Esta, se ha basado en privilegiar a los grupos árabes mediante el fomento del etnonacionalismo en detrimento de la población negra darfurí, y ha tenido como consecuencia el estallido de un conflicto, aún en curso, que se gestó desde la independencia del país en 1956.

A principios de 2003, varios grupos rebeldes no árabes se alzaron en armas contra el gobierno sudanés, reclamando el cese de esta marginación histórica. La respuesta de Jartum fue contundente, y desencadenó una de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos. La región comenzó a aparecer en las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo. Han pasado casi veinte años desde entonces, pero los crímenes de Darfur siguen cayendo en el olvido.

Breve aproximación a la(s) realidad(es) de la región

En el corazón del Sahel sudanés se encuentra Darfur (“hogar de los fur” en árabe), un desolador océano de arena que limita con Libia, Chad, la República Centroafricana y Sudán del Sur. El devenir de esta recóndita zona del continente africano está intrínsecamente ligado al destino de los países vecinos. Y es que, no se puede realizar una aproximación a sus realidades, sin contar con las del conjunto de una región caracterizada por la conflictividad. Este fallo en el análisis a menudo viene acompañado por una tendencia de desinterés general por la comprensión de las lógicas multicausales que encierra Darfur.

Durante gran parte del siglo pasado, Darfur se configuró como un campo de batalla en el que colisionaron los intereses de Libia, Chad y el propio Sudán. Gadafi, que gobernó Libia durante cerca de 42 años y que se había configurado como el máximo exponente panarabista tras la muerte de Nasser en 1970, trató de hacerse con el control de la hegemonía de la zona inmiscuyéndose en los asuntos internos de Chad, a su vez inmerso en una guerra civil, para desestabilizar al país. La porosidad de las fronteras favoreció que los enfrentamientos aumentaran la inseguridad en el noroeste sudanés al producirse un continuado, y poco regulado, tránsito de personas y armas. La constante militarización de las sociedades conllevó que los diversos grupos que habitaban en Darfur fueran arrastrados a una atmósfera muy hostil que, influenciada por la mala administración desde Jartum unido a las duras condiciones de vida de la propia zona, dinamitó la convivencia y disparó la competencia entre grupos por los escasos recursos naturales.

No se sabe con exactitud el número de grupos étnicos presentes en la región, aunque se cuentan por decenas. Todos ellos tienen pocas cosas en común salvo la tierra que habitan y la religión que profesan: el islam. Las tribus nómadas han sido catalogadas como extranjeras por su condición itinerante, y en muchas ocasiones se han puesto en duda sus derechos sobre la tierra. Éstas siempre han tenido un sentimiento de inferioridad al respecto de las tribus sedentarias a las que se considera pobladoras nativas. Según su origen étnico-racial se pueden diferenciar entre árabes o africanas, pero a su vez, en ambas hay tribus de carácter nómada y sedentario. Estas agrupaciones son:

• Grupos de origen árabe: el principal grupo de la región está conformado por los baggara, conocidos por practicar el nomadismo. El origen de la raíz de su nombre, bagar, significa vaca y hace referencia a la crianza de ganado vacuno.
• Grupos de origen africano: los principales son los fur, los masalit y los zaghawa. Están muy relacionados con otros grupos similares del este de Chad. A diferencia de los demás grupos africanos de Sudán del Sur, que son principalmente cristianos y animistas, son musulmanes, religión que comparten con la mayor parte del resto de sudaneses. Los fur (grupo mayoritario) y los masalit, se caracterizan por ser pastores sedentarios, mientras que los zaghawa practican el pastoreo y son nómadas.

Darfur es una zona altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Al igual que la mayor parte del país, se caracteriza por ser una árida meseta que sufre de desertificación y de sequías periódicas. La degradación del suelo comenzó en los años 30 y se volvió más violenta a finales del siglo pasado debido a la falta de métodos de conservación sostenibles. Los grupos sedentarios fueron los más damnificados por estos cambios en el suelo, ya que su ganado cada vez tenía menos alimento. El control de unos recursos de por sí escasos, provocó que aumentasen los movimientos migratorios y con ellos las tensiones entre grupos. A este panorama debe sumársele las décadas de desatención por parte del gobierno sudanés ocupado en completar un proyecto de arabización en el país que siempre excluyó a las etnias con orígenes no árabes.

En conclusión, la reducción del conflicto a causas étnicas o raciales es fruto de un desconocimiento profundo de las dinámicas y realidades que lo atraviesan. Si bien, el acceso a los recursos naturales tiene un papel mucho más determinante del que se le ha otorgado, no se puede dejar de mencionar que, históricamente, las comunidades negras de Darfur han sido ignoradas y marginadas. Esa arabización del país (impulsada sobre todo por las élites sudanesas), y en particular de la región, ha larvado un malestar que acabó implosionando y que en la actualidad tiene una resolución muy compleja como se detallará más adelante.

La gesta histórica del conflicto

La marginación de Darfur comenzó con el dominio colonial anglo-egipcio a principios del siglo XX, con la suspensión en 1916 del sultanato independiente de Darfur, y continuó de forma deliberada tras la independencia del país en 1956. Durante la colonización, Londres, invirtió exclusivamente en Jartum dejando al resto de regiones sudanesas en un estadio avanzado de subdesarrollo en comparación con la capital. Además, los británicos impusieron su tradicional sistema de colonización native administration, basado en el mantenimiento del orden colonial mediante el fomento de administraciones locales de carácter étnico o tribal a costes mínimos. Con la independencia, la población negra de etnia africana fue forzada a constituirse en una nueva nación dominada por la cultura de la población árabe.

Desde entonces, los grupos africanos vieron frustradas sus reclamaciones. Un ejemplo de esto se dio en 1984 cuando el entonces presidente, Yaafar al-Numeiry, desoyó las peticiones de ayuda de los darfuríes ante una grave amenaza de hambruna, que tan solo un año después se cobró la vida de cerca de 100.000 personas. Paralelamente, la tensión en torno a la disponibilidad de los recursos entre los distintos grupos étnicos fue también en aumento. En los últimos 40 años, el desierto en Darfur avanzó cerca de cien kilómetros provocando éxodos masivos del norte al sur, y una escalada de agresividad en el reparto de la propiedad de tierras entre tribus nómadas y sedentarias.

El final de la década de los ochenta se configuró como un punto de inflexión en la historia de Darfur. Omar al-Bashir llegó al poder tras un alzamiento armado en 1989. Durante su gobierno, Sudán se convirtió en exportador de petróleo, cuyos yacimientos se encontraban principalmente en el sur y el oeste del país. Para asegurarse el control de los yacimientos petrolíferos aplastó cualquier tipo de oposición. Respondió a las reclamaciones darfuríes imponiendo un régimen de islamismo radical y fomentando etnonacionalismos. Impulsó la arabización de Sudán, que ya venía dándose especialmente desde los setenta, y que tuvo su máxima expresión en la financiación y actuación de las milicias paramilitares yanyauid, responsables de indiscriminados ataques hacia los africanos darfuríes.

Las milicias yanyauid (“hombres armados a caballo” o “jinetes armados del diablo”), están conformadas por árabes nómadas de Darfur y de Chad, y existen claras evidencias de que durante la dictadura de al-Bashir actuaban bajo el mando del gobierno central que las tenía subcontratadas para desvincular al ejército sudanés de los crímenes contra los darfuríes no árabes. Entre finales de los ochenta y la primera mitad de los noventa, y ante la mirada impasible de Jartum, estas milicias acabaron con la vida de casi 10.000 personas tras atacar a comunidades fur. La arabización del país y de Darfur, provocó que los grupos étnicos africanos reaccionasen, reivindicando su africanidad.

Ante el creciente panorama de violencia por parte de las milicias yanyauid, surgieron los primeros grupos de autodefensa africanos, que abrazaron la estrategia de lucha armada como medio para contrarrestar el poder y la impunidad de las yanyauid. Nacieron entonces los primeros movimientos rebeldes de etnia zaghawa y fur respectivamente: el Movimiento de Justicia e Igualdad y el Frente de Liberación de Darfur (JEM y DLF, por sus siglas en inglés). Este último se fragmentaría poco después para dar pie al Movimiento o Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A, por sus siglas en inglés), que se convertiría en uno de los grupos armados más poderosos de Darfur. En el 2000, comenzó a difundirse el “Libro Negro: Desequilibrio de Poder y Riqueza en Sudán”, un libro donde éstos plasmaron su ideología, y que automáticamente fue tachado de intolerable y difamatorio por la administración central. En él, se acusaba a las principales tribus árabes que vivían en el valle del Nilo (ja’li, danagla y shayqya), de ser las responsables de haber acaparado el poder del país fomentando, por sus propios intereses, la marginación de las regiones periféricas y muy especialmente a los grupos con raíces africanas con el objetivo de eliminar lo negroafricano de Sudán.

El país, por entonces, estaba inmerso en el final de la segunda guerra civil sudanesa (1983-2005), de carácter étnico-religioso y agravada por la existencia de reservas petrolíferas en el sur. Ésta estalló como consecuencia de la falsa salida de la primera guerra civil sudanesa (1955-1972), y se desarrolló principalmente en los estados correspondientes en la actualidad con Sudán del Sur. A diferencia de estos conflictos, y como se ha mencionado con anterioridad, la bomba de relojería darfurí no diferenciaba a la población por la religión. La naturaleza del conflicto es mucho más compleja y multicausal, siendo el acceso a tierras, la representación política y la militarización de esta zona del continente elementos centrales del mismo. Con Jartum centrada en resolver la guerra civil y las milicias yanyauid campando a sus anchas por Darfur, un estallido de violencia a gran escala era solo cuestión de tiempo.

Darfur, genocidio olvidado. Fotografía de Álvaro Ybarra Zavala

Darfur salta por los aires y capta la atención internacional

En febrero de 2003, varios grupos armados africanos lanzaron una serie de ataques sorpresivos contra un cuartel militar en Golo. El empleo de tácticas de guerrilla dejó en evidencia la poca capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), a las que pillaron completamente desprevenidas.

La intensidad del ataque provocó que Jartum respondiese con la formalización de la relación entre el régimen de al-Bashir y las milicias árabes yanyauid. Se las dotó de medios y fondos para favorecer su militarización, armamento y politización. Dejaron pues de ser simples bandas armadas. Además, a la efectividad de estas milicias, que por entonces contaban con cerca de 20.000 efectivos, se le unió un cambio en la estrategia del gobierno sudanés a partir de julio de ese mismo año. Jartum, comenzó a llevar a cabo un nuevo modelo de represión: en primer lugar, se procedía a bombardear aéreamente a las comunidades de origen de los grupos armados africanos, para que después las yanyauid y las FAS atacaran por tierra. Este modelo dio excelentes resultados al gobierno central, y, a partir de ese momento, las milicias yanyauid pasaron a formar parte de las FAS y de demás cuerpos y fuerzas de seguridad estatales. El interés del gobierno central por el control de Darfur alcanzó un nuevo estadio. Pasó de ser objeto de un proyecto de arabización a una misión encubierta de limpieza étnica que encontró su justificación idónea en la propia lógica violenta del conflicto. Esto se explica por la existencia de reservas de petróleo y oro darfuríes, indispensables para los intereses comerciales del gobierno central de Sudán, especialmente tras la independencia de Sudán del Sur en 2011 donde se encontraban la mayor parte de estos yacimientos (cerca de las tres cuartas partes). Años después, y siguiendo estos objetivos, al-Bashir (que había dividido la región en tres estados en 1994), reestructuró Darfur en 2012 con la justificación de garantizar un gobierno local más fuerte. De esta forma, Darfur pasó de tener tres a cinco estados cuando en abril de 2012 tras un referéndum muy cuestionado recibió el supuesto apoyo del 97% de la población. De esta forma, evitó una región fuerte que pudiera reclamar su secesión.

Paralelamente, los grupos armados africanos que habían aunado sus fuerzas en los primeros meses de la ofensiva comenzaron a fragmentarse siguiendo en muchas ocasiones lógicas de diferenciación étnica. Por ejemplo, los fur y los zaghawa que tras el éxito del primer ataque habían convergido en el poderoso SLA/M (que inicialmente no tenía aspiraciones secesionistas), se dividieron dando lugar a un complejo mosaico de grupos armados (entre los que destacan por su numerosidad el JEM y el SLAM/A), que al diversificar sus fuerzas por diferencias en sus objetivos y por luchas internas de poder, le pusieron en bandeja el liderazgo del conflicto a Jartum. Esta tendencia de fractura creció con el paso de los años, y se hizo aún más palpable durante los intentos de firma de acuerdos de paz, en los que no todos los grupos participaban. Se estima que existen decenas de subgrupos dentro de los grupos rebeldes. Además, las lealtades de estos han ido variando con el tiempo.

Combatiente en Darfur. Fotografía de Mark Brecke

Principalmente, los enfrentamientos han tenido lugar en la propia región, a excepción de un breve período de tiempo en el que Chad, país vecino, se vio involucrado en el conflicto. Históricamente, los grupos rebeldes de Darfur han tenido una presencia importante en Chad, que alberga además a cientos de miles de refugiados sudaneses. Igual que Darfur, Chad está inscrito en las dinámicas bélicas de la zona, y varios grupos armados chadianos apoyados por Sudán se habían trasladado previamente a Darfur y habían llevado a cabo ataques en ambos lados de la frontera.

En diciembre de 2005, varios grupos yanyauid cruzaron la frontera sudanesa y atacaron a la población de la ciudad chadiana de Adre. Chad acusó al gobierno sudanés de estar detrás de este ataque bajo la premisa de que en el este de Chad se habían ocultado entre la población refugiada varios integrantes de grupos armados rebeldes. Las tensiones que provocaron dichas incursiones llevaron a Chad a declarar el inicio de las hostilidades contra Sudán. Éstas concluyeron dos meses después con la firma el 8 de febrero de 2006 de los Acuerdos de Trípoli. El gobierno de Sudán se comprometió a desarmar a las milicias chadianas que operaban contra los grupos armados africanos en Darfur y las zonas más orientales de Chad. Esta escaramuza, ha sido como tal la única que ha implicado de forma directa a otro país de la región en el conflicto de Darfur. No obstante, como se mencionará más adelante, existen intereses internacionales sobre Darfur, lo que supone que a pesar de que se perciba como un conflicto intraestatal, es un conflicto más que internacionalizado.

Y, ¿cuál es el estado hoy en día del conflicto? Actualmente, las hostilidades en Darfur siguen siendo constantes. Si bien éstas no son tan violentas como en la primera década, han seguido existiendo escaladas de violencia puntuales al cambiar los objetivos militares. Ni siquiera con la caída en desgracia de Omar al-Bashir en 2019 y la llegada de un gobierno de transición, se ha alcanzado una paz duradera. Los grupos armados africanos siguen desmembrados y con intereses encontrados, y las fuerzas sudanesas los siguen combatiendo. En el centro, la población civil darfurí que con el paso de los años le ha perdido la pista de la dinámica del conflicto, y ansía por encima de todo poder regresar a su hogar.

Los esfuerzos fallidos por la paz

El conflicto armado que ha involucrado a la totalidad de la población darfurí, directa o indirectamente, ha desencadenado una de las mayores crisis humanitarias de la historia. Si bien, los ataques eran frecuentes antes del comienzo oficial de la contienda a principios del siglo XX, la virulencia con la que estalló entonces hizo necesarios planes urgentes de pacificación.

El primer intento se dio en 2006 en la ciudad nigeriana de Abuja. Se depositaron grandes esperanzas en él y se llegó a un principio de acuerdo de alto al fuego y a la promesa por parte del gobierno sudanés de desarmar a las milicias yanyauid. No obstante, éste estuvo marcado por la inexperiencia y desorganización de los grupos rebeldes y por las prisas de la Comunidad Internacional para cerrarlo. El acuerdo solo fue aceptado por algún grupo africano minoritario, y tuvo como consecuencia directa el fracaso de este primer intento, la fragmentación de los grupos rebeldes y la degeneración del conflicto. Se pasó de un conflicto con frentes claros a un conflicto con múltiples frentes a su vez con intereses variados. Le siguió en julio de 2011 un nuevo acuerdo en Doha (Qatar), que no obtuvo mejores resultados. El Acuerdo de Doha estaba llamado a ser el preámbulo de la pacificación del país, y a pesar de que las hostilidades rebajaron el nivel de intensidad en los años siguientes, éstas volvieron a recrudecerse en 2016 cuando los combates se concentraron mayoritariamente en la zona de Jebel Marra (uno de los bastiones más fuertes de los grupos africanos). El último esfuerzo, se firmó hace tan solo unos días en Juba (Sudán del Sur), cuando el nuevo gobierno de transición cívico-militar de Sudán llegó a un acuerdo con varios grupos importantes, entre ellos el JEM. Por primera vez, se abordaron cuestiones relacionadas con el reparto de poder y la propiedad de la tierra, algo que los grupos africanos llevaban reivindicando desde hace décadas. En teoría, el acuerdo brinda representación política a los grupos rebeldes firmantes. De tal manera, éstos obtendrían el 40% de los puestos en los gobiernos regionales y una cuarta parte de los escaños en el Consejo Legislativo de Transición. En la práctica, debemos esperar a ver si en el futuro se podrá hablar de este último acuerdo en términos definitivos.

La tibia reacción de la Comunidad Internacional

La Comunidad Internacional, y los medios de comunicación mundiales han hecho hincapié en el elemento racial para explicar el conflicto de Darfur, de modo que la situación ha sido tachada desde el principio de tratarse de “enfrentamientos entre tribus”. En 2003, la Comunidad Internacional estaba ocupada con el proceso de paz tras la segunda guerra civil sudanesa (1983-2005), que daría lugar en 2011 al nacimiento del estado africano más joven: Sudán del Sur. No obstante, a los pocos meses del inicio mediático de la contienda, que se había extendido a toda la región, se convirtió en la primera gran crisis humanitaria del nuevo siglo, y no pudo retrasarse más el hecho de prestarle a Darfur la atención que merecía.

Desde el principio, el asunto de Darfur ha dividido a los miembros del Consejo de Seguridad. Por un lado, Rusia y China brindaron su apoyo al gobierno de al-Bashir alegando que respetaban los principios de soberanía nacional y el de no intervención en asuntos internos de otro Estado. Ambos, y en especial el gigante asiático, tenía (y tiene) intereses económicos en Sudán. Se calcula que cerca del 10% del petróleo que importa China proviene de Sudán, cuya exportación al gobierno chino supone cerca del 70% de sus reservas. Por su parte, Sudán compra insumos armamentísticos a Rusia y a China, entre los que destacan aviones MiG, artillería pesada y helicópteros de ataque. Por otro lado, Estados Unidos, que impulsó en los primeros años una campaña de denuncia de la limpieza étnica por parte del gobierno del país, acusando a la administración al-Bashir de estar llevando a cabo un genocidio contra la población negra. Para contrarrestar la influencia de Pekín en el país, ha mantenido un embargo y la prohibición de invertir en el país, y ha apoyado junto a Sudán del Sur a los grupos africanos.

Por otra parte, los organismos regionales como la Liga Árabe y la Unión Africana (UA) se han mantenido al margen durante todos estos años interviniendo únicamente para facilitar procesos de paz. La Liga Árabe, envió a mediados de 2004 una misión con el objetivo de investigar los crímenes que se estaban cometiendo, y a pesar de que la investigación concluyó que se estaban llevando a cabo crímenes de lesa humanidad, no los condenó públicamente. La UA, desplegó a principios de julio de 2004 a la AMIS, una misión de mantenimiento de paz con el objetivo de salvaguardar la entrada de ayuda humanitaria y contener el incremento de la violencia. Durante los primeros años de la contienda fue la única fuerza militar externa y llegó a contar con hasta 7.000 efectivos. No obstante, su éxito fue limitado ya que no logró la estabilización de Darfur ni la prevención de ataques a civiles. El fracaso se le atribuye entre otros factores al insuficiente número de tropas, la escasa dotación, insuficiente equipamiento y las dificultados de logística. La UA, no contaba con una base sólida de liquidez capaz de mantener dicha iniciativa. Por todo esto, acabó fracasando tan solo tres años después de su nacimiento.

Debido a la ineficacia de la AMIS, el Consejo de Seguridad acordó desplegar en 2007 una misión híbrida junto con la UA compuesta principalmente por tropas de otros países africanos. Nació así, la UNAMID. Esta nueva misión dispuso inicialmente de mayores recursos, y además se le encomendó la tarea de supervisar los diferentes acuerdos de paz, pero entre 2017 y 2018, ambos organismos (UA y ONU) decidieron reducir de forma drástica el número de efectivos, y procedieron al cierre de múltiples bases. Sin haber sido un éxito del todo, la dotación de la Misión ha logrado mejores resultados que su antecesora AMIS, pero tanto la UA como la ONU siempre han achacado que la falta de efectividad estaba muy relacionada con la falta de colaboración del gobierno sudanés. Esta reestructuración formó parte de un nuevo plan para la UNAMID cuyo objetivo se redujo a la protección de la población civil en determinadas zonas de Darfur. Además, dada la nueva fase política del país, está previsto la retirada de la misión para finales de este año, con el fin de no entrometerse en la soberanía del nuevo gobierno.

Darfur, genocidio olvidado. Fotografía de Álvaro Ybarra Zavala

Sin embargo, la reciente firma del Acuerdo de Juba y la crisis política en la que aún está sumida Sudán, no parece el escenario ideal para la inminente retirada de la UNAMID, y con ella de la Comunidad Internacional.

Los crímenes de Darfur al descubierto

Desde el inicio oficial de las hostilidades a principios de 2003, la población negra darfurí ha sido, de manera especial, objeto de ataques indiscriminados tolerados y apoyados en mayor o menor medida por el gobierno sudanés incluso después de la caída del régimen de Omar al-Bashir.

Las cifras y los crímenes de Darfur

De acuerdo con los datos ofrecidos por la ONU, solo hasta 2016 la crisis había generado 3 millones de desplazados, de los cuáles 2,6 millones huyeron a otros lugares dentro del propio país (especialmente a las regiones de Kordofán del Sur y Nilo Azul) y algo menos de medio millón, a los campos de refugiados ubicados en Chad. Cerca de 7 millones de sudaneses se encontraban por aquel entonces en una situación de dependencia aguda de asistencia humanitaria. Gran parte de esta gente se encuentra todavía fuera del alcance de la ayuda que, desde el comienzo del conflicto, se ha visto amenazada y obstaculizada en muchas ocasiones por los propios funcionarios gubernamentales. Además, son comunes los saqueos y ataques a trabajadores humanitarios y sus establecimientos en la región. El bloqueo de la ayuda humanitaria ha acrecentado la incidencia de las epidemias y las hambrunas, aumentando el círculo de pobreza y la vulnerabilidad de las personas refugiadas. La cifra de fallecidos directos como consecuencia del conflicto asciende al menos a 300.000, pero se estima que hay decenas de miles de víctimas más relacionadas con enfermedades y las hambrunas derivadas de la guerra. Además, existen claros indicios de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos contra la población civil negra. Entre 2003 y 2009, Darfur fue sometida a una serie de ataques que tenían como objetivo la destrucción de aldeas y la expulsión de la población local. Estos crímenes han sido mayoritariamente atribuidos a las subcontratadas milicias yanyauid acusadas de saqueos, quema de aldeas, torturas y violencia sexual. Además, el gobierno sudanés ha autorizado el asentamiento de grupos árabes en territorios previamente poblados por grupos africanos, lo que ha imposibilitado la vuelta de las poblaciones negras a sus hogares y ha forzado un éxodo masivo de refugiados hacia los desiertos de Chad. Esta dinámica de permisividad sigue vigente en la actualidad.

Amnistía Internacional, denunció en 2016 el uso indebido de armas químicas contra la población darfurí en la zona de Jebel Marra. La organización, señaló que se produjeron al menos 30 ataques de este tipo entre los meses de enero y septiembre de ese año. Las declaraciones de las personas supervivientes, así como sus síntomas y las imágenes satélite de la zona, que quedó completamente arrasada con cerca de 171 aldeas destruidas, fueron la prueba que confirmó estos ataques. Se produjeron en el marco de una ofensiva de las FAS contra el Ejército de Liberación de Sudán (SLA) acusado de haber tendido emboscadas a militares y de haber atacado a civiles árabes. Se estima, que a lo largo del conflicto han sido reclutados al menos 6.000 menores como niños soldados por parte de la mayoría de los grupos armados de uno y otro bando, entre los que destacan el poderoso JEM, algunas facciones del SLA/M, y las fuerzas gubernamentales como el Ejército o la policía.

Merecen una mención especial, los crímenes de violencia sexual asociados a las milicias yanyauid. Prácticamente en todos sus ataques a aldeas, estas milicias han estado directamente implicadas o han sido testigos de primera mano. Como consecuencia de este tipo de violencia, que incluye no solo abusos y agresiones sexuales, sino secuestros y esclavitud sexual, muchas mujeres huyen de sus aldeas antes de la llegada de milicias. Se ha producido también un aumento significativo de los matrimonios prematuros, ya que muchas familias ven en la unión matrimonial un medio de protección para sus hijas. En 2014, la organización Human Rights Watch denunció la violación masiva de al menos 200 mujeres en la localidad darfurí de Tabit. En las zonas rurales de Sudán, además, está muy arraigada la práctica de la mutilación genital femenina, que acrecienta el riesgo de las mujeres a resultar infectadas con el virus del sida (VIH) y demás enfermedades de transmisión sexual.

La Corte Penal Internacional entra en escena

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptó el 31 de marzo de 2005 por primera vez en la historia la Resolución 1593, que autorizaba a dicho órgano a fomentar el inicio de una investigación para Darfur y que obligaba a los Estados involucrados a presentar toda la información requerida. A través de dicha adopción, la crisis de Darfur fue considerada como “una amenaza para la paz y la seguridad internacional” y fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI), regida por el principio de complementariedad. En tanto a que Sudán es Estado miembro de las Naciones Unidas, tuvo desde el principio la obligación de facilitar información a la CPI para cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad. A pesar de que la CPI emite sentencias de carácter vinculante, la ejecución de éstas queda sujeta a la buena voluntad de los Estados. Desde el primer momento, y hasta la caída de al-Bashir, el gobierno sudanés mostró su disconformidad con dicha investigación. Al-Bashir fue acusado en 2009 de haber cometido crímenes contra la humanidad en Darfur. Un año más tarde se le acusó por genocidio. A pesar de la existencia de órdenes internacionales de arresto, se paseó por varios países del continente africano (Sudáfrica en 2015 y Uganda en 2016, entre otros) sin ningún tipo de prohibiciones ni ningún país que consumara dichas órdenes de arresto internacional, y consiguió burlarlas durante cerca de una década antes la inacción de la Liga Árabe y la UA. Esta situación de preocupante impasividad cambió con la caída de su régimen el año pasado cuando el nuevo gobierno acordó su entrega a la CPI en febrero de 2020. El mismo camino, siguió el que fuera líder de las milicias yanyauid al comienzo de la crisis de Darfur, Ali Kushayb. En su caso, se entregó en la República Centroafricana donde había permanecido escondido desde febrero de 2020 tras huir de Sudán ante el temor a ser perseguido por el gobierno de transición. Pesaba sobre él una orden de arresto internacional desde 2007 por crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur entre 2003 y 2004. La CPI también investigó y acusó a hombres por este tipo de crímenes. En primer lugar, a Ahmed Haroun ex ministro del Interior y coordinador de la Oficina de Seguridad de Darfur, encargada de dirigir la contrainsurgencia durante los inicios del conflicto. Fue detenido por las autoridades sudanesas el pasado mes de abril de 2019 y aún no ha sido entregado. En segundo lugar, a Abdallah Banda, en el pasado Comandante en Jefe del Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM), que en 2020 seguía estando en paradero desconocido. Y, por último, a Abdel Rahim Mohammed Hussein, acusado de apoyar a las milicias yanyauid y detenido en abril de 2019. En mayo de 2020 permanecía aún bajo custodia de la justicia sudanesa.

Ali Kushayb (izquierda) y Omar al-Bashir (derecha). Fuente: Al Jazeera

El gobierno de transición, que prometió entregar a al-Bashir a la CPI para que respondiese por crímenes de genocidio, también acordó en enero de 2020 la creación en el sistema jurídico sudanés de un tribunal específico de crímenes de guerra para Darfur con el objetivo de juzgar a los sospechosos bajo detención. Este tribunal buscaría la potenciación de mecanismos que faciliten la reconciliación en Darfur, y por ende en el resto del país.

Darfur ¿genocidio?

Durante años, los crímenes de Darfur han estado sujetos a debate sobre si constituían o no una estrategia de genocidio. Por su parte, la ONU oficialmente no sostiene que éstos constituyan deliberadamente un crimen de genocidio, sino graves vulneraciones de derechos humanos fundamentales. La CPI, ha ido un paso más allá, y ha acusado a varios ex miembros del gobierno sudanés por dicho crimen. Si bien, diversos organismos descartan que el gobierno sudanés tuviera la intención de imponer una campaña de limpieza étnica, sí que hablan de su intención de eliminar a adversarios políticos. Pero ¿se podría considerar genocidio? ¿Sería más adecuado hablar de politicidio?

La principal distinción es que durante los actos de genocidio los grupos que son atacados son definidos por sus atacantes atendiendo a sus características comunitarias, mientras que en los politicidios las víctimas se definen de acuerdo con su oposición a un régimen. Desde 2003, y con especial virulencia durante los primeros años, el gobierno sudanés no intervino contra las milicias yanyauid cuando éstas actuaron contra civiles de etnias no árabes. Estos ataques, tenían la intención de destruir total o parcialmente a los grupos africanos de Darfur, a los que calificaban despectivamente como zurga (negros), y señalaban mediante calificaciones por sus características étnicas. Es evidente, que el gobierno de Sudán durante el gobierno de Omar al-Bashir fue responsable de las atrocidades cometidas contra los grupos fur, masalit y zaghawa, a los que identificaron a través de categorías raciales, y cuya supervivencia se ha visto amenazada hasta casi la desaparición como consecuencia de las atrocidades cometidas deliberadamente por las milicias yanyauid y toleradas abiertamente por el gobierno sudanés. Si bien, uno de los motivos de la respuesta del gobierno a la crisis en Darfur lo que buscaba era la eliminación de la oposición política, las víctimas fueron seleccionadas más por su identidad racial que por su identidad política.

La visión del conflicto en Darfur como una crisis humanitaria agravada por las extremas condiciones climatológicas de la región, ha trasladado el foco de atención y ha restado importancia a la responsabilidad internacional de actuación frente a estos crímenes. De la misma forma, la politización por parte de la Comunidad Internacional de este conflicto ha generado que este debate siga abierto en la actualidad, retrasando la investigación y la reparación de los crímenes probados. Es pronto para ver cumplidas las promesas del nuevo gobierno de transición sobre el futuro de la región. Pero, casi veinte años después del inicio oficial de las hostilidades, Darfur sigue estando en el limbo de la incertidumbre, el desconocimiento y el desinterés internacional.

Por: María Lorenzo Marco