Conspiración en América

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Por Alejandro López.

Esta legislatura sin duda se ha visto arrastrada por los escándalos abiertos contra Donald Trump. Si bien hay un holgado margen para la crítica política contra la gestión del magnate, la buena marcha de la economía a nivel macro, hasta el tsunami que ha supuesto la crisis sanitaria más importante del siglo, ha evidenciado que el Partido Demócrata no ha sido capaz de articular oposición dejando puntada sin hilo.

Son múltiples las acusaciones a las que hemos visto que se ha tenido que hacer frente desde la Casa Blanca, pero multitud del esfuerzo puesto en su destitución carecía de base, le ha apuntalado más o incluso padecía del vicio manipulador del que, precisamente, se buscaba acusar al Presidente.

Rusiagate

Desde el principio, gran parte de la campaña de 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump se centró en la archiconocida trama de intervención electoral por parte de Rusia. Pero hay un problema que empantanaba la cuestión y de la que Donald Trump sacó fuerza: la falta de pruebas. Toda la acusación surgió como parte de una estrategia para defender que Putin deseaba a Trump en la Casa Blanca para lograr un cambio en las políticas económicas mediante un proteccionismo aislacionista, su hostilidad retórica hacia sus propios socios occidentales y la misma OTAN, pero sobre todo por el cambio político necesario para que fueran retiradas las sanciones contra Rusia. La campaña diplomática lanzada por Obama en 2014 surgió como respuesta a la crisis ucraniana. Ucrania había sufrido un golpe que la alejaba de la óptica rusa y la acercaba a la UE y a EEUU. Obama comenzó entonces a auspiciar una serie de sanciones por la anexión de la República de Crimea y la importante cuestión de la guerra civil ucraniana, de la que hablaremos más tarde por su vital importancia para entender la política estadounidense en esta legislatura.

La campaña de sanciones se exacerbó en diciembre de 2016 con la campaña electoral norteamericana, cuando Obama expulsó a 35 agentes rusos del país, impuso sanciones a las principales agencias de inteligencia rusa y acusó abiertamente a Rusia de múltiples ciberataques, especialmente contra Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Para ello, además, puso en marcha una serie de informes de Seguridad Nacional, que bebían de la NSA, y del FBI. Robert Mueller, ex director del FBI (2001-2013), fue nombrado fiscal especial para la investigación sobre el Rusiagate, por parte del Fiscal General adjunto de Estados Unidos. Su presencia será de especial relevancia en el caso de la investigación de la trama rusa por su acuerdo con Michael Flynn, quien mantenía vínculos con Trump, ya que este nombraría a Flynn en diciembre de 2016 miembro de su gabinete de transición y, posteriormente en enero de 2017, asesor de Seguridad Nacional en su nueva administración. Flynn habría mantenido una conversación con el embajador de Rusia en Estados Unidos, lo cual –junto a multitud de potenciales vínculos más entre Rusia y el equipo de Trump-, ponía en el punto de mira al magnate y daba el pistoletazo de salida a la investigación conocida como Rusiagate. Mueller habría acordado con Flynn una declaración donde se declaraba culpable. Flynn reconocería ante el FBI la existencia de esa llamada con el embajador de Rusia hasta en dos ocasiones y estaba dispuesto a declarar que fue el equipo de Trump quien le empujó a tener ese contacto con Rusia. Sin embargo, Flynn cambió sus declaraciones y reconoció que mintió al FBI al considerar que se le había hecho una encerrona y se pretendía acusar también a su hijo. La conversación con el embajador ruso es real. En ella Flynn trataba de convencer a Rusia para que no respondiera a las sanciones de la administración Obama, confiando en que las relaciones mejorarían con Trump. Toda esta trama siguió coleando hasta 2019, torpedeando a la administración Trump con filtraciones que apuntaban a la responsabilidad de su equipo en contactos con Rusia y que éstos interfirieron en el proceso electoral. Ninguna de ellas aportó pruebas contundentes nunca.

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Michael Flynn junto a Vladimir Putin. Foto: Sputnik vía EPA.

No obstante, 2016 fue el año clave, por las elecciones presidenciales de noviembre. Ante la negativa previa del gobierno ruso, Barack Obama realizó una llamada a Vladimir Putin mediante el Teléfono Rojo, remanente de la Guerra Fría. Se habla del 31 de octubre de 2016 como fecha de la llamada. Según NBC, era su primera llamada por la línea directa y sirvió para lanzar advertencias directas a Rusia sobre las filtraciones. Si no cesaban, Rusia debía atenerse a las consecuencias diplomáticas y económicas. Finalmente, el 8 de noviembre de 2016 tuvieron lugar las elecciones presidenciales y no hubo interferencias en los resultados ni filtraciones de calado en la prensa. Obama declaró que sus advertencias habían surtido efecto. El montante que hizo despegar la investigación fue una conclusión conjunta de las agencias de inteligencia norteamericanas y Seguridad Nacional en un informe publicado en enero de 2017 donde Inteligencia Nacional confirmaba que era responsabilidad de los hackers rusos la filtración masiva de correos e información sobre el Partido Demócrata hacia Wikileaks. Esta información dejaba en muy mal lugar al Comité Nacional Demócrata y a Hillary Clinton. A la misma conclusión llegaban personalidades tan relevantes como James Clapper (director de Inteligencia Nacional), John Brennan (director de la CIA) y James Comey (director del FBI, sucesor de Mueller).

Sin embargo, Donald Trump no supo capear con esta investigación e incluso amenazó con expulsar al fiscal especial para la causa, Mueller, por pasar las líneas rojas de su administración al solicitar los documentos de las empresas del propio Trump para comprobar sus vínculos con Rusia. Incluso varios parlamentarios republicanos se plantearon apoyar un posible proceso para destituir al presidente. Pero el proceso no pudo salir adelante ; los demócratas estaban en minoría en el Senado. Finalmente no fue lanzado el proceso de juicio político con el que se amenazaba pero se iniciaron otras vías judiciales de investigación. En 2019, Justicia determinó que no había habido trama rusa, mediante un resumen que el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, publicó sobre las conclusiones de la investigación que el fiscal especial Mueller había llevado a cabo, pero no exoneró a Trump de posibles obstrucciones a la justicia. La sentencia no era realmente una exoneración, como la campaña de Trump vendió en un camino de rosas hacia su reelección en 2020. No fue así puesto que el predecesor de Barr, el anterior Fiscal General, Jeff Sessions –otro personaje que será de importancia más adelante- realizó el mandato a Mueller de investigar, por un lado, la trama rusa, y por otro, la posible obstrucción a la justicia.

Obamagate

En la primera mitad de mayo de 2020, el Departamento de Justicia ha anunciado una moción por la que se cierra la investigación contra Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional con Trump, y cuya información ha supuesto una vuelta de tuerca al Rusiagate, detallando el supuesto entramado del Partido Demócrata con las instituciones de inteligencia y justicia del Estado contra Donald Trump desde 2017. ¿En qué consistiría esta conspiración según ha trascendido?

El Obamagate sitúa una reunión el 5 de enero de 2017 a la que habrían asistido:

  • Barack Obama, presidente de Estados Unidos.
  • Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos.
  • James Comey, director del FBI.
  • John Brennan, director de la CIA.
  • James Clapper, director de Inteligencia Nacional.
  • Sally Yates, Fiscal General adjunta. Predecesora temporal de Jeff Sessions.
  • Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional. Predecesora de Michael Flynn.
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Barack Obama, James Comey y Sally Yates (de izquierda a derecha).

La reunión tendría lugar justo unos días antes de la entrada de Trump a la Casa Blanca, para organizar las acusaciones de interferencia rusa desde dentro de la futura administración Trump. Todos ellos habrían compartido información con Obama sobre el curso de la investigación sobre la trama rusa. Asimismo, se habría dado instrucciones a los asistentes para proteger la influencia de la campaña, financiada con fondos secretos destinados a Hillary Clinton en 2016, y su funcionamiento desde dentro de la Administración cuando esta cambiara de signo, evitando que fuera frenada desde dentro y pudiera hacerse oposición interna a Trump. Bajo declaraciones de Susan Rice, “[Barack] Obama quiere que nos aseguremos de si podemos compartir información relacionada con [la trama de] Rusia, según nos vayamos acoplando con la nueva administración”. Susan Rice era la asesora de Seguridad Nacional con Obama (2013-2017) y esta información surge de un llamativo correo sobre la reunión de la discordia que se envió a sí misma el día de la toma de posesión de Donald Trump.

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John Brennan junto a Barack Obama.

Tras la reunión, Obama habría pedido a Sally Yates, del Departamento de Justicia, y al director del FBI, James Comey, que siguieran con la investigación desde dentro de la nueva administración. Desde entonces se filtraron numerosos documentos que mostraban el contacto de Flynn con el embajador ruso. De hecho, posteriormente, en 2018, los ex directores del FBI y la CIA, Comey y Brennan, respectivamente, mantuvieron encontronazos con Donald Trump. Brennan aseguró que “puede usar chivos expiatorios, pero usted no destruirá a los Estados Unidos, ¡Estados Unidos triunfará sobre usted!” Igualmente, Comey acometió contra Trump desde la publicación de su autobiografía por tratar de frenar las investigaciones contra Flynn o plantear qué podría hacerse para acabar con la trama rusa. Precisamente una de las cuestiones que motivó la investigación contra Donald Trump por obstrucción a la justicia fue su denuncia pública de “caza de brujas”, que materializó con la destitución que motivó contra el propio James Comey de su puesto en la dirección del FBI el 9 de mayo de 2017, desde donde se alimentaba la conspiración por la trama rusa. Además, Comey califica su gobierno de “incendio forestal”, por lo que Trump habría considerado frente a funcionarios rusos que su despido fue un alivio para su gabinete, según The New York Times. Por último, cabe señalar que Comey había arremetido contra la labor de Jeff Sessions, designado por Trump, y aseguraba que no estaba a la altura del cargo. Comey fue sustituido por Christopher Wray, actualmente en el cargo, con la intención de restaurar la dañada reputación del FBI con este caso y el enfrentamiento con la Presidencia de los Estados Unidos.

Donald Trump despide a James Comey como director del FBI, 2017.

Un día antes de la reunión clave, el 4 de enero, había tenido lugar el cierre de una investigación contra Flynn por parte del FBI. Pero desde el Bureau se habrían apresurado a abrir otra investigación sobre Flynn, quien estaba llamado como asesor de Seguridad Nacional a ser quien revisase la investigación sobre la trama rusa. Tras discusiones sobre quién debía ser informado sobre el rumbo que se pretendía tomar durante el mandato de Trump, se encontró un error que impidió el cierre de la primera investigación a Flynn, por lo que no fue necesario abrir una nueva. Volviendo a la reunión, poco después quedarían claros los siguientes pasos a tomar entre los involucrados. Habría que investigar al asesor de Seguridad Nacional y recusar al nuevo Fiscal General de los Estados Unidos para que no supervisara la investigación contra Trump. Por tanto, los objetivos primeros serían Flynn y Sessions. Para ello se pondrían en marcha una serie de filtraciones a la prensa. Estas sirvieron para hacer caótica la entrada de la nueva administración, con escándalos continuos con respecto a la trama rusa. Siguieron las filtraciones selectivas, destacando el 10 de enero un informe presuntamente falso filtrado a CNN que contaba con credibilidad porque el propio Comey había informado a Trump de la existencia del informe cuatro días antes. Sin embargo, dicho informe no había sido verificado y sería parte de la campaña financiada, también presuntamente, por la campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Posteriormente se habrían producido otras filtraciones potentes al Washington Post. Con el despido de Comey en mayo, Trump creyó recuperar el control de la situación, pero se habría dado comienzo desde el FBI a una investigación especial que siguió hasta que Mueller desestimó la colusión entre Trump y Rusia.

James Clapper (izquierda) y Sally Yates (derecha).

En la reunión de Obama, se habría hablado sobre la llamada entre Flynn y el embajador ruso, de la que tenía conocimiento, según Comey y Yates. Sin embargo, según Clapper, Comey y Yates, no informaron a Obama sobre la llamada, quien podría haber sido informado por Rice. Como se mencionó anteriormente, Flynn había mentido en una primera declaración al FBI sin saber que estaría cometiendo un delito federal o que había una investigación en curso contra él, para obtener un acuerdo pero posteriormente cambió su declaración. El abogado de Flynn acusa directamente al FBI de haberle engañado. Comey habría roto el protocolo del FBI para ello el 24 de enero y, gran parte de la ayuda fue proporcionada por la filtración mencionada al Washington Post, donde se aseguraba que Flynn no estaba siendo investigado. La Fiscal General adjunta, Sally Yates, habría intentado forzar el despido de Flynn el 25 de enero utilizando transcripciones de la NSA que le mostraban vulnerable a un posible chantaje ruso. Yates ocupó el cargo de Fiscal General en funciones desde el 20 de enero hasta el 30 de enero de 2017, cuando fue sustituida de cara a que llegara el nombramiento de Jeff Sessions en febrero, anunciado por Trump con anterioridad pero que debía pasar por el legislativo. Flynn no cayó durante el periodo de permanencia de Yates, así que el 9 de febrero se produjo otra filtración al Washington Post donde se relataba cómo Flynn había mantenido conversaciones con el embajador sobre las sanciones contra Rusia. Flynn no duró ni un mes en el puesto y cayó dos semanas después que Yates cuando estaba ya demasiado involucrado en la trama rusa como para beneficiar a la imagen de Trump.

El mencionado Jeff Sessions, como Fiscal General de los EEUU desde febrero de 2017, cuando fue confirmado por el Senado tras la propuesta de Trump, era quien dirigía la investigación sobre el fiscal especial para la trama rusa. Sin embargo, era uno de los obstáculos a superar para poder desplegar la campaña contra Trump. Comey habría ocultado deliberadamente información sobre la investigación a Sessions. En marzo de 2017, la prensa publicó que Sessions había mantenido reuniones en 2016 con el embajador ruso, a pesar de que el propio Sessions había declarado bajo juramento que no había tenido tales contactos. Todo ello motivó la solicitud de su renuncia por parte de los demócratas y Sessions se recusó el 2 de marzo tras varias presiones en el proceso de investigación de la trama de interferencia rusa en las elecciones de 2016. Le sustituyó en 2018, William Barr, quien acabó con la trama en 2019.

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William Barr (izquierda) y Jeff Sessions (derecha). Foto: Chip Somodevilla, Getty Images.

Una vez habían caído los dos únicos obstáculos, el camino estaba libre para que el Partido Demócrata pudiera abrir un juicio político que destituyera a Donald Trump en 2017. Finalmente la idea naufragó y no fue hasta 2019 que se inició por la trama ucraniana. La investigación actual sobre el Obamagate dependería del actual Fiscal General, William Barr, y del Fiscal Federal de Connecticut, que es quien ha estado investigando la trama rusa. Ahora Justicia habría dictaminado que el FBI nunca debió interrogar a Flynn porque los contactos con la embajada rusa fueron apropiados. Los demócratas acusan a Trump de haber politizado la Justicia y algunos juristas consideran insólito que se haya exculpado a alguien que hasta en dos ocasiones reconoció su responsabilidad en el vínculo con el embajador de Rusia. La inconveniencia legal de ese contacto es lo que estaría, irónicamente, en tela de juicio. Pero parece que la trama responde más a una disputa política y mediática cruzada entre las dos facciones de poder, manteniendo la tensión entre la inteligencia y la justicia. Trump ha celebrado la sentencia.

Ucraniagate

Tras muchos devenires políticos en torno a la trama rusa, parecía muy improbable que una cuestión menor en esta legislatura como era Ucrania acabara llevando a Donald Trump ante su juicio político por la destitución. Sin embargo, esta cuestión ha conllevado más intereses económicos reales y políticos internos. Para esta trama también debemos retrotraernos hasta la legislatura de Barack Obama. Uno de los múltiples conflictos internacionales que abrió Estados Unidos en su dinámica geoestratégica fue el de Ucrania, apoyando las protestas del Maidan en 2014, que terminó con el alzamiento de un gobierno de ultraderecha, una guerra civil en el este y un enorme conflicto con Rusia tras la anexión de Crimea y el apoyo al Donbass.

La administración Obama encargó a Joe Biden la supervisión de la situación en Ucrania de manera personal, en cuyo transcurso surgieron una serie de irregularidades. Biden viajó personalmente a Ucrania y estrechó los lazos con la administración de Petro Poroshenko. El hijo del ex vicepresidente, Hunter Biden, accedió al consejo de administración de la gasística ucraniana Burisma. En lo concerniente a la pugna entre las administraciones Trump-Obama, más allá de la cuestión ucraniana en sí, nos centramos en las implicaciones sobre la política interior norteamericana. Con el paso del tiempo, al acceder Donald Trump al poder en Estados Unidos, comienza a tomar importancia toda esta situación oculta en Ucrania. Joe Biden entra en la carrera por la nominación demócrata, con el apoyo de Barack Obama, como continuación del proyecto conservador que inició el ex presidente. Donald Trump mantuvo una conversación con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski para tantear las investigaciones potenciales contra Joe Biden por los negocios de su hijo. Trasciende al dominio público que Joe Biden, en marzo de 2016, durante su mandato con Obama, intervino en Ucrania para lograr la destitución del Fiscal General del país, Viktor Shokin. Estados Unidos habría bloqueado una línea de crédito para Ucrania por valor de $1.000 millones. Se mostraron reticencias internas a la salida del fiscal, por su papel investigando casos de corrupción. Pero la salida fue compartida por Estados Unidos y otros países occidentales, acusando a Shokin de tibieza ante la corrupción.

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Volodímir Zelenski y Donald Trump.

Sin embargo, el Partido Demócrata consideró que la trascendencia de la intervención de Trump ante Zelenski era prueba suficiente del intento de injerencia política sobre un país extranjero con intenciones de perjudicar políticamente a un líder opositor. Donald Trump habría amenazado al presidente de Ucrania exhortando a que se iniciara una investigación contra Biden. En la famosa llamada, se confiaba la investigación a una futura conversación entre Zelenski y los norteamericanos Rudy Giuliani –abogado de Trump y ex alcalde de Nueva York- y William Barr –mencionado Fiscal General de EEUU-. De hecho, el propio Giuliani fue quien animó a iniciar esta investigación. Aun así, Joe Biden inicialmente se vio más perjudicado que beneficiado ante la publicación del escándalo, dado que aireó colateralmente sus vínculos familiares con la gasística ucraniana y su manejo para destituir al Fiscal General. La precampaña dejó un escenario de atomización demócrata sin liderazgo, sin proyecto, y mucho más importante, sin unidad política. Ante la falta de cabeza visible demócrata, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes tomó la imagen pública y decidió hacer oposición a Trump, abanderando la idea del impeachment contra el presidente en base a la llamada filtrada con Zelenski. El proceso de destitución no prosperó dado que los demócratas sabían que no contaban con los números necesarios en el Senado, pero Pelosi valoraba la posibilidad de que el contexto penalizase la imagen de Trump en plena precampaña, durante septiembre y octubre de 2019. Trump y su defensor, Rudy Giuliani, parecían haber salido incluso reforzados de la ofensiva demócrata de Pelosi. Sin embargo, el manejo del resto de candidaturas demócratas por el establishment y una suerte de factores étnico-políticos impulsó a Joe Biden hasta la confrontación prácticamente asegurada con Donald Trump en noviembre de 2020. Hunter Biden reconoció ante la ABC News su papel en la gasística pero aseguró que no implicaba ningún mecanismo ilícito, además se comprometió a limitar sus negocios en países extranjeros si su padre llegaba a la presidencia, cuestión que parece cada vez más cuesta arriba, dado el interminable afloramiento de escándalos. Donald Trump animaba a investigar a los Biden por sus negocios en Ucrania pero también en China.

Con este escenario de acusación política cruzada entre los dos partidos norteamericanos se cierra una presidencia marcada por las tramas de conspiración, que se remontan a la etapa de Obama y, a buen seguro, seguirán coleando hasta la próxima administración.

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Alejandro López Canorea

Antropólogo, profesor y biólogo especializado en gestión de socioecosistemas. Ahora me dedico al análisis de política internacional.

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