43 años de conflicto en el Sáhara Occidental

El conflicto del Sáhara Occidental es una de las luchas más conocidas del continente africano. Forma parte de la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización elaborada por la ONU. Además, guarda especial importancia para España debido a su condición de excolonia y a los fuertes lazos que todavía mantienen los saharauis con la población española.

En la Conferencia de Berlín (1884-1885), cuando las principales potencias europeas decidieron el reparto de África, se aceptó la reclamación española de su derecho histórico sobre el Sáhara Occidental. Ese mismo año España comenzó su ocupación colonial. Los trazados fronterizos con las colonias vecinas controladas por Francia (Argelia, Mauritania y Marruecos) fueron establecidos arbitrariamente sin tener en cuenta las circunstancias históricas o culturales de las diferentes poblaciones o cabilas que vivían en el territorio. Hubo cierta resistencia y oposición a la ocupación, pero esta no se articuló todavía políticamente. Un ejemplo de esta resistencia fueron las revueltas del Chek Ma El Ainin.

Posteriormente, a finales de los años 50 y principios de los 60, España amplió e hizo más efectiva su presencia en el territorio. Este hecho estuvo ligado al descubrimiento de importantes recursos minerales que empezaron a ser explotados en 1963. Principalmente los yacimientos de fosfatos de Bu Cra, que se consideran uno de los más grandes del mundo. Este mineral es de gran importancia para la agricultura dado que es utilizado en la elaboración de fertilizantes.

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Entonces, el gobierno español decidió convertir al Sáhara y a Ifni en provincias españolas. Con esta jugada, la dictadura pretendía escapar de las obligaciones de descolonización que el derecho internacional le imponía. Ese mismo año se desarrolló una operación militar conjunta –llamada Operación Teide por los españoles y Operación Ecouvillon por los franceses- contra las revueltas que continuaban produciéndose. Marruecos también participó en la operación y como recompensa se le cedieron los territorios de Tan-Tan y Tarfaya en los Acuerdos de Cintra (1958).

En 1960 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 1514, conocida como Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que hacía un llamamiento a la descolonización y al derecho de autodeterminación. Unos años más tarde, la ONU adoptó la Resolución 2229 en la que se confirmó el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación del Sáhara Occidental.

En diciembre de 1969 nació el Movimiento de Liberación (Harakat Tahrir), antecedente del Frente Polisario, liderado por Mohamed Sidi Brahim Basir (alias Basiri). En un primer momento, Basiri apoyaba una descolonización del territorio, pero sin llegar a la plena independencia. El 17 de junio de 1970 las autoridades españolas reprimieron con brutalidad una manifestación saharaui en Zemla (un barrio de El Aaiún) que terminó con 40 muertos. Entre los numerosos ciudadanos estaba Basiri, que desapareció semanas después de ser detenido en circunstancias nunca esclarecidas.

La brutalidad de la represión marcó un antes y un después en el nacionalismo saharaui. A partir de ese momento, la vía pacífica para conseguir la autonomía quedó totalmente deslegitimada. En 1973, varios estudiantes saharauis, inspirados por otros movimientos de liberación nacional del mundo árabe, decidieron crear el Frente POLISARIO (Frente Popular de la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro). En su manifiesto constitutivo se posicionó como órgano de expresión de la lucha del pueblo saharaui. El principal objetivo era poner fin a la dominación colonial española.

Cabe destacar que el nacionalismo saharaui no nació de las estructuras tradicionales, fuertemente desprestigiadas, ni proponía la vuelta a las formas sociales tradicionales previas a la colonización, sino todo lo contrario; el nacionalismo saharaui se basó en la abolición de las estructuras tradicionales y la lucha contra la colonización como base para la creación de una nueva nación saharaui. Asimismo, al igual que otros pueblos colonizados, los saharauis se apropiaron del hecho colonial, asumiendo sus fronteras, para construir su propia identidad nacional.

En 1974 el gobierno de la dictadura informó a la ONU sobre su intención de realizar un referéndum de autodeterminación bajo su tutela. Sin embargo, Marruecos se opuso a la celebración del referéndum y reclamó su derecho sobre el Sáhara Occidental. Hassan II, para dilatar la situación en el tiempo, llevó la situación a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En su dictamen, la CIJ rechazó las reivindicaciones marroquíes y afirmó que el pueblo del Sáhara Occidental tenía derecho a la autodeterminación.

Entonces, Hassan II decidió enviar 350.000 civiles y 25.000 soldados al territorio en la conocida como Marcha Verde. El objetivo de esta ocupación era presionar al gobierno español para que saliese del Sáhara Occidental. De esta forma, el rey de Marruecos pudo usar el Sáhara Occidental para desviar la atención de los problemas interiores -en 1971 y 1972 sufrió dos tentativas de golpe de estado y su popularidad era reducida-. Entonces, el gobierno de España, con Franco moribundo, cedió y entregó el Sáhara a Marruecos y Mauritania en el Acuerdo Tripartito de Madrid -firmado entre el 12 y el 14 de noviembre-. Con este tratado, el gobierno autorizaba el establecimiento de una nueva administración marroquí-mauritana en el territorio. Cinco días más tarde, las Cortes franquistas aprobaron una ley para la descolonización del Sáhara Occidental. De esta forma, desde el punto de vista de la legalidad española, se había puesto fin a las responsabilidades sobre el territorio y la población saharaui. En cambio, esto no sería efectivo de cara a la legalidad internacional debido a que España no tenía en su poder la facultad de ceder la administración del territorio a terceros sin la aprobación de Naciones Unidas.

Marruecos pasó entonces a reprimir y expulsar a toda la población saharaui. A principios de 1976 las fuerzas armadas marroquíes bombardearon brutalmente numerosos campamentos de refugiados saharauis. En algunos de esos bombardeos quedó demostrado el uso de napalm y fósforo blanco -armas prohibidas internacionalmente-.

Gran parte de la población huyó a Argelia, instalándose en campos de refugiados en la ciudad fronteriza de Tinduf (donde siguen residiendo en la actualidad). Desde entonces Argelia se convertirá en el principal aliado del Frente Polisario y enemigo número uno de Marruecos. El 26 de febrero de 1976 los últimos soldados españoles salieron del Sáhara Occidental. Al día siguiente, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

En 1978 se produjo un golpe de estado en Mauritania que derrocó al presidente firmante de los Acuerdos de Madrid que habían repartido el Sáhara. Un año después, el nuevo gobierno mauritano firmó un acuerdo de paz con el Frente Polisario, renunciando a sus pretensiones sobre el Sáhara Occidental, y salió de la parte del territorio que estaba ocupando.

A partir de entonces, la guerra se centró entre Marruecos y el Frente Polisario, recrudeciéndose los combates entre ambos. Las emboscadas y sabotajes llevados a cabo por los saharauis llevaron a Marruecos a levantar en la década de los 80 un muro para defender los 2/3 de territorio bajo su control.

En un principio, el Frente Polisario tuvo una marcada ideología socialista, inspirada en el socialismo árabe progresista de la época. De hecho, en la primera Constitución Provisional de la RASD (1976) se proclamó el nuevo Estado saharaui, que se declaró como una «república árabe, islámica, democrática y socialista». Tras la caída del Bloque del Este, se adoptó una nueva constitución (1995) en la que se acordó asumir el pluripartidismo y el libre mercado, una vez conseguida la independencia.

En 1990 la ONU elaboró un plan de paz, denominado Plan de Arreglo, que fue aceptado por ambas partes. La espina dorsal del acuerdo fue la elaboración de un referéndum en el que habría dos opciones: la creación de un nuevo Estado o la integración a Marruecos. En 1991 se proclamó un alto al fuego después de 16 años de conflicto bélico. Ese mismo año se creó también la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental).

El Plan de Arreglo preveía la realización de un referéndum para 1992. La puesta en práctica de la votación se vio truncada por problemas en la identificación de personas para la confección del censo electoral. En los años posteriores hubo numerosos desacuerdos. Mientras tanto, Marruecos llevó a cabo un desplazamiento masivo de personas desde el interior del país al Sáhara Occidental, con el fin de desvirtuar el proceso.

El nuevo Secretario General de la ONU, Kofi Anan, designó en 1997 a James Baker (exsecretario de Estado norteamericano) como enviado especial al Sáhara Occidental. Ese mismo año se firmaron los Acuerdos de Houston, dando un nuevo impulso al plan de paz y posponiendo la fecha para el referéndum. El proceso de identificación de votantes finalizó en 1999. Un total de 86.412 votantes habían sido aceptados. Se presentaron más de 100.000 recursos y el proceso volvió a encallarse. Ante esta nueva obstaculización, el enviado especial organizó una reunión en Berlín entre ambas delegaciones. Marruecos declaró que la posibilidad de un referéndum era inaplicable y propuso buscar otra alternativa. En consecuencia, en 2001 comenzó a desarrollar un proyecto de autonomía para el Sáhara Occidental. Este preveía un estatus de autonomía (manteniendo la soberanía marroquí) después del cual se realizaría un referéndum con las dos alternativas que estaban encima de la mesa. La cuestión era que Marruecos pretendía que en dicho referéndum pudiesen votar todos los que hubiesen residido en el territorio el año anterior, asegurándose así la victoria. Este proyecto, que pasó a conocerse como Plan Baker I, fue rechazado por el Frente Polisario bajo la tesis de que no respetaba el derecho a la autodeterminación. El Polisario invitó a la ONU a retomar el Plan de Arreglo. En 2003 se propuso el Plan Baker II, el cual preveía que el referéndum tendría lugar una vez se hubiese experimentado un periodo de autonomía considerable (4-5 años). Durante dichos años, se debía establecer una autoridad provisional autónoma que incluyese a los saharauis refugiados y expatriados por el conflicto. Numerosos poderes serían entonces previsiblemente gestionados por los saharauis durante los años previos al referéndum. Esto no convenció a Marruecos y ese mismo año dio su negativa final a este nuevo plan. James Baker, al ver fracasado su segundo intento, dimitió en 2004. Posteriormente, otros enviados del Secretario General como el holandés W. Van Walsun y el estadounidense Christopher Ross, intentaron sin éxito dar una salida al conflicto.

En mayo de 2005 tuvo lugar la Intifada saharaui en los territorios ocupados que implicó numerosas protestas en las que se reclamaba la excarcelación de los presos políticos saharauis. Las protestas fueron duramente reprimidas y numerosas personas fueron detenidas. Esto implicó un recrudecimiento de la represión de Marruecos.

Más adelante, en 2010, se produjo el levantamiento del campamento de Agdaym Izik en las afueras de El Aaiún (capital del Sáhara Occidental). En torno a 20.000 saharauis montaron un campamento protesta pacífica para reclamar el fin de la marginación y la explotación de sus recursos naturales. Un mes más tarde el campamento fue brutalmente desmantelado por el ejército y la policía marroquí. Además, numerosos manifestantes fueron encarcelados (la mayoría condenados a cadena perpetua). Según algunos analistas internacionales como Noam Chomsky, lo ocurrido en Gdeim Izik fue un preludio de lo que estaba por llegar. Tan solo un año más tarde comenzaron las protestas en Túnez y Egipto en lo que se llamó la Primavera Árabe.

Sin duda alguna, los recursos naturales han jugado un papel enorme en el conflicto. El Sáhara Occidental cuenta con uno de los yacimientos de fosfatos más importantes del mundo. Además, la costa saharaui posee uno de los bancos de pesca más importantes del Atlántico. Asimismo, numerosas multinacionales (Total Fina Elf, Repsol, Shell, Kerr McGee…) han llevado a cabo prospecciones con el objetivo de encontrar gas o petróleo. Esto sigue generando controversia y es de plena actualidad. Por ejemplo, Marruecos y la UE cerraron este año un acuerdo pesquero que incluía las aguas saharauis.

En conclusión, la lucha saharaui continúa después de 43 años a todos los niveles. Esta lucha sigue tanto en los territorios ocupados (recientes protestas en El Aaiún), como en los campamentos de refugiados, así como a nivel diplomático (visita del presidente de la RASD Brahim Gali en el Senado de México). Por su parte, la estrategia de Marruecos bajo el reinado de Mohamed VI sigue siendo el silenciar el conflicto. La estrecha vinculación de la corona con el Sáhara Occidental haría peligrar a la institución si se perdiese el territorio.

Por tanto, dependiendo de lo que suceda en las conversaciones que van a tener lugar en Ginebra los días 5 y 6 de diciembre se pueden abrir dos horizontes. Una resolución del conflicto que lleve a la paz y que debe pasar por garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. O un recrudecimiento del conflicto en el caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto. Esto implicaría una escalada de tensiones y una posible vuelta a las armas por parte del Polisario. El resultado tendrá también importantes consecuencias en la paz en el Norte de África y podría servir como factor de estabilización de la región, tan castigada por el terrorismo y el radicalismo islámico.

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