Protestas y transición en Sudán

A lo largo de este 2019 se han dado dos acontecimientos que han cambiado las dinámicas gubernamentales del continente africano. En este artículo nos centraremos en el derrocamiento del eterno presidente Omar al Bashir y los primeros pasos de Sudán hacia su nueva forma de gobierno.

Las manifestaciones comenzaron el 18 de diciembre de 2018 debido al aumento del precio del combustible y el pan, provocado por el corte de financiación por parte de Estados Unidos. A raíz de esto, el gobierno anunció el fin de ciertos subsidios alimentarios. Los manifestantes exigieron la continuación de los subsidios y quemaron varias oficinas del partido. Con el paso de los días, los manifestantes pasarían a exigir la dimisión del presidente.  

Frente a esto, los países vecinos comenzaron a movilizarse. Qatar, importante socio y aliado clave junto con Turquía, expresó su apoyo financiero al régimen de Bashir. En los siguientes días se dio una escalada de violencia entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que llegaron a emplear fuego real para dispersar a la multitud, lo que dio como resultado varios fallecidos. Los sindicatos fueron los primeros en unirse a las reivindicaciones de los manifestantes, declarando la huelga indefinida hasta que se diera la dimisión de al-Bashir y la adopción de reformas reales para paliar la situación que dio lugar a las manifestaciones. Las protestas se hicieron cada vez más multitudinarias, sobretodo en Jartum, la capital, y han pasado de ser en contra de las políticas de austeridad a ser contra todo el gobierno sudanés.

La policía sudanesa continuó respondiendo con fuego real a los manifestantes y a finales de diciembre Amnistía Internacional confirmaba la muerte de 37 personas desde que empezaron las protestas. Los partidos de la oposición se unen rápidamente a este rechazo al gobierno firmando una declaración conjunta por la que se pidió la renuncia de Bashir y la formación de un gobierno de transición.

Las manifestaciones aglutinaban cada vez a más grupos sociales y las huelgas generales se volvieron frecuentes. El gobierno empezó a tomar medidas más agresivas para contener las movilizaciones, como el bloqueo de redes sociales y el arresto masivo de manifestantes.

 El presidente de Sudán anunció su negativa a dimitir y expresó su tranquilidad, ya que decía contar con la lealtad del ejército, una suposición que fue precipitada. El ejército tenía un gran peso en el gobierno de Omar al-Bashir pues se basaba en la violencia y la represión para asegurar su permanencia en el poder y mantener la unidad del país. Cuando tuvo lugar el conflicto separatista de Darfur, el ejercito respondió con una violencia y represión brutales por orden del gobierno. A raíz de esta violación de los derechos humanos, el presidente fue condenado por crímenes contra la humanidad.

 

Además de las medidas a nivel interno, el presidente sudanés buscó apoyos en el exterior, recurriendo en primer lugar a sus aliados más cercanos, Qatar y Arabia Saudí. El 23 de enero al-Bashir se reunía con el emir catarí, que le volvió a ofrecer su apoyo para mantener la estabilidad.

Mientras tanto, las protestas continuaban al grito de “Revolución” y las cifras de muertos y heridos no paraban de crecer, aunque se desconocen con exactitud. El gobierno sudanés ha procurado que su país siempre fuese lo más hermético posible con  respecto a la información. Por ello las pocas fuentes que suministran cifras sobre los muertos y heridos son las asociaciones de derechos humanos y los sindicatos.

A mediados de febrero estos grupos declaraban 45 muertos en las manifestaciones, mientras el gobierno reducía esa cifra a 30. También se denunció el cierre de universidades y escuelas y la imposición del toque de queda, pero el gobierno no respondió a esas denuncias.

A finales de enero  las protestas ya eran multitudinarias y simultaneas en varias ciudades, haciendo que se volviesen difíciles de controlar por parte del gobierno. Como resultado, el ejecutivo sudanés restringe todavía más las libertades civiles, decretando el estado de emergencia y la disolución del gobierno federal el día 22.

En los siguientes días este estado de emergencia se fue aumentando mediante decretos hasta prohibir las manifestaciones sin autorización, la venta de productos incendiarios y la libertad de movilidad. En respuesta a esto, los manifestantes llamaron a la desobediencia total y a la continuidad de las manifestaciones.

El gobierno trató también de hacer pequeñas concesiones con el fin de rebajar la tensión. Por el Día de la Mujer, el presidente Omar al-Bashir ordenó la liberación de todas las mujeres detenidas durante las manifestaciones. En el mes de febrero las asociaciones de derechos humanos denunciaban la encarcelación de más de 2.000 manifestantes.

En paralelo a la situación sudanesa, en Argelia se daban protestas por la presentación de la quinta candidatura electoral del presidente Bouteflika. Las movilizaciones dieron como resultado la dimisión del presidente que había gobernado el país durante 20 años. Estos dos procesos han tenido efectos el uno sobre el otro y tras la dimisión de Bouteflika, las manifestaciones sudanesas se reavivaron.

El 6 de abril, coincidiendo con la revolución de 1985, se daba “La Marcha del Millón”: 700.000 personas se manifestaban frente al Cuartel General del Ejército para exigir la dimisión de al-Bashir. Los enfrentamientos se prolongaron durante toda la noche y dejaron al menos cinco manifestantes muertos.

En los siguientes días, parte del ejército sudanés se posicionó a favor de los manifestantes y les protegió frente a los cuerpos de seguridad.

Dos días después de “La Marcha del Millón” se convoca una huelga general y miles de personas se vuelven a manifestar ante el Cuartel General. Durante ese día se realizaron 2.496 arrestos y hubo siete muertos.

 

Tras estos acontecimientos el Ministro de Defensa y vicepresidente de Sudán, Ibn Auf, hizo una declaración contra la idea de que el país se sumiese en el caos y alegó no estar en contra de las aspiraciones de los manifestantes. Aconsejo al lector que se fije en este ministro, ya que es importante para los futuros acontecimientos

En este momento se dio un punto de inflexión importante porque el gobierno de al-Bashir comenzaba a perder el apoyo del ejército. Los rangos medios y soldados rasos comenzaron a unirse a las protestas contra el actual gobierno y no solo a proteger a los manifestantes. Parte de los que continuaron en el ejército mostraron su apoyo desplegando vehículos blindados para protegerles durante las protestas.

La policía de Sudán se unió poco después al apoyo a las manifestaciones pidiendo al gobierno una transición pacífica y anunciando que no cargará contra los manifestantes. La presión internacional contra del gobierno sudanés iba también en aumento: Reino Unido, Estados Unidos y Noruega lanzaron un comunicado llamando a la realización de un “plan creíble para la transición política en Sudán”.

Con los cuerpos y fuerzas de seguridad sudanesas en contra del gobierno y una creciente presión internacional, al-Bashir  se vio acorralado aunque no daba signos de dimitir.

La situación derivó en un golpe de estado contra el gobierno de Bashir que dio comienzo el 11 de abril a primera hora de la mañana. Los militares ocuparon edificios públicos y medios de comunicación realizando numerosos arrestos y a las pocas horas se formaba un Consejo de Transición para gestionar la futura situación.

Hay una serie de figuras del gobierno sudanés cuyo papel será clave en lo que ocurrirá en adelante:

• El Ministro de Defensa: Awad Ibn Ouf
• El Jefe del NISS: Salah Gosh
• El Jefe de los paramilitares RSF: Abbas Abdulaziz
• El Jefe del Estado Mayor: Kamal Abdel Maarouf.

 

Existían rumores de que el desencadenante del golpe fue el intento de huida del presidente al-Bashir y el mismo día del golpe se procedió a su arresto. Durante horas reinó la incertidumbre ya que no se daba ningún comunicado oficial y llegaban reportes de incidentes por todo el país. A última hora de la tarde daba comienzo el comunicado oficial por parte de Ibn Auf, ministro de Defensa y vicepresidente de al-Bashir.

En él comunicado se anunciaba el cierre del espacio aéreo del país durante las próximas 24 horas, la instauración de un toque de queda que durara un mes y la prolongación del estado de emergencia durante seis meses, la creación de un gobierno provisional dirigido por Ibn Auf que tendría una duración de dos años, la liberación de todos los presos políticos y la declaración de haber sido un movimiento totalmente militar y que no se buscarían negociaciones con la oposición. Las asociaciones y líderes de las protestas rechazaron el “golpe de estado militar del régimen” y llamaron a la población a movilizarse de nuevo.

En los siguientes días se sucedieron las declaraciones del recién creado Consejo Militar, aclarando que el antiguo presidente sudanés no sería extraditado para responder a las acusaciones de la Corte Penal Internacional. A los dos días de la creación del Consejo, se  dieron  importantes cambios en el mismo: el Ministro de Defensa y Jefe del Consejo Militar, Ibn Auf, renunció al cargo y el comandante de las Rapid Support Forces (RSF), paramilitares del gobierno, anunció que no participaría en el gobierno militar. Se encontró rápidamente un sustituto para la presidencia de Consejo, Abdel Fattah al-Burhan, que continua hasta día de hoy. Las disputas por el poder continuaron y el director del servicio secreto sudanés, Salah Abdullah “Gosh”, anunciaba su dimisión al día siguiente.

 

Para la instauración de un nuevo gobierno es indispensable contar con estabilidad interna y el líder del Consejo Militar de Sudán trató de calmar a los manifestantes con una serie de compromisos y la llamada a las conversaciones. La oposición, si bien aceptó negociar la elección de un primer ministro civil para el órgano de transición, anunciaba que las manifestaciones no cesarían.

Los líderes de las protestas exigieron la disolución del Consejo Militar y que se cediese el gobierno inmediatamente a un ejecutivo civil. Otras reivindicaciones fueron que Omar al-Bashir fuese extraditado para responder por la sentencia de crímenes contra la humanidad, y la depuración total de la administración

A su vez, en los siguientes días la Junta removió a Ibn Auf del último puesto que mantenía, el Ministerio de Defensa, anunciando la reestructuración de los servicios de inteligencia, y que Himedti, el comandante de las RSF, era nombrado vicepresidente del Consejo Militar. La Unión Africana se pronunció en contra del golpe de estado y dio quince días a las Fuerzas Armadas para que transfieran el poder a un gobierno civil o la membresía del país sería suspendida.

Los países de la zona se pronunciaron dando su apoyo al nuevo Consejo Militar de Transición, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Sudán del Sur y Qatar. En lo referente a las demandas de los manifestantes, el Consejo Militar accedió a una de las peticiones de los manifestantes y destituyó a los tres fiscales de más alto rango. Sin embargo, el antiguo presidente no sería extraditado y fue enviado a la prisión de Kobar, donde permanece bajo custodia militar.

Estas concesiones no lograron apaciguar a los manifestantes, las protestas continuaron y se rompen las conversaciones, que no volvieron a ser retomadas hasta el 24 de abril. La situación sudanesa despertó preocupación  en la Unión africana que se movilizó para hacer presión y tratar de solventar la situación rápidamente. La organización otorgó un plazo de tres meses para el traspaso de poder a un gobierno civil.

 

La reanudación de las conversaciones el 24 de abril dio como resultado el anuncio de la creación de un comité conjunto para abordar los puntos de desacuerdo. Ese mismo día dimitían tres miembros del Consejo Militar. El nuevo órgano fue  llamado “Consejo Cívico Militar”, cuya composición generó  mucha controversia dando lugar a un estancamiento de las negociaciones y el aumento de las manifestaciones.

El 1 de mayo todavía no se había anunciado ninguna composición y las negociaciones se habían roto. Los militares pusieron como condición para su reanudación que se llevase a cabo el desbloqueo de puentes y carreteras por parte de los manifestantes, que por su parte llamaron a protestas masivas. El plazo que dio la Unión Africana estaba cerca de expirar y la organización aumentó a cinco meses el plazo total para la cesión del gobierno de Sudán a los civiles. En esta situación de bloqueo, los países que actuaban como mediadores propusieron la creación de dos comités, uno con mayoría civil y otro con mayoría militar, sin ningún éxito. Este mismo día el ex presidente sudanés fue acusado de lavado de dinero y financiación del terrorismo y será citado a declarar, añadiendo poco después a estos cargos el de incitación criminal por la muerte de los manifestantes.

Como ya comentábamos anteriormente, al Consejo Militar de Sudán no le faltan aliados en el exterior, los cuales se han mostrado muy interesados en integrar al país en su zona de influencia. A mediados de mayo, el Presidente del Consejo era invitado a participar en la 14ª Conferencia de la Cumbre Islámica que se celebraría en La Meca con el objetivo de reforzar la cooperación.

El 14 de mayo los representantes de los manifestantes y el Consejo Militar llegaron a un acuerdo sobre la estructura de los órganos de transición: uno será el “Consejo Soberano”, antes mencionado, y otro que estará compuesto por 300 miembros electos, fijándose también un periodo de transición de tres años hasta la celebración de elecciones. A pesar del acuerdo, los representantes de los manifestantes anunciaron que las protestas no cesarían, y en los días siguientes las fuerzas de seguridad respondieron con fuego real contra los manifestantes, dejando un saldo de varios muertos y heridos.

Por su parte, el Consejo Militar de Sudán respondió activamente a las intenciones de alianza de los países de su entorno, comprometiéndose a no establecer relaciones con países que vayan en contra de los intereses egipcios y de los países del golfo, esta declaración se tradujo en acciones como el cierre de Al-Jazeera en Jartúm. Arabia Saudí va a ser uno de los grandes aliados del Consejo Militar durante todo este proceso, proporcionando financiación y alimentos al país sudanés para garantizar su estabilidad lo máximo posible.

Sudán es un enclave geoestratégico para diversos actores internacionales. Los países del Golfo tienen planes de expansión por la región del Sahel, y el hecho de que Sudán cayese en una guerra civil, estado fallido o un gobierno en contra de sus intereses dificultaría mucho la ejecución de los mismos. La actitud de Egipto, por su parte, además de por sus intereses en la región, responde también a una cuestión de seguridad interna. Si estallase una guerra en Sudán el país egipcio se vería rodeado por tres países en conflicto, con lo que ello conlleva. Por su parte a Turquía no le interesa en absoluto un aumento de la esfera de influencia de los países del golfo, pero en estos momentos libra batallas diplomáticas en demasiados frentes y estos podrían aliarse en su contra, por lo que puede que una intervención en Sudán no le fuese excesivamente rentable. Sin embargo, ahora que las partes han llegado a un acuerdo para la formación de gobierno, Turquía está interesada en profundizar sus relaciones con el país con el fin de recuperar influencia. Los actores interesados en el Consejo Militar de Sudán incluyen hasta a Rusia: el antiguo gobierno de al-Bashir había dado a los rusos concesiones para atracar en los puertos, y la posibilidad de una base militar rusa estaba sobre la mesa. El Consejo Militar prometió a los rusos que los acuerdos sobre la citada base seguirían adelante.

El 26 de mayo se rompieron las negociaciones entre los manifestantes y el Consejo Militar, convocándose una huelga general que paralizó aeropuertos y bancos por todo el país. El 3 de junio, una semana después de la huelga general, se da un acto que supondrá un punto de inflexión en la relación entre manifestantes y el Consejo. En una sentada de protesta, las fuerzas de seguridad utilizaron fuego real para dispersar a los manifestantes. Este acto no es nuevo ya que en la huelga general antes mencionada también fue empleado este método. Lo que hace resaltar este acto es la exorbitada cantidad de muertos y heridos, se necesitaron varios días en dar un recuento definitivo, que fue de 100 muertos y 400 heridos. Al día siguiente los paramilitares de las RSF sudanesas patrullan la zona del incidente del día anterior para evitar nuevas oleadas de protestas. El jefe de la Consejo Militar sudanés anunciaba en un discurso televisado que se suspendían definitivamente las conversaciones con la oposición y que se celebrarían elecciones con supervisión internacional en el plazo de nueve meses, pero este anuncio sería revocado al día siguiente.

La oposición, la Alianza por la Libertad y el Cambio, anunciaba su rechazo al plan del Consejo Militar tras “la masacre producida” y se negaba a volver a las negociaciones, según declaraciones de su líder. La ONU buscó realizar un documento en el que se condenaba la masacre producida, el cual fue vetado por Rusia y China.

 

La situación entre el Consejo Militar y la oposición se hallaba estancada y la tensión aumentaba cada día, llegando al punto de que la ONU retiró parte de su personal destinado en Sudán. El primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed se ofreció para mediar entre las dos partes. Etiopía ha estado teniendo un papel de mediación muy activo, involucrándose en todos los procesos de conversación que se han ido dando. La crisis sudanesa atrajo  también la atención de Estados Unidos, que envió al secretario de asuntos africanos, Tibor Nagy, para tratar de solventar la situación.

 

El seis de junio la Unión Africana suspendía la membresía de Sudán hasta que el poder fuese entregado a un gobierno civil. Durante este tiempo se dieron jornadas de desobediencia civil que paralizaron la capital, pero tras la entrevista en entre la Alianza por la Libertad y el Cambio y Ahmed éstos deciden poner fin a dichas jornadas a cambio de la liberación de tres activistas.

Las partes vuelven a la mesa de negociaciones el 12 de junio y valoraron la propuesta que realizó Etiopía para reactivar el proceso, consistente en establecer un órgano de transición con quince miembros, de los que ocho serían civiles y siete militares con una presidencia rotatoria.

Las manifestaciones no tenían intención de cesar aunque se hubiesen  retomado las negociaciones, y se convocaron manifestaciones multitudinarias para el 30 de junio. El Consejo Militar de Sudán advirtiño de su peligrosidad y que no se harían responsables de futuras pérdidas de vidas, y las RSF se prepararon para la intervención de las manifestaciones en el centro de la ciudad. El día de las manifestaciones las fuerzas militares y policiales trataron de dispersar a los manifestantes pero estos resultaron ser más numerosos incluso que el día que cayó al-Bashir y lograron llegar hasta el palacio presidencial. Durante esta jornada de protestas se abrió fuego contra los manifestantes y por la tarde unos francotiradores sin identificar dispararon contra fuerzas de seguridad y manifestantes por igual. Al final del día se contabilizaron 10 muertos.

 

La Alianza por la Libertad y el Cambio y el Consejo Militar continuaron con las negociaciones y el 5 de julio llegaban a un acuerdo para un plan de transición. Se formará un Consejo Soberano mixto en el que el puesto de presidente se alternará entre militares y civiles. Dicho Consejo estará formado por cinco militares y seis civiles, aunque uno de estos será un militar retirado. La presidencia comenzará en manos de los militares y rotará tras 18 meses a los civiles. La formación de la asamblea legislativa se retrasa hasta dentro de tres meses, tendrá una mayoría de miembros civiles y nombrará un Primer Ministro de carácter civil que contará con un ejecutivo tecnócrata. Éste ejecutivo será el que lleve el gobierno del país mientras el Consejo Soberano tendrá un rol limitado. Por último, se anunció la creación de una comisión de investigación para aclarar los hechos de la masacre ocurrida el 3 de junio, y quien sea declarado culpable por la comisión no podrá formar parte del Consejo Soberano. El Frente revolucionario de Sudán, otra coalición de los manifestantes, rechazó este acuerdo.

A partir de este momento se dieron cuatro intentos de golpes de estado que fueron abortados, según fue declarando el Consejo Militar, procediendo posteriormente a la detención de los implicados. La masacre del 3 de junio continuó muy presente en la memoria de los manifestantes y el 13 de julio se programó una nueva Marcha del Millón en la capital para conmemorar a las víctimas.

El 17 de julio la Alianza por la Libertad y el Cambio y el Consejo Militar firmaban el acuerdo para la formación del Consejo soberano antes mencionado, que llevará a cabo la transición hasta la celebración de elecciones dentro de tres años. Los países del entorno, la Unión africana y Estados Unidos se apresuraron en felicitar y apoyar el acuerdo alcanzado.

Uno de los acuerdos a los que se llegó fue la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos ocurridos el 3 de junio. A finales de julio, ésta daba su veredicto, declarando 87 muertos y 168 heridos, lo que distaba mucho de los 100 muertos y 400 heridos que denunciaron sindicatos y asociaciones de derechos humanos. La Comisión declaró la implicación de los paramilitares en la masacre pero negó que se diesen abusos sexuales y no ha habido paramilitares procesados por lo ocurrido. Estas declaraciones fueron firmemente rechazadas por la oposición y se convocaron más protestas para exigir una investigación neutral, con el resultado de ocho muertos por disparos.

A principios de Agosto las Alianza Sudanesas de Libertad y Cambio y el Consejo Militar de Sudán declararon haber llegado a un acuerdo sobre los puntos básicos de la nueva Constitución, incluyendo sustituir la inmunidad total por inmunidad procesal. Se han establecido una serie de fechas para el proceso de transición: el 17 de agosto se firmará la nueva constitución y el 20 de ese mismo mes se nombrará al primer ministro, que tendrá ocho días para formar su gabinete.

El 17 de agosto tenía lugar la ratificación del acuerdo de transición, asistiendo a la ceremonia representantes de los países vecinos. El día anterior a la ratificación, el Consejo Militar levantaba la suspensión de la oficina de Al-Jazeera, como gesto de buena voluntad. A finales de este mismo mes se dará a conocer al primer ministro y su gabinete, que guiarán la transición durante los próximos tres años. La ratificación fue acogida con entusiasmo por los manifestantes que lo celebraron en las calles sudanesas.

Dos días después de la ratificación declaraba el ex presidente Omar al-Bashir acusado de haber recibido 190 millones de Dólares procedentes de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, de los cuales admitió haber recibido 90.

El 21 de agosto se anunciaba que se había completado la formación del Consejo Soberano que será dirigido en primer lugar por el líder del Consejo Militar Abdel Fattah al-Burhan, los cargos se jurarán al día siguiente.