Pasado negro futuro gris para el LGTBI en Colombia

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La Constitución Colombiana de 1991 dispone en su artículo 13:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, así como que recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna…

Cuando se habla sobre el conflicto armado en Colombia se menciona siempre una guerra interna que ha provocado millones de desplazamientos forzosos, más de 25.000 desapariciones, 30.000 secuestros y 150.000 asesinatos desde 1981, y 200.000 si nos remontamos a los años 60 con el surgimiento de las guerrillas. Este artículo se centra en un aspecto silenciado durante décadas, en cómo ha sufrido y cómo sigue sufriendo el colectivo LGTBI este conflicto que parece no tener fecha de caducidad, y que se ha caracterizado por la violencia extrema, el señalamiento, la amenaza y la persecución de estas personas por parte de paramilitares, guerrillas e incluso el ejército y la policía, especialmente agravadas por la invisibilización que viene sufriendo históricamente este colectivo.

El conflicto armado en Colombia se ha caracterizado por episodios continuos de violencia generalizada y muchas veces naturalizada y convertida en cotidiana. Es en estos procesos que transforman la violencia en algo cotidiano, donde se acentúan los imaginarios negativos contra las minorías ya previamente oprimidas y su vigilancia, control y castigo. Si bien es preciso señalar que el ejercicio de la ultra violencia como el asesinato, la tortura y la violación alcanza a personas más allá del colectivo LGTBI, estos sufren formas de ensañamiento y ferocidad distintivas que revelan ciertos patrones de actitud en los perpetradores de tales actos. Algunos ejemplos son los apuñalamientos múltiples, los empalamientos, las exhibiciones públicas de cuerpos torturados y mutilados, desmembramientos y humillaciones ante el resto de civiles. La aplicación de dicha violencia extrema por parte de actores armados responde a una finalidad última, que es el establecimiento de un orden moral determinado en las zonas bajo su control y autoridad.

CNMH, Marcha por el reconocimiento de las orientaciones sexuales e identidades de
género no normativas, Bogotá, 2015. Fotografía: ©Rommel Rojas Rubio

Este orden moral, frecuentemente heteronormativo y ultraconservador, busca castigar, corregir o expulsar personas que viven fuera de ese orden, y que son consideradas peligrosas. Es la estrategia encaminada a alcanzar el control territorial mediante el control social, utilizando la imposición de “mini-dictaduras” o “reinos del terror” y así afianzar su dominio y poder.

El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó un informe el 2015 en el que se mostraban ejemplos de la brutalidad ejercida contra este colectivo. Un ejemplo paradigmático es el caso de San Onofre, dónde el grupo paramilitar Bloque Montes de Maria parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el liderazgo de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena‘, obligó a personas homosexuales a realizar combates de boxeo entre ellos y con mujeres ante la expectación de los habitantes del pueblo para demostrar su ‘hombría’. Este acto fue organizado como si se tratara de una fiesta mayor que duró varios días, y en la que también fueron obligados a realizar actos sexuales en público y a caminar desnudos durante largos períodos de tiempo. Este grupo paramilitar se asentó en la localidad y estableció su propio orden social ultraconservador durante casi una década hasta el año 2004, cuando su líder fue capturado. Las principales víctimas fueron, pues, las mujeres y los homosexuales, focalizándose en adolescentes de entre 14 y 17 años. Se otorgó a las mujeres el papel exclusivamente de vida privada, es decir, cuidar del hogar y criar a los hijos, mientras se castigó y humilló públicamente a los homosexuales.

Otro ejemplo es el de Puerto Boyacá, donde otro grupo paramilitar (también vinculado a las AUC) bajo las órdenes de Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, estableció su propio reinado durante la primera mitad de la década del 2000. Una superviviente trans cuenta cómo se obligaba a las personas sospechosas de ser LGTBI a meterse en sus casas cuando iban en grupo, bajo amenazas con armas, con el pretexto de que traficaban con drogas en la calle. Además, explica cómo tuvo que exiliarse de su hogar cuando iba a ser ejecutada viendo cómo, a su vuelta, todos sus amigos habían sido asesinados, descuartizados y arrojados al río, o forzados a abandonar sus hogares para sobrevivir.

También se han producido numerosos ataques contra caras visibles del movimiento por los derechos del colectivo, como el caso de Wanda Fox, mujer transgénero que fue asesinada por impacto de bala en la cabeza en Los Mártires de Bogotá, una noche de octubre de 2009. Esto sucedió dos días después de haber exigido medidas de seguridad para ellas en una reunión, tras el asesinato de otra mujer transgénero llamada Katherine Noriega unos días antes.

En agosto de 2016 la trabajadora sexual transexual Nicoll Oriana fue violada, degollada y torturada.

John, integrante de la organización Mesa LGTB de la Comuna 8 cuenta como, en el año 2010, durante una reunión de la organización en Medellín, tras amenazas graves por parte de actores armados tales como: “Ese día van a volar plumas y sangre”, estos entraron cometiendo agresiones físicas al menos a dos de los ahí reunidos, hasta que entró otro individuo del grupo en medio del alboroto y les indicó que se marcharan.

Por otro lado, existen testimonios de casos como el de Sandra, que cuenta en el informe del CNMH cómo en su pueblo, Tumaco, una mujer trans fue violada y después le fueron cortados todos los dedos, para posteriormente ser asesinada aplastando su cabeza. Otro caso sería el de un hombre homosexual que fue torturado y empalado por paramilitares en Caquetá, tras descubrirse su presunta relación sentimental con un guerrillero de las FARC. Son muchos los casos de combatientes que tienen relaciones sexuales consentidas o no con hombres, y más tarde se llevan a cabo persecuciones para que dichas relaciones no salgan a la luz, o porque han sido descubiertas por miembros de otros grupos armados. Muchas personas lo hacen porque creen que es la mejor estrategia de supervivencia, tratándose de un arma de doble filo.

Es recurrente el uso de panfletos amenazantes contra personas del colectivo por parte de grupos paramilitares como el grupo Águilas Negras, invitándolas a abandonar sus hogares o a quedarse en sus casas a partir de determinadas horas. Este tipo de panfletos suelen contener el nombre del grupo que lo emite, el aviso de próximas patrullas por las calles buscando “sospechosos” y la consecuente amenaza consistente en violación o agresión física, humillación pública o asesinato, así como una lista de principales personas sospechosas. En esta línea, hay constancia de la existencia de violencias cotidianas consistentes en la imposición de códigos de conducta determinados, como la obligación de vestirse de una manera determinada, de cambiar su forma de hablar, de expresarse y hasta de caminar, bajo amenaza de humillación pública, violación, tortura o muerte. Un ejemplo sería el caso de Jhonatan en Buenaventura, que cuenta cómo a un familiar homosexual le hicieron cortarse el pelo arrodillado entre golpes y burlas delante de todo el pueblo cuando era un adolescente.

Panfleto de los Rastrojos amenazando entre otros a la comunidad LGTBI de Tulua.

El catedrático y doctor en Historia Edgar de Jesús Velásquez Rivera expone en su obra ‘Historia del paramilitarismo en Colombia’ la constatación de la existencia de masacres, detenciones-desapariciones, eliminaciones selectivas, individuales y colectivas, así como la existencia de lo que se conoce como limpieza social de personas consideradas fuera de la normatividad moral-social, como delincuentes comunes, drogadictos u homosexuales, entre otros. Sin embargo, desde el CNMH se destaca que existen diferencias en las formas de opresión; mientras que las guerrillas llevan a cabo la amenaza y la agresión de una forma más individualizada y no permiten homosexuales en sus filas, los grupos paramilitares utilizan tácticas de amenaza y agresión colectiva como en el caso de los panfletos y la limpieza social. Este último tipo de actuación también se asocia al ejército y a la policía, frecuentemente vinculados con los grupos paramilitares. Se constata pues la lgtbifobia generalizada en los diferentes grupos armados, pero también en la sociedad civil, pues son numerosos los casos en que las víctimas dicen no diferenciar si quien comete los actos es un paramilitar o un civil, denunciando que, aunque la responsabilidad principal es de los actores armados, parte de la misma recae en los civiles, que la mayoría de las veces miran hacia otro lado o directamente legitiman este tipo de atrocidades. Según las investigaciones empíricas realizadas el año 2015 por parte del CNMH basadas en entrevistas a testigos, el 65% de los hechos violentos documentados ejercidos contra el colectivo fueron llevados a cabo por grupos paramilitares, mientras que el 19% fue responsabilidad de grupos guerrilleros, el 11% fueron cometidos por fuerzas militares o policía y el resto corresponde a inculpaciones sin justificación alguna por parte del Estado. Una conclusión seria que, al estar los grupos paramilitares históricamente más vinculados con ideologías de derecha y extrema derecha, son más propensos a la imposición de órdenes morales que violentan las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas.

Es importante señalar que estas violencias de especial magnitud sufridas por el colectivo LGTBI se derivan de normas de género y sexualidad hegemónicas que imperan en la sociedad y preceden al conflicto. Este colectivo, pues, ha sufrido violencias de carácter heteronormativo de distinta naturaleza en épocas de preconflicto y las sufrirán en épocas de posconflicto si no se combaten los problemas de fondo. Además, la violencia extrema ejercida contra este colectivo en el marco del conflicto armado supone una opresión profunda y persistente, en cuanto no permite a las personas expresarse, desarrollarse y vivir sin temor de sufrir represalias graves. Asimismo, ralentiza y obstaculiza los procesos de reconocimiento de la diversidad y de derechos, características esenciales de una democracia y de los estados sociales.

Homicidios LGTBI por Departamento en Colombia en el periodo 2012-2015 / Extraido de: Contagioradio.com

Y todo parece apuntar que la situación no cambiará, al menos en el corto plazo. Aunque los avances en materia de derechos son progresivos pero significativos, las organizaciones LGTBI Colombia Diversa y Caribe Afirmativo denuncian que, a pesar de que los índices de homicidio han disminuido de manera notable en los últimos años y que los Acuerdos de Paz han logrado la desescalada del conflicto armado en algunas regiones del país, la violencia contra las personas LGTBI no lo ha hecho de la misma forma. Solamente en 2017 se produjeron 109 asesinatos (uno más que el año anterior) contra personas de este colectivo, y se asegura que al menos 41 fueron puramente motivados por la orientación sexual de la víctima. Esto se debe a dos factores principales: el primero es que muchas personas que forman parte de este colectivo siguen siendo expulsadas y rechazadas socialmente por la comunidad, ya sea de sus familias, escuelas o comunidades de vecinos, hecho que profundiza el imaginario negativo, el prejuicio y el señalamiento. Por otro lado, aunque las FARC hayan sido desmovilizadas, el conflicto armado no ha terminado. A pesar de que desde el gobierno se trate el momento actual como una época de posconflicto, movimientos sociales prefieren utilizar el término pos-acuerdo, pues aunque el movimiento guerrillero se ha visto debilitado, movimientos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Ejército Popular de Liberación (EPL) siguen con su actividad, y la presencia del paramilitarismo sigue igualmente extendida bajo el extenso paraguas de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de las AUC, ocupando en muchos casos las cuotas de poder dejadas por las FARC en el marco del cumplimiento del Acuerdo. Además, los demostrados vínculos existentes entre grupos paramilitares y diferentes estamentos del Estado, como ejército, policía, judicatura y grupos políticos hacen muy difícil combatir sus actividades con la suficiente eficacia, pues en muchos casos eso implicaría una auto-persecución o auto-inculpación.

Por otro lado, son diversas las voces que auspician que el Acuerdo de paz de 2017 corre un gran peligro bajo el nuevo mandato del nuevo presidente conservador Pedro Duque, pues no se mencionó en ningún momento de su campaña electoral ni en el programa de gobierno su intención de implementar efectivamente el mismo. Por otro lado, el día 17 de junio, tras conocer los resultados de las elecciones presidenciales, Duque manifestó la intención de su partido de hacer “correcciones” al Acuerdo, elemento que augura un futuro poco esperanzador para las numerosas víctimas de este longevo conflicto.

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