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La derrota del Partido de los Trabajadores
Cuando el Partido de los Trabajadores se vio presionado de forma inédita por la mediatización del “escándalo del mensalão”, sus líderes probablemente no imaginaron que, años más tarde, una investigación de operaciones ilegales de evasión y cambio de divisas por la Policía Federal acabaría influenciando una campaña de desmoralización pública del partido y su expulsión del Gobierno Federal. La Operación Lava Jato reveló una intrincada red de corrupción, que involucraba contratos inflados de las mayores constructoras del país como la estatal petrolífera de Brasil, Petrobras, y el pago de sobornos a políticos de todos los grandes partidos.
Las cámaras de Globo estaban nuevamente preparadas para retratar el escenario caótico de “corrupción institucionalizada de los gobiernos del PT”, guionizado por la Policía Federal y el Ministerio Público. En verdad, las prácticas de corrupción no son novedad en la historia de Petrobras, remontándose a épocas en que la Policía Federal tenía menos recursos y autonomía operacional y los gobiernos gozaban de mayor simpatía de los grandes medios. La novedad pos-2014, año en que Lava Jato dió inicio, era el clima de agotamiento popular con la clase política y las herramientas jurídicas para castigar rápidamente corruptos y corruptores, como la delación premiada y las prisiones cautelares.
Al frente de la operación el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol pasaron a ser considerados “cruzados anticorrupción” y se volvieron verdaderas estrellas mediáticas, figuras de constante presencia en platós, entregas de premios, reportajes especiales y portadas de revistas. Las armas jurídicas utilizadas por ellos en la Operación Lava Jato son semejantes a las que los magistrados italianos utilizaron contra políticos y empresarios durante la Operación Mani Pulite, en los años 1990. La violación del debido proceso legal y los principios básicos, que marcaron la operación anticorrupción italiana, también parecen inspirar a Lava Jato.
Inicialmente, los tres principales partidos envueltos fueron el PMDB, el PP (un partido procedente de las bases de la dictadura), y el PT. Como afirma el historiador Perry Anderson, no existían expectativas sobre los dos primeros, y fue por la exposición del PT que realmente ganó relevancia política. Como la Operación Mani Pulite, filtraciones ilegales de información e incluso de sospechas por parte de los investigadores a la prensa enfangaron el proceso. Como si no bastasen las ilegalidades por si solas, las filtraciones tenían como principal característica su selectividad: tenían como objetivo a los líderes del PT y los funcionarios de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Las revelaciones que alcanzaron al PMDB parecían banas, y los partidos de derecha podían ser perdonados.
Las sucesivas presiones y acusaciones promovidas por Lava Jato coincidieron con el inicio de la recesión económica después de que Rousseff asumiera su segundo mandato. Si Lula no vio su popularidad afectada como repercusión del “escándalo mensalão” fue gracias a la situación económica favorable de Brasil y de su propia habilidad política, su sucesora no contó con la misma suerte. La crisis política y económica sedimentaron las bases para las manifestaciones masivas de sectores conservadores de clase media contra el PT, tildado como una “banda de ladrones”, y pidiendo la salida de Rousseff.
Aunque los grupos de derecha radical tenían articuladas las protestas por medio de redes sociales, fue Globo el principal actor político en la movilización de la clase media a las calles de las principales capitales de Brasil, llegando a interrumpir sus grandes programaciones para exhibir en vivo las concentraciones de manifestantes. Las protestas anti-Rousseff en 2015 y 2016 contaron con una intensa cobertura mediática favorable, acompañada de un amplio equipo de periodistas y comentaristas resaltando “la presión popular contra el gobierno”. La propia Globo tuvo una participación fundamental en orientar que debería pensar y decir la opinión pública al respecto de las manifestaciones.
Se trató de un poderoso caso de Agenda-setting, con una dimensión simbólica compleja, ya que, por ejemplo, los manifestantes vestían los colores verde y amarillo de la bandera brasileña y proferían eslóganes ufanos, además de mostrar fotos del juez Sérgio Moro y carteles en apoyo a la Operación Lava Jato. Estos signos transmiten la creencia de que las protestas englobaban anhelos nacionales.
Sin embargo, según la encuesta de Datafolha las protestas de marzo de 2016, la mayoría de los manifestantes en Sao Paulo eran hombres con edad superior a los 36 años, la mitad tenían ingresos mensuales de entre 5 a 20 salarios mínimos y el 77% se declaraban blancos (nota del autor: Brasil es un país en el que más del 50% de la población es negra o mestiza). En las protestas de 2015, el 82% de los presentes alegaron haber votado a Aécio Neves, o al candidato de la oposición derrotado, en las elecciones presidenciales de 2014. También hubo una notoria presencia de grupos de extrema-derecha clamando por la “intervención militar”, hecho menospreciado por la cobertura de Globo. Todo esto demuestra que la mayoría de la sociedad brasileña estaba poco representada en las protestas.
Más allá de la crisis política construida por la “lucha contra la corrupción”, la narrativa de Globo con relación a la recesión partía de una lectura ortodoxa de los problemas económicos de Brasil. Según los ideólogos de la emisora, la crisis resultó de la política económica llevada a cabo durante el gobierno de Rousseff, en particular la llamada ‘Nueva Matriz Económica’ implementada en 2011. Esa visión convencional sugiere que el recorte de impuestos y subsidios promovido por el Gobierno Federal contribuyó al crecimiento del déficit público, a la vuelta de la inflación, a la ruptura de la confianza y a la caída de la inversión, empujando a la economía hacia la recesión. A partir de ese diagnóstico, el Grupo Globo los grandes medios en general apoyaron un ajuste fiscal como solución para “recuperar la confianza del empresariado” y “restaurar la confianza en la solvencia del Estado”.
Las medidas de austeridad buscando un supuesto “reequilibrio de las cuentas públicas” compusieron un recetario neoliberal que la presidenta Dilma Rousseff no parecía dispuesta a aplicar. Además, este mismo recetario era el buque insignia del documento “Un Puente para el Futuro”, plataforma económica del PMDB que sintetiza las reformas regresivas que adoptaría el gobierno de Michel Temer.
Para Globo, era preciso que la presidenta fuese depuesta para que tal agenda programática fuese puesta en práctica, para eso fue necesario aliarse tácticamente con un Congreso Nacional compuesto por parlamentarios investigados o denunciados por prácticas criminales, comenzando por el entonces presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, meses después preso en la Operación Lava Jato. De los 367 diputados que votaron favorablemente al impeachment, 119 ya respondieron por crímenes ante la Justicia, el electorado o están envueltos en alguna sospecha.
Globo y el golpe de 2016
Entre los principales episodios que marcaron la cruzada anticorrupción de la Operación Lava Jato, la divulgación de las grabaciones ilegales de conversaciones entre Lula y Rousseff fue decisiva para el proceso de impeachment de la presidenta. A inicios de marzo de 2016 el expresidente Lula fue objeto de una conducta coercitiva arbitraria de la Policía Federal para un interrogatorio judicial. Informada de antemano, la prensa estaba a la espera fuera de su casa para obtener la máxima publicidad.
Lula estaba siendo investigado por sus relaciones con empresas investigadas en el marco de Lava Jato, como OAS y Odebrecht. La operación, autorizada por el juez Sérgio Moro, creó especulaciones acerca de una posible prisión preventiva del ex-presidente. Tres días después, Dilma Rousseff le nombró Jefe de Gabinete de su gobierno. Como ministro, Lula tendría inmunidad ante las acusaciones de Moro.
Como venganza, Moro entregó a Globo las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Lula y Rousseff. Las grabaciones, que trataban la documentación necesaria para que Lula asumiese el ministerio, eran ambiguas. Sin embargo, Globo presentó estos audios como si se tratasen de un escándalo de proporciones inimaginables. El espectáculo contó con una edición sensacionalista del Jornal Nacional, en la que los presentadores mostraron las grabaciones con el objetivo de inducir a los espectadores de que Lula y Rousseff estaban obstruyendo a la Justicia, a partir de interpretaciones sin sentido de las conversaciones y la edición de partes fundamentales. En su defensa, Globo alegó que “la prensa no produce grabaciones”, y el episodio recompensó a la empresa con un premio periodístico en el 57º Festival de Televisión de Monte-Carlo.
El acto de Moro también evidencia una vez más las prácticas de Lava Jato al margen de la legalidad. La intercepción de una conversación telefónica de la presidenta del país fue avanzada en la prensa porque el juez consideró que se trataba de un asunto de “interés público”. Sin embargo, la Constitución brasileña determina que solamente la Corte Suprema puede decidir sobre la divulgación de grabaciones de alguien con aforo. Además de eso, la conversación telefónica fue registrada dos horas después del horario límite que fija la autorización judicial, estipulado por el propio Moro. No por casualidad la Corte Suprema tuvo que anular el uso de estas grabaciones como prueba judicial.
A pesar de todo el carácter selectivo contra el PT por parte de las investigaciones hasta entonces, la clase política era consciente de hasta donde llegaban los casos de corrupción que involucraban a contratistas y a Petrobras. Pese a prometer no interferir en Lava Jato, Michel Temer – con su nombre siendo citado en delaciones premiadas – tomó para su equipo ministerial siete políticos investigados por la operación, que ya se había vuelta una noticia diaria. Quedaba claro que podría ser una cuestión de tiempo y de buena voluntad que los investigadores se fijarán en el nuevo gobierno y el partido de Temer, el PMDB.
El Grupo Globo se encontraba en una doble función de apoyar a la plataforma política y económica de Temer y, simultáneamente, a una operación policial que podía dañar a la cúpula del nuevo gobierno. Según el periodista Luis Nassif, la petición inicial de las redacciones a sus trabajadores fue de no atacar a los ministros escogidos por el presidente. Sin embargo, días después de la investidura de Temer, esa misma prensa publicó la grabación del nuevo ministro de Planificación, Romero Jucá, afirmando su interés en “parar la sangría”, es decir, de usar el gobierno para bloquear las investigaciones de Lava Jato.
El Partido de Lava Jato y el derrumbe de la política
El compromiso con las reformas neoliberales parece no haber impedido a Globo reconocer el rechazo popular al nuevo presidente. En julio de 2016, la primera encuesta de Ibope tras el nombramiento de Temer mostraba que apenas el 13% de los brasileños aprobaban su gobierno. Según la última encuesta de Datafolha, el Congreso Nacional bate el record de un 60% de rechazo popular. Para el politólogo Lucas Cunha, encuestador del Centro de Estudios Legislativos de la UFMG, esa percepción negativa por parte de los brasileños apunta a un riesgo de total desacreditación de las instituciones y a la resolución de problemas del sistema político por parte de fuerzas externas a la política.
En este contexto, la Operación Lava Jato encarna un anhelo popular de “saneamiento del Estado” en nombre de la ética, y las directrices editoriales de Globo, el mayor beneficiario de las filtraciones selectivas de la investigación, avalan la presión ejercida por el Ministerio Público Federal, la Policía Federal y los jueces de primera instancia contra el Ejecutivo y el Legislativo. Conscientes del potencial de esta alianza con los grandes medios bajo la cobertura acrítica de la Operación Lava Jato, jueces y fiscales vienen ejerciendo un poder institucional hiperconcentrado capaz de neutralizar las acciones de la clase política, estigmatizar el papel del Estado e inviabilizar al máximo la gobernabilidad del país.
En la cobertura continua de Globo son prácticamente inexistentes las voces que critican la actividad judicial en la operación. Los grandes medios se hicieron con el monopolio del juicio público, y ayudan a promover magistrados, fiscales y policías al status de héroes. Tal “mediatización penal” es capaz de, simultáneamente, acompañar e integrar la “lucha contra la corrupción”. La criminalización de una conducta o la persecución de determinados individuos o grupos acaba siendo directamente condicionado por la agenda mediática, la cual, en opinión del propio juez Moro, debe ocupar un papel central en las operaciones.
La lógica del “fin justifica los medios”, promovida por la Justicia y el Ministerio Público en el castigo a cualquier precio a los investigados en Lava Jato, viene atropellando las garantías constitucionales, incluyendo casos de prisiones preventivas, violaciones del derecho de defensa e interferencia del juez en los acuerdos de delación premiada. Normas éticas y legales son violadas, abriendo brechas para el autoritarismo. Un ápice de ese movimiento fue la aberrante propuesta de las “10 medidas contra la corrupción”, presentada como proyecto de ley por el Ministerio Público Federal. Un paquete de medidas que incluía flagrantes violaciones del Estado Democrático de Derecho, como la limitación del derecho a Habeas Corpus, la admisión de pruebas ilícita por la Justicia y hasta “pruebas de integridad” para evaluar la conducta moral de funcionarios públicos.
El 30 de noviembre de 2016, el paquete de las “10 medidas contra la corrupción” fue votado en el Congreso Nacional, los diputados aprobaron diversas modificaciones al texto original, alterando completamente el proyecto del Ministerio Público. Los fiscales que llevaban la Operación Lava Jato pronto acusaron a la Cámara de los Diputados de intentar instalar la “dictadura de la corrupción” y llegaron a amenazar con abandonar las investigaciones. El canal de noticias GloboNews y el noticiero O Globo dieron amplia cobertura no solo a la votación, que clasificaron de “desconfiguración del paquete anticorrupción” y “restricción de la actuación de la Justicia”, sino también a la propia reacción del Ministerio Público.
Por lo tanto, ese episodio deja claro que, frente a la elección entre una alianza con los sectores conservadores de la desgastada clase política o con el aparato jurídico-mediático de la Operación Lava Jato, el Grupo Globo prefiere la segunda opción. Con el Partido de los Trabajadores ya fuera de la escena del juego político, disminuye gradualmente el carácter selectivo de las investigaciones, y los partidos políticos de derecha tradicional no podrán seguir instrumentalizando la narrativa de “indignación contra la corrupción” promovida por la operación policial. El propio fiscales Carlos Fernando dos Santos Lima reconoció que muchos políticos que antes apoyaban las investigaciones contra el PT “solo querían el fin del gobierno de Rousseff y no el fin de la corrupción”.
Al presionar al Poder Legislativo por la aprobación de un proyecto de ley, los fiscales de la República estaban abdicando de su posición de neutralidad institucional que la Constitución les confiere y articulando un movimiento político organizado. En este aspecto, quienes llevaban el caso Lava Jato se convirtieron en un partido político de facto, con fuerte apoyo de los grandes medios. Y fue a partir de esta alianza que el Grupo Globo dio una gigantesca divulgación, en abril de 2017, a los vídeos de las delaciones premiadas de los dueños y ejecutivos de la empresa Odebrecht, cuyos testimonios alcanzaron a las principales figuras de los grandes partidos políticos.
Como todos los partidos embarrados en escándalos a los ojos de la población, en mayo de 2017, Globo se dio el derecho de deponer a Michel Temer divulgando la mayor bomba política del año: las conversaciones comprometedoras entre el presidente y el empresario Joesley Batista, dueño de la cárnica JBS. Dos días después del escándalo en el que ambos negociaban la compra del silencio de Eduardo Cunha, el periódico O Globo publica un editorial titulado ‘La renuncia del presidente’, alegando que Temer “perdió las condiciones morales, éticas, políticas y administrativas para continuar gobernando Brasil”.
Temer, como se sabe, no solo no renunció, sino que consiguió derrotar en la Cámara de los Diputados los dos pedidos de investigación por los crímenes de pertenecer a organización criminal y obstrucción a la Justicia, presentados por el fiscal-general de la República, Rodrigo Janot. Sin embargo, la permanencia de Temer en el cargo ayudó a volverlo en el presidente más impopular de la historia de Brasil, con un mísero 3% de aprobación, y a minar aún más la credibilidad del Congreso Nacional ante la sociedad. El presidente, en contra-ataque a la misma emisora que lo ayudó a llegar al poder, decidió declarar la guerra a Globo. Temer ordenó la ejecución de eventuales deudas de la emisora con la União (nota del traductor: forma de llamar al Gobierno Federal en Brasil), de impuestos y de financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
La “judicialización de la política” y la repetición ad nauseam de la “corrupción”, promovidas por la asociación Globo-Lava Jato, crearon un clima depresivo en Brasil. Con la desmoralización del Presidente de la República y de los grandes partidos políticos de todos los espectros ideológicos, la emisora parece haber apostado por un nuevo orden político que mantenga el status quo operando las reformas neoliberales, pero sin la asociación continua de la política económica con la imagen corrupta de Temer y del Congreso Nacional. En la visión de Globo, era imprescindible que el Gobierno Federal pautase las reformas laborales y de la seguridad social, en el nuevo marco de explotación de pré-sal (nota del traductor: aguas profundas) y la congelación del gasto público, pero el liderazgo de un presidente impopular al frente de tales políticas era descartable e incluso poco deseable.
Por otro lado, al adherirse a la agenda de austeridad fiscal y recortes de derechos sociales, Globo no solo tiene dificultades para aplacar el descontento popular de los problemas económicos y distributivos de Brasil, también puede estar catalizando involuntariamente ese descontento contra sí misma. En ese contexto, como opina el sociólogo Jessé Souza, los años de ataques selectivos al Partido de los Trabajadores – partido hasta hoy identificado en el imaginario colectivo como símbolo del principio de igualdad social – puede haber abierto las puertas a discursos favorables a la criminalización de la justicia social y la destrucción de los valores democráticos: la extrema-derecha.
Traducido por Angel Marrades.
Otros capítulos:
La Red Globo, de la hegemonía golpista a la contestación de la extrema-derecha (II)
La Red Globo, de la hegemonía golpista a la contestación de la extrema-derecha (II)
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