Crisis política en Honduras

Desde hace más de un mes se suceden en Honduras duras protestas en contra del Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández. Su génesis se encuentra en la  el anuncio por parte del Gobierno de dos decretos que en la práctica suponían la privatización de la educación y la sanidad. Tras semanas de manifestaciones, disturbios y la convocatoria de paros nacionales, el 3 de junio Hernández decidió retirar los decretos pidiendo a los manifestantes que volvieran a sus puestos de trabajo, petición que rechazaron, continuando así con las movilizaciones por todo el país.

Las protestas recorren el país

Las protestas que continúan sacudiendo el país van más allá de la defensa de los servicios públicos . Se trata de una crisis de legitimidad y gobernabilidad de las instituciones que dura ya años. El anuncio de los decretos sólo ha sido el detonante de la rabia de una sociedad que ve cómo la pobreza, la violencia y la corrupción inundan su país.

Sindicatos, estudiantes, profesores, médicos y diversos movimientos sociales salieron a las calles tras el anuncio de los decretos recibiendo una dura respuesta por parte del Gobierno en forma de represión policial. El 30 de abril los manifestantes intentaron acercarse al Palacio Legislativo en donde se discutirían las reformas, pero fueron dispersados por la policía iniciándose fuertes enfrentamientos. Siguió una jornada de disturbios donde se llegó a quemar una oficina municipal en Tegucigalpa.

Las manifestaciones continuaron hasta que a finales de mayo la tensión volvió a subir produciéndose nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, especialmente en la capital del país. Las protestas llegaron al aeropuerto de la capital que tuvo que ser evacuado mientras los antidisturbios arrojaban gases lacrimógenos sobre los manifestantes en gaseaban la zona.

El 31 de mayo los manifestantes  seguían con su empuje acusando a la policía de usar fuego real contra la población. Como imagen de la jornada queda la quema del portón de la embajada estadounidense en Tegucigalpa en rechazo del apoyo que brinda Washington al Gobierno de Juan Orlando Hernández.

A pesar de la retirada de los decretos de privatización por parte del Gobierno  la paz no ha vuelto a las calles y se siguen anunciando más paros nacionales y cortes de carreteras por todo el país.

El 4 de junio el Gobierno hondureño recibió otro varapalo importante: el anuncio de la suspensión de los contratos individuales de trabajo del gigante de la alimentación Standart Fruit Company debido a la inestabilidad que recorre el país. Como dato curioso cabe señalar , el importante papel que durante varias décadas jugó Standard Fruit, junto a United Fruit Company, en los gobiernos de Honduras y otros países Centroamérica, conocidos como “repúblicas bananeras” debido al alto grado de control que ejercían estas empresas sobre los gobiernos centroamericanos.

¿Un Gobierno legítimo?

El futuro político hondureño no se antojaba estable debido a la reforma constitucional orquestrada por el Presidente Juan Orlando Hernández que le permitía presentarse a un segundo mandato. El 2018 trajo a Honduras una fuerte crisis política fruto de las acusaciones de fraude electoral en los comicios de noviembre de 2017.

Observadores internacionales cuestionaron la transparencia de las elecciones generales de Honduras que dieron ganador a Juan Orlando Hernández. La Alianza de Oposición contra la Dictadura del candidato Salvador Nasralla llamó a sus simpatizantes a la movilización, desencadenando durante días  protestas y disturbios por todo el país. La respuesta policial fue muy dura con una cifra de muertos final que osciló entre los 22 y los 32 fallecidos.

El propio Secretario General de de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió que se repitiesen los comicios ante la poca transparencia y la poca certeza de los resultados electorales. Hernández sin embargo convocó un diálogo nacional con mediación de la ONU y España al que se unieron los partidos opositores. El diálogo no se saldó con ningún acuerdo concreto manteniéndose los resultados electorales tal y como los conocemos.

A la ya de sí poca legitimidad del Gobierno hondureño por las acusaciones de fraude electoral, se le tienen que sumar las incriminaciones acusaciones por casos corrupción e incluso de vinculación con el narcotráfico del Presidente y sus allegados. El hermano de Juan Orlando Hernández, miembro del Partido del Gobierno y ex diputado al Congreso, Juan Antonio Hernández, fue acusado el pasado noviembre por fiscales federales estadounidenses de tráfico de cocaína y otros crímenes relacionados con el narcotráfico. Según el Fiscal General de Manhattan, Geoffrey S. Berman, Hernández “estuvo involucrado en todas las áreas del tráfico de toneladas de cocaína a través de Honduras, que estaban destinadas a Estados Unidos”. La DEA asegura que Hernández tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia.

Las promesas electorales de Hernández sobre su compromiso para poner en marcha reformas democráticas en el seno del país han caído en saco roto, ignorando constantemente la separación de poderes y el Estado de Derecho. Ha endurecido la represión de los críticos y ha criminalizado el trabajo de los activistas de derechos humanos.

Recientemente, en marzo, la policía hondureña allanó la oficina en Tegucigalpa del destacado periodista de radio David Romero Ellner, voz muy crítica con el gobierno. Romero fue puesto bajo custodia policial y condenado a 10 años de prisión por difamación, en uno de los ejemplos más destacados del deterioro de la libertad de prensa en el país.

Todos estos factores se unen a la violencia sistémica que recorre el país, Honduras es el país más violento del mundo con 41,61 homicidios por 100.000 habitantes, lo que contribuye a la migración masiva de hondureños. De seguir a este ritmo, se estima que en 2019 el 1% de la población de Honduras habrá migrado del país, según datos de Estados Unidos).

La pobreza es otro de los grandes problemas que sufre Honduras con un 66% de población pobre y 1 de cada 5 hondureños viviendo con menos de 1,25 dólares al día según datos del Banco Mundial.

De momento Hernández goza del apoyo de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos pero la inestabilidad seguirá recorriendo el país siendo cuestión de tiempo que un día explote originando cada vez protestas más graves con consecuencias imprevisibles.