COLOMBIA: Emerge el paramilitarismo

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El paramilitarismo es un fenómeno complejo que, aunque tomó auge en la convulsa Colombia de los años 80, arranca en momentos históricos muy anteriores. En la aparición del mismo inciden diversos factores tales como la lucha contra la ideología comunista, muy enraizada en amplios sectores del estado y de las fuerzas armadas y una cultura política fuertemente impregnada por la violencia, la corrupción, el clientelismo y, en fechas más recientes, el narcotráfico. En su aparición ha tenido igualmente un destacado papel el sistema de distribución y explotación de la tierra. Hay que tener en cuenta que en Colombia existe una de las divisiones agrarias más desiguales del mundo, que hunde sus raíces en el sistema de haciendas vigentes durante la colonización española, del que han surgido unas élites que controlan el poder y gran parte de las tierras cultivables.


Tampoco es nada desdeñable la influencia externa de potencias como Estados Unidos. Inicialmente justificado como una reacción contra la insurgencia protagonizada por las guerrillas de ideología marxista y sus excesos, el paramilitarismo se erige como una auténtico proyecto de país político, militar, social y económico. Paralelamente, el paramilitarismo se ha revelado mucho más cruel y sistemático a la hora de llevar a cabo masacres, asesinatos, selectivos y grandes desplazamientos de población civil que las propias guerrillas que dice combatir. En no pocas ocasiones, dirigentes políticos, líderes económicos y el propio crimen organizado se han servido de este instrumento para conseguir el poder, expandirlo y afianzarse en él, infiltrándose en todos los estamentos del estado. En el presente artículo, pretendo exponer una panorámica del problema desde sus orígenes a la actualidad; definiendo tres oleadas o generaciones de grupos paramilitares. Para terminar, hago un repaso por la situación actual en la que asistimos a un rearme y un resurgimiento del paramilitarismo en Colombia.


Orígenes  y contexto en el que surge el paramilitarismo en Colombia

Para el investigador Edgar de Jesús Velásquez Rivera, las organizaciones paramilitares y los escuadrones de la muerta tal y como los concebimos actualmente, fueron empleados de manera sistemática por vez primera en la historia por los franceses, en el contexto de la política colonial, para reprimir a los movimientos independentistas en Indochina y Argelia. Los métodos y dictados de militares franceses como Charles Lacheroy, Marcel Bigeard, Jacques Massu, Paul Aussaresses, Paul-Alzin Léger, André Beaufré y Roger Trinquier sirvieron posteriormente para asentar las bases de la doctrina de la seguridad nacional, matriz del paramilitarismo en América Latina, por la que Estados Unidos ponía el foco de sus políticas de defensa desde los asuntos internos propios a los de los países del entorno, considerando prioritario el combatir a movimientos y organizaciones próximas a la ideología comunista, en el marco de la guerra fría. En la Escuela de Guerra de París, muchos estudiantes militares latinoamericanos y estadounidenses aprendieron las tácticas de contrainsurgencia extraídas de los combates en Argelia que posteriormente diseminaron por toda latinoamérica a través de la famosa Escuela de las Américas (US Army School of the Américas. USARSA).

De aquellos fundamentos ideológicos y prácticos surgieron ya en las primeras décadas del siglo XX toda una serie de grupos (La Contra Nicaragüense, Colina en Perú, etc…) que alcanzan su máximo apogeo en los años 80-90. El estado colombiano no iba a ser ajeno a esta práctica generalizada en el entorno más cercano de armar a elementos privados al margen de las fuerzas de seguridad para combatir a sus enemigos. Para el investigador Daniel García-Peña Jaramillo, se trata de una vieja práctica de las élites del país, en connivencia con el estado, para mantener sus privilegios. Las élites terratenientes utilizaban sus tierras para desarrollar las industrias agrícola y ganadera durante el siglo XIX. El posterior desarrollo de una industria de la exportación, fundamentalmente del tabaco y del café, permitió la aparición de una próspera clase comerciante. Durante el siglo XX, la vieja clase terrateniente se alió a la clase comerciante en para proteger sus intereses comunes y evitar una profunda alteración del orden social.

Si algo caracterizaba a las élites colombianas es, por un lado, su marcado origen autóctono, a diferencia de otros países del entorno y, por otro lado, su división entre periferia y centro; siendo éstas últimas las que rigen los designios de la política nacional. A partir de 1970, surge una super-élite conformada por varios conglomerados económicos de carácter familiar que dominan la práctica totalidad del mundo de los negocios.

Desde los tiempos de la independencia, el estado colombiano na ha hecho presencia efectiva en muchas zonas del país, lo que ha permitido a las élites periféricas crecer en autonomía y poder y, por otro lado, han acudido con frecuencia a la formación de ejércitos privados para defender sus intereses. Históricamente, el poder político era administrado por dos partidos dominantes: liberales y conservadores. Aunque ambos representaban los intereses de las élites pero mientras los conservadores eran más próximos a la Iglesia y los grandes terratenientes, los liberales defendían un modelo de estado laico, más próximos a los intereses de la clase comerciante. Ambas formaciones mantuvieron encarnizados enfrentamientos que llegaron a su punto culminante a principios del siglo XX, siendo motivo de la disputa las diferentes visiones sobre el reparto de las tierras y la represión violenta de las acciones colectivas, como sucedió con la “masacre de las bananeras” (1928) genialmente descrita por García Márquez en 100 años de Soledad.  

Imagen de la masacre de las bananeras. Fuente: Colombia Informa.

En los años 40-50, durante el período histórico denominado “La Violencia”, se enfrentaron seguidores de los partidos Liberal y Conservador y, sin adquirir la categorización de guerra civil, los secuestros, asesinatos, agresiones y persecuciones estaban al orden del día. En el plano político ascendía la figura de un político liberal que se oponía a las élites tradicionales y procedía de las clases urbanas de Bogotá. Ese político era Jorge Eliecer Gaitán aunque su carrera fue truncada de manera violenta por un pistolero el 9 de abril de 1948. Su muerte desató una serie de disturbios en la ciudad que recibieron el nombre de “Bogotazo”. Aparecieron grupos armados ilegales como “Los Pájaros”, que agrupaban a militantes de tendencia conservadora del Valle del Cauca, fundamentalmente de Tuluá liderados por León María Lozano, alias “El Cóndor”, enfrentados a “Los Chulavitas”, que eran una facción de la policía conservadora que operaba en la región del altiplano cundiboyacense. El objetivo común de ambas era defender el gobierno conservador del presidente Mariano Ospina Pérez, colaborando en la misión de  reprimir a las guerrillas de corte liberal. Del lado liberal, actuaron grupos como “Los Cachiporros”, estacionados en los Llanos Orientales, y otras guerrillas en lo que muchos han querido ver el arranque del actual conflicto armado que ha padecido Colombia.

Jorge Eliecer Gaitán, emblemático caudillo liberal,  es la imagen que aparece en los populares billetes de mil pesos en Colombia. De Stidmatt – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0

Líderes de ideología comunista y campesinos que huían desplazados por la violencia comenzaron a agruparse en los departamentos del Tolima y del Huila fundamentalmente, implantando un importante movimiento agrario con pretensiones políticas que posteriormente vinieron a llamarse Autodefensas Campesinas. De dicha situación nacen la República de Marquetalia y otras “Repúblicas Independientes” que eran una serie de enclaves en las que se hicieron fuertes grupos armados en los que ya despuntaban figuras como la de Pedro Antonio Marín alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo” y Luis Alberto Morantes Jaimes alias “Jacobo Arenas”, que después vinieron a fundar las FARC. El experimento de autogestión de las “Repúblicas Independientes” terminó aplastado a sangre y fuego durante la presidencia de Guillermo León Valencia que desplegó en el año 1964 la operación Soberanía o Plan Laso, con importante asistencia militar de Estados Unidos, para aplastar los diferentes focos insurrectos.

Mapa de las “Repúblicas Independientes”

Posteriormente, en el contexto internacional de la Guerra Fría y del período de pacto entre liberales y conservadores en el gobierno denominado del Frente Nacional (1958-1974), se dota de cobertura jurídica a la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las fuerzas armadas, desplazando el monopolio de la violencia del estado a los particulares, mediante el Decreto legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968.

La primera oleada del paramilitarismo

A partir de la década de los 70-80 el paramilitarismo se consolida como toda una estrategia de estado en la lucha contrainsurgente, viviendo una época de expansión. Es por ello que las iniciativas de paz del presidente Belisario Betancourt durante su mandato (1982-86), no fueron vistas con buenos ojos por amplios sectores del estamento militar, la oligarquía económica y una pujante clase narcotraficante, al considerar que otorgaba demasiadas concesiones a grupos de izquierda como las FARC, el ELN o el movimiento 19 de abril, al tratar de buscar una solución negociada al conflicto que se materializó en la Ley 35 de Amnistía de 1982. Es por ello que desde dichos sectores se emprenda la financiación y armamento de numerosos grupos paramilitares de los que tal vez el más conocido sea el MAS (Muerte a Secuestradores) aunque se crearon muchos más a lo largo del país con nombres tales como el Escuadrón de la Muerte, Alfa 83, Comandos Verdes, etc. El MAS tenía la peculiaridad de que estaba respaldado por los capos del boyante negocio del narcotráfico, que comenzaba a despuntar en la ciudad de Medellín de la mano de los hermanos Ochoa, Pablo Escobar o Gonzalo Rodriguez Gacha. El desencadenante de la creación del MAS fue el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de destacados dirigentes del Cártel de Medellín por parte de la guerrilla del M-19. Dicho secuestro, tuvo como reacción la reunión de más de 200 narcotraficantes en el Hotel Intercontinental de Medellín, el 1 de diciembre de 1981. El objetivo de la reunión era poner en marcha un proyecto de grupo paramilitar que contrarrestara las acciones de las guerrillas de izquierdas. El grupo llegó a reunir a más de 2000 hombres armados.     

Recompensa ofrecida por los Ochoa en los años 80.

Algunas fuentes apuntan el dato de que a dicha reunión asistieron miembros del ejército y directivos de grandes empresas y multinacionales, lo que no sería nada extraño dada la entidad y la complejidad de la empresa. De lo que no hay duda, es que a partir de ese momento de dio carta blanca por parte del estado para el empleo generalizado de las organizaciones paramilitares en la lucha anti-guerrillera, llegando a pasar de complemento a convertirse prácticamente en la principal estrategia de las autoridades colombianas. Este grupo de de autodefensas comenzó a expandirse por varias regiones del país: Caquetá, Magdalena Medio, Meta, el nordeste antioqueño, el Valle, etc. Allí por donde se establecieron comenzaron a imponer un régimen de terror, aumentando los secuestros, torturas, y asesinatos de presuntos guerrilleros o de personas que presuntamente  simpatizaban con ellos. Uno de los principales objetivos de este grupo paramilitar fue la organización política de la Unión Patriótica (UP), partido que agrupaba a desmovilizados de varias guerrillas, por lo que el MAS asesinó entre los años 1986-88 a más de 300 líderes de dicha formación en el Departamento del Meta, por ser un importante centro de influencia de las FARC. El informe de la Procuraduría General de la Nación de febrero 20 de 1983, revela algunos de los crímenes cometidos por este grupo y el alcance y extensión de los vínculos entre el MAS y las Fuerzas Armadas.

Cartel a la entrada de Puerto Boyacá, emblema del paramilitarismo en Colombia.

En 1982 surgieron también las Autodefensas de Puerto Boyacá, comandadas por Henry Pérez alias “El Máximo” y su padre Gonzalo. Tuvo nexos con figuras destacadas del cártel de Medellín como Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano”. Puerto Boyacá es uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio y la experiencia piloto paramilitar allí surgida fue determinante para la configuración, primero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que posteriormente sentaría las bases para la creación de las AUC.  A finales de los 80, los hermanos Castaño (Carlos y Fidel) operaban en el Urabá bajo el nombre de “Los Tangueros”, ya que el grupo se había creado en la hacienda “Las Tangas”. El auge del movimiento paramilitar en la región se vio favorecido por la desmovilización del grupo insurgente EPL, muchos de cuyos miembros pasaron a engrosar las filas del paramilitarismo.

La situación de seguridad era muy difícil, lo que sirvió de pretexto para que desde algunos sectores del poder se impulsara la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria, conocidas popularmente como CONVIVIR, siendo reglamentadas durante la presidencia de Ernesto Samper (1994-98). La Corte Constitucional las avaló a través de la  Sentencia C-572/97  En muchas ocasiones, la línea que delimitaba la separación entre éstas cooperativas de seguridad rural y los grupos paramilitares eran muy difusas. De hecho, destacados paramilitares como Salvatore Mancuso fundaron cooperativas de seguridad rural para así disfrutar de cobertura legal de sus actividades.  

Fidel, Vicente y Carlos Castaño

El ascenso al poder económico de esta nueva élite narcotraficante, estaba personificada en las figuras de los capos del Cártel de Medellín y más específicamente en la de Pablo Escobar. Estos narcotraficantes nuevos ricos trataron de asaltar el poder político central aunque no lo consiguieron, con independencia de que frecuentemente conseguían corromper a importantes segmentos del estado. Además, el narcotráfico trasladó la violencia desde el mundo rural a las grandes ciudades en la década de los 80 con lo que las élites urbanas se vieron afectadas por esa violencia. El desafío planteado por Escobar contra el estado y sus élites terminó por unir a éste con elementos criminales y paramilitares, en una comunión de intereses bajo el acrónimo de los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar). Los Pepes estaban comandados por los hermanos Castaño; Carlos y Fidel, antiguo colaborador de Escobar este último, junto con Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” , que se aliaron estratégicamente con miembros de cártel de Cali, efectivos del bloque de búsqueda de la Policía Nacional de Colombia, sectores del gobierno e incluso de la agencia norteamericana anti-drogas (DEA). De hecho, Carlos Castaño era un informante de la extinta agencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), registrado bajo el nombre de “Alekos”. La figura de Pablo Escobar había logrado movilizar a muchos enemigos en su contra que no pararon hasta terminar con su vida.

Localización y muerte de Pablo Escobar por el Bloque de búsqueda el 2 de diciembre de 1993.

La segunda generación de paramilitares: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

La caída de Escobar (1993) y posterior detención de los líderes del Cartel de Cali (1995) provocó la reconfiguración total del mundo del hampa colombiano. De las cenizas del cártel de Cali surgió el cártel del Norte del Valle mientras que Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, antiguo socio de Escobar y colaborador de los Pepes, tomó las riendas del negocio de la droga en Medellín. Don Berna se hizo con el control de los temibles grupos criminales de la Oficina de Envigado y La Terraza. De hecho, la citada Oficina hacía las veces de una especie de “organismo regulador” del mundo de la delincuencia, asegurando el pago de las deudas y el castigo para los que incumplían las “leyes” del hampa. Por toda la geografía colombiana surgen cárteles menores, sin la cohesión y liderazgo de los extintos cárteles de la droga de Cali y Medellín, que se dedicaban a controlar un segmento dentro de la cadena de suministros del narcotráfico y trabajaban de manera coordinada con otras organizaciones. En este sentido, los grupos de autodefensa ejercieron un rol central en el mundo del crimen organizado colombiano.

Localización y muerte de Pablo Escobar por el Bloque de búsqueda el 2 de diciembre de 1993

Personajes que habían despuntado en los PEPES junto con otros elementos paramilitares, pasarían entre los años 1996 y 1997 a aglutinarse bajo el paraguas unificador de las Autodefensas Unidas de Colombia, siendo uno de sus principales comandantes Carlos Castaño Gil (tras el asesinato de su hermano Fidel en 1994). Así, lo que un primer momento parecía constituir la respuesta del narcotráfico al secuestro y la extorsión que lesionaba sus intereses, fue poco a poco evolucionando hacia un proyecto político, militar y social que contaba con la complicidad de importantes sectores de la élite empresarial y de las Fuerzas Armadas.

Durante este período, se sucedieron las administraciones que tomaron una actitud de gran pasividad ante el fenómeno paramilitar que continuó su crecimiento y expansión. Esto facilitó incluso que el paramilitarismo se saliera del marco inicialmente diseñado por sus mentores e iniciara la colonización de los poderes del estado, el mundo de las finanzas, las instituciones políticas, etc. El punto culminante de todo este proceso fue la adopción por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, que gobernó Colombia entre los años 2002-10, de la Ley 975 de Justicia y Paz en el año 2005, que instauraba el marco para la desmovilización de grupos paramilitares, realizando generosas concesiones que se traducía en una importante reducción de penas por la comisión de delitos graves así como flexibilidad en las condiciones para confesar los delitos cometidos, entre otros extremos. En algunas ocasiones, esta supuesta desmovilización no era otra cosa que una “escenificación teatral” en la que incluso algunos de los presuntos desmovilizados eran delincuentes comunes o, mientras se desmovilizaban algunos frentes o bloques, paralelamente se creaban nuevos grupos armados.

Paramilitares de la AUC .

Las AUC constituían una red laxa y flexible de organizaciones paramilitares de carácter regional, coordinadas por una suerte de “estado mayor” en la que estaban representadas figuras tales como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez de la Serna”, Ever Veloza alias “HH” o Rodrigo Tovar alias “Jorge 40”, por nombrar algunos de los más destacados. El propio Don Berna tenía su propio contingente dentro de las AUC conocido como “Bloque Cacique Nutibará” (BCN). Fue tal el control que ejercía este último respecto de la ciudad de Medellín que se denominaba “Donbernabilidad”, haciendo un juego de palabras con “Don Berna” y gobernabilidad.

Ejemplo de entramado y conexiones de la red paramilitar de Don Berna. Fuente Insight Crime.

Otros dirigentes como Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, son el claro exponente de la implicación directa de las élites gobernantes en el fenómeno del paramilitarismo. Operando en los departamentos de La Guajira, César y Magdalena, lo que se conoce como “Magdalena Grande”, se trata de una región de enorme riqueza en recursos naturales como el carbón, al margen de su posición privilegiada para las economías del contrabando, debido a su cercanía de la frontera con Venezuela. Catapultado desde la política local y sirviéndose de sus contactos con las élites, rápidamente se conectó con Salvatore Mancuso, otro dirigente paramilitar, hijo de inmigrantes italianos, grandes terratenientes de la costa del Caribe. Bajo la tutela de Mancuso y Castaño, llegó a convertirse en comandante del “Bloque Norte” de las AUC. Paralelamente, su padrino político fue el acaudalado empresario Jorge Gnecco, que pertenecía al clan dominante en la región.    

Imagen del paramilitar Jorge 40.

Las AUC, con apariencia de organización diseñada para combatir a las guerrillas de izquierdas, de hecho en muchas áreas expulsaron a los insurgentes, se dedicaron a participar activamente en el negocio del narcotráfico y otras actividades conexas del crimen organizado. Las AUC, en sus áreas de control, exigían impuestos, secuestraban, extorsionaban y asesinaban. Utilizaban métodos crueles y sanguinarios de tortura como el descuartizamiento y el desollamiento de personas vivas, así como el uso de motosierras y machetes y otras técnicas de tortura para sacar información e infundir el terror en la población. Todavía hoy en día no se han encontrado numerosas fosas comunes donde reposan las víctimas de las numerosas masacres cometidas por este grupo, que causaron el desplazamiento forzado de ciento de miles de personas.  Llegados a este punto, las conexiones entre las élites colombianas, los narcotraficantes y los paramilitares llegaron a unos niveles sin precedentes. De hecho, comandantes como Rodrigo Tovar o Mancuso habían nacido en dichas élites y tenían conexiones con importantes políticos locales.  Otros comandantes se dedicaban de lleno al negocio del narcotráfico como los hermanos Castaño o Don Berna. Paramilitares y sectores del estamento militar compartían tareas de inteligencia, operaciones conjuntas y algo más, como pronto se iba a revelar.

El escándalo de la Parapolítica y declive de las AUC

El supuesto objetivo contra-insurgente de las AUC estaba completamente alineado con los poderes políticos emergentes que suponían las élites de la periferia. El presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-10) encarnaba a la perfección el papel de caar de éstas élites. Criado en una próspera familia ganadera del departamento de Antioquia, primero la alcaldía de Medellín y después la gobernación de Antioquia y el senado le catapultaron a la presidencia de la República en el año 2002, en un clima de desencanto popular por el auge que habían tomado guerrillas como las FARC o el ELN, o la desconfianza de las élites hacia los Diálogos del anterior presidente, Andrés Pastrana, que cedió a finales de los 90 una extensión de 16.200 hectáreas a las FARC, denominada “zona de despeje” o “de distensión” y que finalmente fue en cierto modo utilizada como santuario seguro por el grupo insurgente.

Como ya indiqué, en este contexto que rodeaba la presidencia de Uribe, las AUC establecieron nexos y conexiones a todos los niveles. Rafael García, ex-jefe de Informática del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad – organización de inteligencia ya suprimida en Colombia), en abril de 2006 denunció que dicha organización dirigida por Jorge Noguera Cotes estaba al servicio de los paramilitares. A partir del año 2006, comienzan a conocerse informaciones sobre las relaciones de políticos, empresarios, terratenientes, religiosos, comerciantes, profesionales de los medios de comunicación, organismos de seguridad del Estado y militares con las AUC, conocidas como paramilitares. Tal fenómeno se conoce como el escándalo de la parapolítica. Las implicaciones eran tan grandes que en 2008, un tercio del Senado estaba siendo investigado por vínculos con paramilitares y en 2014, hasta 61 congresistas ya habían sido condenados por los mismos motivos. El curso de las investigaciones llegó a tocar a personas muy cercanas a Uribe y en todo el país afectó a más de 11.000 personas, incluyendo a políticos, militares y funcionarios, lo que nos da una cierta idea de lo mayúsculo del escándalo.

Esta situación se estaba revelando muy incómoda y ponía en aprietos el discurso de lucha contra el narcotráfico de los Estados Unidos, importante aliado de las élites colombianas. Las AUC comenzaban a ser una “invitada” incómoda en la mesa. Uribe auspició unas negociaciones de desmovilización con los líderes de las AUC, que resultó en más de 30.000 desmovilizados. Pero claro, los cabecillas recién desmovilizados podrían hacer revelaciones incómodas. Muchos líderes paramilitares negociaron previamente su entrega las autoridades a cambio de recibir penas de corta duración, pero el presidente Uribe en un movimiento sorpresa extraditó a los 14 cabecillas de las AUC a Estados Unidos en mayo del año 2008. En dicha entrega se incluyeron a destacados líderes como Salvatores Mancuso, alias “Macaco”, “Don Berna”, Alias “HH” o “Jorge 40”. Desde el prisma de los sectores paramilitares, este movimiento fue percibido como una gran traición por parte de antiguos aliados estratégicos en la lucha contra los movimientos guerrilleros de izquierda.

Paramilitares de tercera generación: las Bacrim y los híbridos criminales

Las extradiciones de destacados líderes paramilitares dieron un vuelco al mundo del hampa en Colombia y dejaron abonado el terreno para una nueva clase de organizaciones criminales. De los restos del Cartel del Norte del Valle surgieron dos grupos rivales como “Los Machos” y “Los Rastrojos”. Ambos grupos se hicieron notorios en 2005 cuando trataron de mimetizarse en los procesos de paz con los paramilitares. Los primeros, también denominados “Autodefensas Campesinas del Valle” (ACV), no eran más que un ejército privado al servicio del narcotraficante Diego Montoya alias “Don Diego”. Enfrente suyo se alzaba otro ejército privado denominado “Los Rastrojos” o “Rondas Campesinas Populares” (RCP), comandadas por el narco rival Wilber Varela, alias “Jabón”. Los dos ejércitos irregulares se nutrían de jóvenes reservistas del ejército, provenientes de Antioquia, Eje Cafetero y Valle.

Estaban integrados por centenares de miembros no tenían otra misión que la de servir como anillo de seguridad para sus jefes, vigilar sus laboratorios y rutas para transportar la droga hacia el Océano Pacífico, teniendo como principal objetivo el control del mítico Cañón de Garrapatas, región estratégica de topografía agreste, en los límites entre los departamentos de Valle y Chocó. Por otro lado, organizaciones como la temida Oficina de Envigado se tomó la ciudad de Medellín.

De las cenizas de las AUC, algunos mandos intermedios, sirviéndose de los entramados financieros y militares de aquella organización promovieron la formación de grupos tales como “Los Urabeños”, también conocidos como las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), “Clan Úsuga” o “Clan del Golfo”, el “Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo” (ERPAC) así como infinidad de grupos como “Águilas Negras”, “Los Puntilleros”, etc.
De todos estos grupos, el más importante es el de “Los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”; tal vez el único grupo paramilitar con capacidad para operar en casi todo el territorio colombiano y que puede mover cargamento de droga de cierta entidad. Las autoridades colombianas lo han identificado como “grupo armado organizado” al cumplir los requisitos necesarios para ser considerado parte en un conflicto armado interno de acuerdo con los estándares internacionales. Con base en esta clasificación, el gobierno se arroga el derecho legal de combatirles con fuerza letal, bajo las leyes de la guerra. Fundados en la región del Urabá antioqueño en el año 2006, los Gaitanistas se han expandido a lo largo de las costas atlántica y pacífica, y en menor medida hacia los llanos orientales.

Su punto de partida lo encontramos en el jefe paramilitar Vicente Castaño, quien al separarse del proceso de desmovilización de las AUC en 2006, rearmó al comandante Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, jefe de finanzas del Bloque Centauros, una de las facciones paramilitares más prósperas. Tras el asesinato de Vicente Castaño en 2007, Don Mario heredó la red de combatientes y comenzó su su expansión hacia otras regiones como sur de Córdoba, Bajo Cauca (norte de Antioquia) y Medellín. Pero la “carrera” de Don Mario se truncó en 2009 cuando fue detenido por la policía. Fue relevado en el puesto por Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni” y Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, hermanos biológicos y de armas que habían empezado su carrera insurgente en la guerrilla actualmente desmovilizada del Ejército Popular de Liberación (EPL), antes de pasarse a las AUC.  Giovanni fue asesinado en 2012, dejando vía libre a su hermano para hacerse con el control en solitario del grupo.

Pintada en muro alusiva a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Los Urabeños vienen a representar esta nueva generación de grupos paramilitares o híbridos criminales, implantando un nuevo modelo de organización criminal. Combinan el control directo de pequeños grupos o células con miembros semi-autónomos que actúan bajo la franquicia de “Los Urabeños”. La acción del grupo se enfoca principalmente hacia las actividades delictivas, especialmente el narcotráfico, la minería ilegal de oro y la extorsión. Transportan cocaína a lo largo de la costa atlántica y exige pagos a otros traficantes para permitirles cruzar áreas bajo su control. Los Gaitanistas obtienen ganancias de la minería informal en áreas como el Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba y Chocó, donde gestionan minas directamente, exigen el pago de tasas a mineros locales o extorsionan a quienes usan retroexcavadoras para buscar oro.

No obstante, Los Urabeños han sufrido recientemente importantes golpes policiales, siendo diezmado el círculo más próximo a su actual líder alias “Otoniel”, quien en tiempos recientes había hecho un ofrecimiento al gobierno para rendirse, lo que constituye ya un clásico en el mundo del hampa colombiano. Con un líder dispuesto a dejar las riendas, numerosas disidencias internas y un sinfín de enemigos externos, la caída de este importante grupo armado podría desencadenar una nueva reorganización violenta del crimen organizado en Colombia.

Esta tercera generación de grupos paramilitares se caracteriza por su enorme grado de descentralización. Hay que tener en cuenta que se trata de grupos cada vez más pequeños y que la influencia de los cárteles mexicanos de la droga cada vez se siente más en Colombia. De hecho, en ocasiones se trata de grupos criminales semi-independientes que actúan siguiendo un modelo de franquicia (muchas veces no tienen conexión entre sí ni dirección común pese a operar bajo el mismo nombre) y se dedican a transportar directamente la droga o bien ofrecer servicios de protección a otros narcotraficantes. Estos grupos controlan corredores clave para el tráfico de estupefacientes así como puntos de salida de los envíos para poder realizar los cargamentos en condiciones seguras.

En estos grupos híbridos criminales de carácter paramilitar, los ingresos por el tráfico de drogas representa tan sólo una parte de sus fuentes de financiación. El resto de ingresos les viene de actividades delictivas como la extorsión o las actividades mineras de carácter ilegal, que cada vez adquieren mayor relevancia. Si bien es cierto que en estos grupos, los nexos con las élites y círculos de poder están más difuminados, lo que viene determinado por la ausencia de un proyecto de carácter político y social, como en anteriores empresas paramilitares. En esta nueva generación de grupo, se acentúa la faceta más criminal en detrimento de elementos ideológicos, más acentuados en grupos paramilitares anteriores.

Uno de los últimos proyectos legislativos del saliente presidente de Colombia Juan Manuel Santos, fue el de la Ley de Sometimiento , producto legislativo sospechoso de estar diseñado a la medida de un proceso de desmovilización del grupo de “Los Urabeños”. Con ello, se iniciaría nuevamente el circuito emprendido por anteriores mandatarios respecto de una salida negociada para un grupo armado de este tipo, de resultados imprevisibles. Lo que parece evidente a estas alturas es que el paramilitarismo hoy en día, goza aún de muy buena salud en Colombia.

Sobre el Autor

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Abogado especializado en derechos humanos, extranjería y asilo. Me interesan los conflictos internacionales, la geopolítica y la lucha antiterrorista.

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