Cinco casos simbólicos: Escuadrones a la sombra 4/4

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Reportaje 2
Reportaje 3

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Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). El 28 de septiembre de 2017, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos condenó a una pena de 134 años de reclusión al ex detective de investigación criminal Carlos Fernando Oliva Flores de 28 años, por el delito de Asesinato en perjuicio de seis personas.

Sus víctimas: Marlon Samir Sevilla Ramírez, Elmer Gualberto Peraza, Gerson Argenis Norales Lino, Osman Geovany Sánchez Colindres, José Luis Tabora Canales, Adán Josué Perla. Los  hechos ocurrieron en la Colonia Pizzati de La Ceiba, Atlántida en marzo de 2012, dijo en juicio la Fiscalía. Vea aquí: Masacres por muni

El ex policía pasará  22 años de reclusión por cada uno de los asesinatos y 2 años por cada delito de Atentado.

El Tribunal dio como hechos probados  que el día 18 de marzo a eso de la 7:30 de la noche el agente de la  desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), ahora DPI, estaba en la Ciudad de la Ceiba, en compañía de otras personas, se transportaba en dos vehículos, llevaba armas de fuego y chalecos de la Policía Nacional, se dirigió a los Billares Mayita de la colonia Pizzati y acribilló a sus víctimas.

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Foto: Honduprensa. Vásquez Carrillo fue condenado en 2017, por el asesinato de Mario Verdial. En 2015, uno de los supuestos copartícipes de la muerte de Verdial junto a este policía, también había sido presentado como responsable en la desaparición forzada del sindicalista de la UNAH, Donatilo Jiménez. El supuesto cómplice del policía fue condenado por el asesinato del sindicalista
Mario Verdial Alsina

El 12 de junio de 2017, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, inició el Juicio Oral y Público, contra Isaías Cruz Moreno de 34 años y el ex policía, Alonzo Vásquez Carrillo, de 40, por el delito de Asesinato en perjuicio del empresario ex Presidente del equipo deportivo Real España, Mario Verdial Alsina, también de Lester Omar Rich y Carlos Geovanny Palencia Hernández, según hechos ocurridos en el mes de febrero de 2015, en la Aldea El Calan, de Villanueva Cortes.

Vásquez Carrillo fue acusado por  el delito de Encubrimiento. Fue detenido como copartícipe del policía o como su cómplice pata ejecutar a Verdial, José Augusto Turcios Salinas.

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Es una coincidencia, Turcios Salinas fue condenado el 20 de octubre de 2017  por secuestrar, dos años antes, a Donatilo Jiménez Euceda, ex Presidente

del Sindicato del Centro Universitario  del Litoral Atlántico (CURLA). También fue condenado Roberto Javier Alemán Castellón.

Sobre Donatilo Jiménez, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), ha dicho que se trata de una desaparición forzada y pregunta ¿quién ordenó su desaparición? Y denunciaron que las autoridades universitarias querellaron a la familia del sindicalista, desaparecido de las instalaciones universitarias.

El 8 de Abril de 2015, la Fiscalía Especial de los Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron varias excavaciones con el propósito de encontrar sus restos, situación que no fue posible, ya que a estas alturas su cuerpo jamás fue encontrado, dice un boletín judicial.

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La vulnerabilidad y las filtraciones en las esferas de seguridad pública son evidentes en juicios como el del 23 de noviembre de 2017. Ese día la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, declaró culpable a un  miembro de una pandilla identificado como Brayan Alexander Martel Vásquez (26)

Los hechos probados refieren que varias personas identificadas como miembros de una pandilla, entre ellos el encausado Martel Vásquez, llegaron al sector de El Infiernito fuertemente armadas,  vestidas con indumentaria policial  obligaron a siete víctimas a salir de sus viviendas y las acribillaron. Las víctimas eran de una supuesta pandilla rival.

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El 19 de septiembre, además, en la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, se enjuició por posesión Ilegal de Municiones para Armas de Guerra y Posesión de Indumentaria Policial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a Delfina Velda Iris Ramos Torres (55), Dolly Mabel Ramos Torres (48) años y Robinson Francisco Ramos Amador (40) años, por tentativa de asesinato.

La negación: El mecanismo de defensa estatal

¿Ejecuciones sumarias?, dijo con aspaviento de sorpresa en el rostro y con un tono de interrogatorio, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, Y al explicarle como se definen las ejecuciones según las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, respondió:

-Fíjese que en instituciones como las Fuerzas Armadas se tenía dentro del pensum académico y dentro de toda la relación de las Fuerzas Armadas la oficina de Derechos Humanos y dentro del pensum se tenía la clase para evitar que cualquier persona se viese involucrada en la comisión de cualquier delito en contra de la ciudadanía.

«Y por lo que sé eso no existe, ha sido una información que se ha manejado en algunos sectores de la sociedad pero no creo que exista porque cuando yo estaba lo que buscábamos nosotros era proteger la institucionalidad, la experiencia de los 80 fue una experiencia dolorosa que salpicó por muchos años a la institución, entonces volverse a meter en una situación de estas es como volver a caer en la misma trampa».

« No fíjese que no lo conozco », respondió, al preguntarle sobre el caso Cuatro Puntos Cardinales.

De su lado, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Jair López, indicó que por parte del Estado no hay ninguna participación en este tema.

Puede escuchar versión del portavoz de la Secretaría de Seguridad:

El oficial negó que la policía tenga casas de seguridad. Todas las oficinas que se tienen son públicas, señaló. El oficial dijo desconocer para qué son usadas algunas viviendas de  la colonia La Florencia y El Loarque donde pernoctan policías. El oficial indicó que todas las oficinas de Seguridad son públicas y que cada día se están profesionalizando para mejorar.

Con base en el Derecho de Acceso a la Información se solicitó un listado de las casas vea aquí los lugares de las viviendas o edificios y el costo mensual que paga la Secretaría de Seguridad por alquiler que suma más de 720,000 mil lempiras mensuales (unos 31,000 dólares al mes), las respuestas fueron dadas en formatos que no son abiertos, Vea respuesta: Inmuebles rentados por la Secretaría de Seguridad

Se solicitó a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Defensa, el listado de oficinas o casas alquiladas por esta dependencia. Esta fue la respuesta de la Secretaría de Defensa, Vea respuesta: Respuesta Secretaría de Defensa

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